Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en el centro de la polémica tras anunciar su intención de adquirir una terminal de almacenamiento en Tuxpan, Veracruz, por un valor de 320 millones de dólares. Sin embargo, especialistas y activistas han expresado su preocupación ante los riesgos ambientales y financieros que podría acarrear esta operación.
El colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) advirtió que la terminal, actualmente en estado “inoperante”, representa un peligro significativo para el medio ambiente, especialmente en lo que respecta al acceso al agua potable en la región. Mauricio Santiago Eder, abogado de JTM, calificó la transacción como un “punto de alerta” por las implicaciones políticas y económicas que conlleva, describiéndola como un posible “desperdicio de recursos públicos”.
“La compra de un activo con un historial turbio podría convertirse en una crisis que pondría en jaque la credibilidad del gobierno entrante”, enfatizó Eder, añadiendo que esta operación supone un elevado riesgo financiero para Pemex, y en especial para su nuevo director, Víctor Rodríguez Padilla.
El abogado subrayó que la terminal fue clausurada en 2021 debido a graves fallas estructurales, y que su rehabilitación no solo sería costosa, sino que también podría comprometer el ecosistema local. La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), inaugurada en 2018 en el marco de la reforma energética de 2013, fue diseñada para almacenar combustibles importados, pero desde entonces ha acumulado problemas de gestión que afectaron tanto a la economía como al medio ambiente.
Jesús Fierro Hernández, presidente del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), compartió su preocupación por los informes ambientales que señalan posibles daños a la flora y fauna de la región si la terminal vuelve a operar. Entre las irregularidades detectadas, mencionó fallas estructurales en los tanques, modificaciones no autorizadas y la presencia de materiales peligrosos en la instalación.
Además, Fierro destacó que, a pesar de haber sido oficialmente clausurada en mayo de 2021, la terminal continuó operando ilegalmente durante varios meses, lo que incrementa las dudas sobre su verdadero estado y la falta de control en su administración.