Janet Galindo
El matrimonio forzado debe considerarse violencia familiar y de la comunidad, así lo establece la iniciativa que propone el PVEM, en la Cámara de Diputados, para reformar los artículos 7º y 16º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con la diputada Consuelo del Carmen Navarrete, el acto de obligar a la persona a contraer matrimonio en contra de su voluntad, es una violación a los derechos humanos y una causa de persecución por motivos de género, por lo que, es necesario detener esta práctica que se multiplica en las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
La legisladora recordó que el Código Civil Federal, en su artículo 148, prohíbe el matrimonio infantil, sin embargo, en las comunidades indígenas esta violencia de género se disfraza de tradición cultural, por lo que, a nivel nacional no se ha logrado erradicar los matrimonios de menores.
Por esta razón, los legisladores hacen la propuesta de incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la definición de este tipo de agresiones en contra de nuestras niñas y adolescentes.
Con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México seis de cada mil niñas de entre 12 y 14 años, fueron obligadas a casarse, cifra que, lamentablemente, se duplica en comunidades indígenas.
Asimismo, explica que esta conducta provoca, entre otras consecuencias, que las mujeres sufran trastornos psicológicos, embarazos no deseados, los cuales, en ocasiones, causan complicaciones a su salud física o la muerte; de igual forma, al no contar con la madurez suficiente para enfrentar los abusos de los que son víctimas, están expuestas a sufrir violencia doméstica que se extiende a los hijos.
“Si bien las costumbres son prácticas heredadas del pasado, aceptadas y respetadas por los miembros de la comunidad, éstas no pueden tolerarse cuando causan sufrimiento y dolor en alguno de los involucrados. No existe razón que justifique el obligar a una mujer a casarse, ninguna costumbre puede estar por encima del respeto a los derechos humanos, ni del interés superior de la niñez”, finalizó.
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