Columna: Expedientes MX
La frontera común entre México y Estados Unidos sufre de graves problemas históricos. Para nadie es un secreto que esta vecindad, ha generado infinidad de controversias binacionales para uno y otro lado de la línea divisoria entre ambas naciones. Ahí, todos los días ruedan miles de millones de dólares, pero no por el intercambio comercial, sino por el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, el flujo ilícito de ciudadanos, la venta de niño(a)s, la trata de personas, el comercio sexual y cientos de delitos que se cometen a diario.
Para ambas administraciones, es de vital importancia que se desarrollen acuerdos para minimizar estas contrariedades sociales que pone en riesgo miles de vidas. En pocas palabras, Estados Unidos pone a los farmacodependientes, y México, a los muertos. Pero la realidad es otra. De manera oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó mediante una petición de información que los acuerdos generados entre ambas naciones se dan “de forma verbal”.
Recordemos que el pasado 16 de enero de 2020, hubo una visita oficial de una delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general, William Barr; el embajador, Christopher Landau; el subprocurador general asistente, Bruce Swartz; el ministro consejero de la embajada, John Creamer; el coordinador de asesores del fiscal general, Brian Rabbitt y el agregado jurídico de la embajada, John Capinen.
Estos funcionario estadounidenses, se reunieron con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (ahora gobernador de Sonora); de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Gobernación, Olga Sánchez (ahora senadora); de Defensa Nacional, general Luis Crescencio; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Homero Mendoza; el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Rosendo Escalante; el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero y el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña.
Pues bien, para analizar qué fue lo que se pactó de manera oficial, se pidió copia de todos los documentos que contengan información acerca del programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, que se acordó durante la visita a México del fisca William Barr el 16 de enero de 2020.
Al respecto, la “oficina del canciller” señaló que no contaba con facultades para conocer de lo peticionado, en tanto que la Dirección General de Comunicación Social, precisó que después de realizar una búsqueda en sus archivos electrónicos y físicos no había localizado la información solicitada, “ya que en la reunión referida por la persona particular no se había firmado documento alguno y que los compromisos habían sido tomados de forma verbal, puntualizando que no era necesario declarar su inexistencia de manera formal”.
Se me informó que la SRE no respondió satisfactoriamente el derecho de acceso a la información del particular, aunado a que fue omisa en turnar a todas sus unidades administrativas competentes tales como la Subsecretaría de Relaciones Exteriores (SSRE); la Subsecretaría para América del Norte (SSAN) y la Dirección General para América del Norte (DGAN).
Mediante un recurso de revisión, argumenté que estas instancias de conformidad con la normatividad de la SRE, son competentes para conocer de lo requerido, ya que se encargan, entre otras cosas, de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, autorizar la celebración de convenios y bases de colaboración; coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades gubernamentales; así como, elaborar informes y análisis políticos para la formulación de la política bilateral con las regiones del área.
Además, expuse, que se encargan en representar a la SRE en foros y eventos nacionales e internacionales, suscribir acuerdos; así como para servir de conducto institucional para transmitir instrucciones sobre asuntos de política bilateral a los titulares de las representaciones diplomáticas.
Todo fue inútil: los acuerdos de primer nivel con la Unión Americana son letra muerta. La SSRE, manifestó de manera tajante, “que esa Subsecretaría no intervino de ninguna forma en los preparativos de la visita a México del fiscal William Barr, ni en la reunión de seguimiento a esta visita. Tampoco se recibió copia de conocimiento de algún documento como los que requiere el solicitante”.
Por su parte, la SSAN mencionó que el subsecretario para América del Norte no tomó parte del encuentro, por ende no se generó documentación al respecto. En tanto, la Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE) planteó que ningún funcionario de esa Dirección General participó en el desarrollo de la visita del Fiscal General de EU a nuestro país y “no ha recibido documentos ni información relacionados con la visita en comento”.
Debemos ser claros: la frontera México-Estados Unidos y, en general, las relaciones entre los dos países han sido un espacio y un marco para la cooperación y la definición de retos transfronterizos. En la actualidad, los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado han cuestionado severamente la estabilidad fronteriza y la seguridad nacional de ambos países.
