Los ejidatarios al enterarse de esta perversa transacción, que se llevaría a cabo la reunión entre el Comisariado Ejidal y representantes de una sociedad inmobiliaria para vender tierras ejidales de uso común, los integrantes de Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil, se unieron y detuvieron el encuentro y se enfrentaron con elementos policiales que resguardaban el sitio. Es por ello que los inconformes convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a sumarse a su movilización para impedir el desarrollo de la asamblea. Sin embargo, el Comisario Ejidal José A. Borges, acudió a la reunión con un contingente de elementos de la policía estatal y municipal, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal; pero los del Consejo comunitario lograron no se concretará ventajosa venta de tierras Kinchileñas.

Además “entre los puntos planteados también figuraban el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría acceder a tierras ejidales, y la autorización para que el Comisariado disponga de 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía sin mecanismos de rendición de cuentas”, dice el comunicado compartido por la asociación de kinchileños.

Es por ello que el consejo comunitario convocó a ejidatarias, ejidatarios y población en general a sumarse a la movilización para impedir el desarrollo de la asamblea. Sin embargo, el Comisario Ejidal José A. Borges, acudió a la reunión con un contingente de elementos de la policía estatal y municipal, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal, lo que desató un enfrentamiento entre uniformados y pobladores, resultando al menos una persona lesionada, integrante de los Defensores de la Tierra y fue trasladada al IMSS en el municipio de Umán. Pese a la represión policiaca, la comunidad logró frenar la sesión y el Comisariado solicitó firmas y huellas en hojas en blanco, acción que generó preocupación entre los asistentes”.

Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario advirtieron que iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos. Cabe destacar que las personas que se identifican como afectadas aseguran que las tierras ejidales de uso común sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos del monte. Numerosas familias sin derechos agrarios reconocidos dependen de estos espacios para su subsistencia y alimentaria.

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En México la porcicultura garantiza carne y buena nutrición para millones de familias, y representa uno de los pilares más productivos y nobles del sector agroalimentario.

Son muchos los beneficios de la Carne de Cerdo, una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Es rica en hierro, zinc y potasio, también contiene ácidos grasos omega-3 y omega-6.

Carne certificada, regulada y de calidad, la carne de cerdo en México cumple con las normas oficiales mexicanas (NOM) para la producción y procesamiento de carne. La certificación de “Carne de Cerdo Segura” es un programa que garantiza la seguridad y calidad de la carne de cerdo.

Es por eso importante destacar que dentro de este universo, la porcicultura tiene un lugar privilegiado en la gastronomía nacional. De acuerdo con el Compendio Estadístico 2025 del Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne), México se ubica como octavo productor mundial de carne de cerdo, con un consumo mensual de carne de cerdo en México promedió 271 mil toneladas en 2024, mientras que la producción alcanzó cerca de 151 mil toneladas en el mismo período, cifras que reflejan la importancia del cerdo en la dieta mexicana, desde los tacos al pastor hasta la cochinita pibil.

Más allá de la mesa, la producción de la carne porcina es también un pilar económico y social. Según datos de la Secretaría de Economía, en el cuarto trimestre de 2024 el subsector de Cría y Explotación de Animales registró un PIB de $1.45 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 19.6% respecto al trimestre anterior y en 2025 contra todo también se incrementó.

La industria cárnica en términos de empleo, representa un factor principal en la industria alimentaria, sin duda, gracias a ellos, cada día llegan a las mesas proteínas de alto valor nutricional que sostienen la salud de las familias.

Sin embargo, hablar de producción animal también implica hablar de bienestar animal, sostenibilidad y bioseguridad, pues el consumidor exige alimentos de calidad que provengan de procesos responsables, donde la ciencia y la innovación aseguren prácticas más humanas y eficientes en el cuidado de los animales.

También hay que reconocer que detrás de cada corte de carne, hay un ecosistema productivo que combina tradición, conocimiento y tecnología. La porcicultura mexicana, fortalecida con innovaciones, avanza hacia un modelo más sustentable, competitivo y centrado en el bienestar animal, garantizando la seguridad alimentaria, buena salud y una buena nutrición garantizada.

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La carne de cerdo se perfila como un motor clave para la salud pública y el desarrollo económico en México, ofreciendo una oportunidad estratégica para mejorar la calidad nutricional de la dieta nacional y promover un modelo alimentario sostenible.

La porcicultura mexicana se posiciona como una de las más dinámicas y sostenibles a nivel global. Estudios de 2025, aseguran que durante el año 2024, el sector alcanzó una producción de 1.7 millones de toneladas de carne de cerdo, consolidándose como la segunda fuente de proteína animal más importante del país. Este crecimiento ha sido impulsado por innovaciones tecnológicas y prácticas sustentables que protegen los recursos naturales y promueven el bienestar animal.

El sector porcícola, no solo genera alimentos de alta calidad, también impulsa el desarrollo socioeconómico en el país. Con empleos directos e indirectos donde se ubican las empresas, esta industria representa una fuente importante de ingresos para las familias mexicanas. Empresas porcícolas importantes han promovido proyectos sociales y de empleabilidad, beneficiando a comunidades rurales con programas como “Apoyo Agrícola,” que fomenta la sostenibilidad agrícola mientras mejora las condiciones de vida de más de miles de familias.

El factor humano y las instalaciones con equipos de alta tecnología que cuidan el medio ambiente, Sin duda, gracias a ellos, cada día llegan a las mesas proteínas de alto valor nutricional que sostienen la salud de las familias y la rentabilidad económica de la comunidad y hogares de los trabajadores.

Los procesos de producción animal, también implica hablar de bienestar animal, sostenibilidad y bioseguridad, pues el consumidor exige alimentos de calidad que provengan de procesos responsables, donde la ciencia y la innovación aseguren prácticas más humanas y eficientes en el cuidado de los animales.

Cabe destacar y reconocer que detrás de cada corte de carne y sus derivados, hay un ecosistema productivo que combina tradición, conocimiento y tecnología. La porcicultura mexicana, fortalecida con innovaciones, avanza hacia un modelo más sustentable, competitivo y centrado en el bienestar animal, garantizando la seguridad alimentaria de hoy y de las generaciones futuras.

Los resultados son tan evidentes con mano de obra de calidad y equipos industriales de vanguardia; que de acuerdo con el Compendio Estadístico 2025 del Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne), México se ubica como octavo productor mundial de carne de cerdo y con gran capacidad de competitividad mundial.

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De acuerdo con los manifestantes, durante 2024 se les habría ofrecido un pago cercano a los cinco millones de pesos como parte de un acuerdo derivado de gestiones realizadas en el contexto del conflicto generado por la clausura del proyecto Ciudad Maderas. Sin embargo, aseguran que dicho compromiso no se ha cumplido, lo que ha generado inconformidad, desconfianza y preocupación entre los ejidatarios.

Durante la movilización, los participantes señalaron que la fundación presuntamente intervino en asuntos internos del ejido con promesas de respaldo legal y financiero que, hasta el momento, no se han materializado. “No estamos buscando pleito, estamos buscando respuestas”, expresaron algunos de los ejidatarios, quienes afirmaron que su objetivo es que la fundación explique con claridad el destino de los compromisos asumidos.

Los inconformes también indicaron que han acudido a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias relacionadas con este caso. Asimismo, advirtieron que situaciones similares podrían estarse presentando en otros ejidos de Yucatán, como Kinchil e Ixil, donde —según testimonios locales— la Fundación Yansa ha participado en procesos de asesoría que hoy generan incertidumbre entre los habitantes.

La manifestación en Chuburná refleja un malestar creciente en comunidades ejidales que señalan haber sido utilizadas como parte de estrategias de presión en conflictos territoriales y políticos.

Los ejidatarios reiteran que no buscan confrontación, sino que se respeten los acuerdos y se garantice transparencia en las acciones de organizaciones que aseguran defender causas sociales.

Esperan pronta respuesta y solución de la Fundación Yansa y de su director Sergio Oceransky, que no les ha dado la cara o una postura pública respecto a estos señalamientos; exigen a las autoridades asesorías y apoyo para que este supuesto defensor de las comunidades mayas deje de manipular, de engañarlos y usarlos para sus intereses personales o de grupos corporativos extranjeros o nacionales que le sostienen la fundación Yansa.

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La denuncia o pregunta que surge es, “¿Qué está pasando?”, ¿Por qué sucede esto?, es la falta de coordinación entre las autoridades ambientales y municipales, una de las causas. O es la impune corrupción y la falta de supervisión también pueden estar contribuyendo a este problema, o es la sospechosa complicidad del ayuntamiento autorizando y tolerando, desde desarrollo humano, el imparable boom inmobiliario.

Cabe destacar que La Profepa ha llevado a cabo múltiples clausuras de proyectos inmobiliarios por infracciones graves como el cambio de uso de suelo sin autorización, la remoción ilegal de vegetación y el incumplimiento de condicionantes ambientales y hasta permisos por las autoridades municipales que tienen que ser revisados. En meses recientes, a finales de 2025, la Profepa clausuró varios desarrollos, incluyendo el proyecto “Ciudad Maderas Península II” en Chelem y “Savia Residencial” en Mérida, debido “presuntamente” a la falta de permisos de impacto ambiental y afectaciones a ecosistemas costeros y la selva.

A pesar de estas clausuras, la percepción generalizada y las denuncias ciudadanas sugieren que el “boom” inmobiliario sigue adelante, con desarrolladores que a menudo ignoran la normativa vigente, lo que ha llevado a advertencias por parte de la Profepa sobre posibles demoliciones de construcciones ilegales, pero pareciera que luego llegan acuerdos o los intereses económicos y políticos se imponen y en pocos meses están inaugurando y operando.

Nadie puede negar que el Ayuntamiento de Mérida sigue autorizando permisos para construcción de residenciales, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausura varios proyectos en la zona por incumplir con la normatividad ambiental. Pero pareciera que es como “una pantomima” o una estrategia de la dependencia federal y del ayuntamiento para subestimar a la población y hacer ver que están aplicando la ley, lo cual evidentemente no parece ser, porque el Boom inmobiliario sigue creciendo.

El Ayuntamiento de Mérida, por su parte, sigue otorgando permisos para construir residenciales en las zonas de tierras ejidales o con cambios de uso de suelo.

En 2025, el Ayuntamiento de Mérida ha autorizado varios proyectos residenciales en 2025. Según la Canadevi, hay 125 desarrollos formales activos en Mérida, y se han vendido aproximadamente 4,977 viviendas en Yucatán, con una derrama económica de $5,748,274,490. Sin contar, varios residenciales y centros comerciales que han devastado “ombligos verdes”, como él resiente en Altabrisa, norte de la ciudad. Mérida ha experimentado un crecimiento urbano acelerado, duplicando su área construida en 20 años.

La zona metropolitana pasó de 21,103 hectáreas en 2000 a 42,186 hectáreas en 2020. Si nos proyectamos al 2025, donde se ha acelerado, la capital yucateca cada día es una loza de cemento. -Ambientalistas exigen a las autoridades que se cumplan con la normatividad ambiental, que la gente ya se da cuenta de sus estrategias mediáticas: que seguirán denunciando cualquier irregularidad, daño ambiental o farsa ecológica. Además, advierten que la gente no está sola, que tienen el apoyo y respaldo de las organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente. Y que la protección del medio ambiente es responsabilidad de todos.

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En 2007 aparece en el istmo Sergio Oceransky, como codirector de Yansa en la comunidad indígena de Ixtepec y de una fundación con sede en Washington dedicada a impulsar proyectos de grupos indígenas para desarrollar energías renovables, allí Oceransky vio tierra fértil para poder materializar un  proyecto eólico comunitario y dirigir a los comuneros de Ixtepec, ya que se presentó como experto en el ramo, Oceransky; a quien ahora se le conoce como alias “el español”, quien dirige una fundación llamada Yansa, donde también de esa manera ahora opera en Yucatán, después de salir derrotado y echado de Ixtepec Oaxaca.

El gobierno estatal y federal, atajaron a tiempo las “malas intenciones” e intereses económicos, internacionales y sociales del codirector y asesor de los pobladores de Ixtepec, al usarlos y poder llevar a cabo el proyecto eólico y traer de inversionistas a empresas británicas.

El ambicioso plan no pudo realizarlo en Ixtepec y de repente con ese misma estrategia y proyecto de un gran negocio redondo, resurge en las comunidades de Yucatán, donde busca sorprender a las comunidades mayas.

Cabe destacar que la Fundación Yansa, donde Oceransky es el Director, dicen que  son una organización sin fines de lucro que promueve la transición energética justa y sostenible en comunidades indígenas de México, especialmente en Yucatán y que se enfoca en desarrollar proyectos de energía renovable, como eólica y solar, que beneficien a las comunidades locales y promuevan el empoderamiento de los pueblos indígenas.

Tratan de ocultar y hacer ver, que son “sin fines de lucro”, eso dicen todas las fundaciones y ONGS que tienen financiamiento internacional, porque los que se las operan en los estados del país , no trabajan de a gratis y toda acción les trae un beneficio y logran negocios redondeos.  Yansa es una Compañía de Interés Comunitario (Yansa CIC) que desarrolla y opera proyectos con las comunidades.

Porque ocultar que toda empresa invierte para ganar y quieren hacer creer a los ejidatarios y con la misma bandera de defender los derechos y claro Yanca con la promoción de transición energética sostenible. Siempre el doble discurso de las ongs y fundaciones para manipular a los pueblos; a los que se dejan porque en Ixtepec Oaxaca no cayeron en la trampa con el proyecto eólico comunitario en Ixtepec, y ahora va tratando de concretar sus proyectos de energía solar en comunidades indígenas de Yucatán.

Bien sabe Sergio Oceransky, que los parques eólicos son un gran negocio millonario y se logran involucrando y manipulando la conciencia y colectividad, vendiendo la idea de ser proyectos comunitarios.

Oceransky experto en el ramo y basándose en su experiencia sobre la gestión para el bien común y teniendo en cuenta la gestión comunal de las tierras. Que buscando financiamiento para él poder ser el empresario y beneficiario principal del parque eólico; viajo hasta Alemania, para presentar su ambicioso proyecto eólico de Ixtepec, donde lo expusó como un ejemplo de trabajo comunitario en el simposio internacional que la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA) llevó a cabo en Bonn.

Dónde también dejo en claro que el proyecto eólico en Ixtepec Oaxaca, lo llevaría a cabo La empresa británica Yansa, compañía enfocada n el desarrollo de proyectos de energía renovable comunitaria, específicamente proyectos eólicos.

Es importante precisar que esa empresa británica , se llama igual que la fundación Yanka, de donde el Director es Sergio Oceransky. La Fundación Yansa recientemente también ha sido objeto de críticas y controversias, con algunos acusándola de manipular a las comunidades para obtener beneficios personales.

Yansa, en su página de Internet afirma que tomó su nombre del de la diosa del río Negro, que en la religión yoruba representa el poder del viento. Y también, Yansa es un acrónimo que proviene del maya yucateco, una lengua indígena de México. En maya yucateco, “Yansa” se refiere a “lunar” o “luna llena”, y se asocia con la diosa maya de la luna, Ixchel.

En el contexto de la empresa británica Yansa, el nombre se refiere a la conexión con la cultura y la cosmovisión maya, y busca reflejar el compromiso de la organización con la sostenibilidad, la justicia social y el respeto por la naturaleza.Precisamente Sergio Oceransky en su exposición ante organizaciones internacionales , reafirmó  el objetivo de Yanka, “El viento es un recurso común que es parte de la comunidad”, así lo señaló el director de la empresa social Yansa Group y  Director de la fundación Yansa; donde aseguró representar  la voz de la comunidad indígena de Ixtepec . Lo más sorprendente que su físico no le ayudo por sus rasgos europeos, no mexicanos y menos de sangre y rasgos de habitante de la zona indígena oaxaqueña. Cabe resaltar que el Proyecto Eólico en Ixtepec impulsado por Sergio Oceransky, con Yansa  la empresa británica con una fundación de sede en Washington y  ahora con una fundación Yansa en Yucatán, busca sorprender a los ejidatarios mayas.

Sergio Oceransky, con Yansa ,  va dividiendo , enfrentando y ofreciendo fuertes ganancias a los campesinos para concretar su perverso proyecto eólico, que ni con el apoyo del PRD, pudo ver su mal logrado proyecto eólico de Ixtepec Oaxaca.

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La gentrificación puede tener impactos negativos en el medio ambiente, incluyendo la contaminación, debido a varios factores:

– Desarrollos de infraestructura inmobiliarios: La construcción de nuevos edificios, carreteras y otros proyectos de infraestructura puede generar contaminación del aire y del agua, así como ruido.

– Cambios en el uso del suelo: La gentrificación puede llevar a cambios en el uso del suelo, como la conversión de áreas verdes en zonas residenciales o comerciales, lo que puede afectar la calidad del aire y del agua.

– Aumento de la densidad poblacional: La gentrificación puede llevar a un aumento en la densidad poblacional, lo que puede generar más tráfico, ruido y contaminación del aire.

– Pérdida de biodiversidad: La gentrificación puede llevar a la pérdida de biodiversidad, ya que las áreas naturales son reemplazadas por desarrollos urbanos.

– Aumento del consumo: La gentrificación puede llevar a un aumento en el consumo de recursos, lo que puede generar más residuos y contaminación.

Es importante considerar estos impactos ambientales al planificar y desarrollar proyectos de gentrificación, para minimizar los efectos negativos y promover un desarrollo sostenible; que después de todo su fin último daña el ecosistema.

Cabe destacar que autoridades, diputados, académicos y activistas que participaron en el evento el Foro urbano y gentrificación, donde analizaron el impacto del desarrollo en las comunidades yucatecas; revelan cómo el “progreso” expulsa a los mayas de Yucatán El diputado Francisco Rosas Villavicencio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso del Estado, subrayó que la gentrificación no es únicamente un asunto económico, sino también social, cultural y profundamente humano.

“Cuando un espacio público deja de ser el punto de encuentro de todos para convertirse en un escaparate para unos pocos, el derecho a la ciudad queda vulnerado”. “En zonas como Mérida, Valladolid, Progreso, Izamal y Sisal, este fenómeno ya es palpable: las rentas aumentan, los predios cambian de manos y los vecinos de toda la vida sienten la presión de abandonar sus espacios.

Lo que para algunos es progreso, para otros significa desarraigo, pérdida de redes comunitarias y ruptura del tejido social”, expresó el diputado Rosas Villavicencio. Los participantes coincidieron en que Basura, contaminación, problemas de agua y carestía trae la gentrificación en Mérida, afectando no solo el entorno natural sino también el bienestar de las comunidades.

“Debemos legislar para regular el desarrollo urbano en zonas turísticas, para evitar desplazamientos injustos, garantizar vivienda asequible, asegurar la participación ciudadana en la planeación y establecer mecanismos que protejan nuestro patrimonio cultural”, acotó el diputado.

En Yucatán el Foro urbano y gentrificación, fue con el objetivo de generar iniciativas en pro del crecimiento en el estado, en armonía con el medio ambiente y con respeto al entorno social y cultural en la entidad.

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La crisis que atraviesan los trabajadores petroleros en las plataformas de Campeche deja al descubierto una trama de abandono sindical, complicidad empresarial y negligencia institucional que golpea al corazón energético del país.

Los obreros denuncian comida en mal estado, instalaciones deterioradas y una indiferencia que se extiende desde las oficinas de Petróleos Mexicanos hasta la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Lo que debería ser un bastión de protección laboral se ha convertido en una maquinaria de encubrimiento encabezada, en el plano nacional, por Ricardo Aldana Prieto, y en Ciudad del Carmen por un personaje marcado por antecedentes penales, corrupción, excesos y fraude: Víctor Colunga.

La podredumbre en los comedores offshore

Las denuncias comenzaron con fotografías que circularon entre trabajadores del Centro de Proceso Litoral-A, adscrito a la Sección 47 del STPRM. En ellas se observan baños inutilizables, colchones en ruinas y mingitorios arrancados de las paredes.

Sin embargo, lo que encendió la indignación fue la alimentación: latas caducas, productos en mal estado y raciones que atentaban contra la salud de quienes trabajan en condiciones extremas en altamar.

Ante la ausencia de respuesta, los trabajadores organizaron protestas pacíficas que consistieron en negarse a usar los comedores y sobrevivir con víveres básicos que ellos mismos subieron: atún enlatado, sopas instantáneas, pan y queso.

La protesta se ha replicado en varias plataformas desde febrero de 2025, incluyendo Pol-A del complejo Pol-Chuc, Nohoch-A en Cantarell y Abkatún, donde la precariedad se repite como un guion aprendido.

Trabajadores petroleros denuncian mala calidad en los alimentos de las plataformas de Campeche

Mientras los trabajadores petroleros a bordo de la plataforma Litoral A levantaron su huelga de hambre tras el compromiso de las autoridades de analizar las condiciones sanitarias y de calidad de los productos que les suministran para alimentos, obreros de otras instalaciones denunciaron que se presentan las mismas condiciones, con el argumento del impago de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche.

Los trabajadores —que solicitaron el anonimato por temor a las represalias— señalaron que derivado de esta situación, los problemas de salud gastrointestinales han aumentado en las instalaciones costa afuera, lo que indica que se está poniendo en riesgo la integridad del personal.

“En esta ocasión correspondió a la empresa Veggies de México, sin embargo, de la misma manera hemos notado que en los servicios que brinda la empresa Protexa, se presentan los mismos problemas de mala calidad de los insumos y muchos de ellos llegan en avanzado estado de descomposición, teniendo en común que el abastecedor es la compañía Comercializadora Rivera, la cual pese a los antecedentes de sanciones, se le permite seguir poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores”, señaló un trabajador.

Sostuvieron que aun cuando las empresas proveedoras aseguran que deben reducir sus costos, por el impago de Pemex, la realidad es que al facturar lo hacen por el mismo valor, por lo que no se justifican las afectaciones que hacen a la salud de los obreros.

“Estamos pidiendo a la Cofepris que lleve a cabo la investigación de estos casos, ya que los cuadros de enfermedades diarreicas van en aumento, sin que las autoridades locales del ramo hagan nada por ello”.

Puntualizaron que no basta con sancionar a los proveedores, sino que se deben prohibir que se permita suministrar alimentos a quienes tienen antecedentes probados de irregularidades en la calidad de sus productos.

“Estamos analizando la posibilidad de llegar a una protesta integral en todas las plataformas, para presionar a que las autoridades apliquen la legislación vigente y atiendan nuestros reclamos”.

Empresas favorecidas, obreros olvidados

En el centro de la controversia aparecen nombres de proveedores de alimentos. Entre ellos se menciona a Empresas Elizondo García, con más de cuatro décadas de experiencia en catering offshore, y a corporativos como Grupo Richaud Hermanos y Grupo Penta, que han sido señalados como abastecedores.

También figuran compañías pesqueras y acuícolas de la región como Congeladora y Empacadora Márquez, Cooperativa El Gavilán, Acuacultores del Siglo XXI y Camarenera Saabra.

Las quejas de los obreros apuntan a que estas empresas han entregado víveres en mal estado, con la aparente complacencia de la administración de Pemex y, sobre todo, del sindicato.

En lugar de defender a los trabajadores, los dirigentes parecen haber cerrado filas con los proveedores. La acusación es directa: la Sección 47 guarda silencio porque ha sido cooptada y no solo eso, los recursos se van en lujos de su “líder” y eventos ostentosos.

El silencio de los líderes sindicales

La responsabilidad sindical recae en Ricardo Aldana, secretario general del STPRM desde 2022, figura de larga trayectoria priista y señalado por su vínculo con el Pemexgate, escándalo de financiamiento ilegal al PRI en el año 2000.

Su nombre se ha convertido en sinónimo de continuidad de un modelo sindical corporativo que protege intereses empresariales y políticos antes que los derechos laborales.

En Ciudad del Carmen, la representación local se encuentra bajo la sombra de Víctor Colunga, exconvicto acusado de fraude y robo. Su liderazgo ha sido descrito por los mismos trabajadores como un “cobijo de la corrupción”.

Mientras los obreros exigen dignidad, Colunga prefiere guardar silencio y sostener relaciones con empresas beneficiadas.

La legitimidad de su posición sindical es cuestionada por la base, pero Pemex y la dirigencia nacional lo sostienen, reforzando la sensación de que todo el aparato sindical opera como un engranaje de complicidad.

Antecedentes de una decadencia prolongada

El malestar actual no es aislado. Desde hace más de dos décadas, los petroleros de Campeche han documentado abusos.

En 2003, tras el Pemexgate, hubo promesas de democratización sindical que nunca se cumplieron. Durante los gobiernos panistas y priistas, los contratos de alimentación y transporte offshore se entregaron como botín político.

La llegada de la llamada Cuarta Transformación no modificó esta dinámica; los mismos grupos mantienen el control.

En febrero y marzo de 2025, múltiples plataformas en Pol-Chuc y Cantarell fueron escenario de protestas similares por alimentación deficiente y condiciones indignas. Cada episodio fue minimizado por la empresa y neutralizado por el sindicato, consolidando un patrón de impunidad.

El corazón energético bajo presión

Campeche concentra gran parte de la producción petrolera del país. De sus aguas provienen millones de barriles que sostienen el presupuesto nacional.

Sin embargo, quienes hacen posible esa extracción viven en condiciones cada vez más precarias.

La alimentación deficiente afecta directamente la salud, la moral y la productividad de los trabajadores, lo que a mediano plazo compromete la operación de los complejos petroleros.

La contradicción es brutal: mientras Pemex presume inversiones multimillonarias, los obreros de plataformas dependen de latas de atún y sopas instantáneas para sobrevivir.

El contraste entre la riqueza que generan y la miseria que enfrentan es el símbolo más crudo del fracaso sindical.

Denuncias, protestas: la causa es la corrupción

La situación de los trabajadores plataformeros en la Sonda de Campeche es alarmante. Según informes, están recibiendo comida en mal estado, lo que ha provocado enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud.

• Más de 200 trabajadores petroleros de la plataforma Pol-A del complejo Pol Chuc iniciaron una huelga de hambre durante 48 horas para exigir alimentos de buena calidad.
• Los trabajadores sindicalizados denunciaron que la comida proporcionada por las empresas contratistas de Pemex es de mala calidad y se encuentra en estado de descomposición.
• Aseguran que casi a diario, un compañero se enferma del estómago o presenta cuadros diarreicos debido al mal estado de los alimentos.

Causas del problema

• La corrupción y la falta de supervisión en la contratación de empresas proveedoras de alimentos.
• Pemex no paga a tiempo a las empresas contratistas, lo que les impide proporcionar alimentos de buena calidad.
• Los contratos se otorgan a las empresas que ofrecen el precio más bajo, sin considerar la calidad del servicio.

Consecuencias

• Los trabajadores están expuestos a enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud.
• La situación ha generado malestar y protestas entre los trabajadores, quienes exigen mejoras en la calidad de los alimentos y atención a sus demandas.

Exigencias de los trabajadores

• Alimentos de buena calidad y en cantidad suficiente.
• Mejora en las condiciones de trabajo y atención a sus demandas.
• Investigación y sanción a las empresas proveedoras de alimentos que incumplan con los contratos.

El sindicato ignora las denuncias de trabajadores plataformeros sobre comida echada a perder que les está enfermando.

Los trabajadores de la plataforma Pol-A de Pemex en Campeche iniciaron una huelga de hambre para exigir alimentos de calidad, ya que la comida que reciben es insuficiente y está en mal estado.

Denuncian que solo les entregan huevo, arroz, frijol y tortillas mal preparadas, lo que ha provocado enfermedades gastrointestinales.

Los síntomas pueden incluir diarrea, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, con el temor de complicaciones mayores.

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Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que siguen construyendo y publicitándose como barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos.

Con respaldo político, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de coyotes, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan en las comunidades mayas acechadas por las mafias y los zares del concreto.

No cualquier tierra es codiciada. La predilección de estos actores se concentra en espacios con agua, monte y bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y coyotes.

El negocio se centra en privadas, fraccionamientos y la comercialización de lotes de inversión.

Destaca la propagación de viviendas premium, ofrecidas en paquetes con “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamientos exclusivos y áreas de juegos infantiles. Aunque se promocionan como desarrollos modernos y exitosos, en su ADN llevan un atropello de derechos con pretensiones de perpetuidad.

Aunque estas prácticas iniciaron hace menos de dos décadas, su auge se ha intensificado hasta 2025. El despojo y la apropiación ilegal de tierras rurales y urbanizadas por parte de actores ligados a la actividad inmobiliaria depredatoria se han vuelto una constante en Yucatán.

Pueblos y comisarías mayas cercanas a Mérida transitan episodios de violencia prácticamente cada semana. La vulneración de derechos y libertades se esparce, sobre todo, en espacios con organización ejidal y vida comunitaria.

Campesinos y defensores de ecosistemas enfrentan una ofensiva que crece a la par de la promoción de Yucatán como plataforma de negocios. Esta situación ha detonado un proceso de burbuja inmobiliaria, ligada a la especulación y a la compraventa irregular de lotes.

Lo que se vende como un negocio próspero se asienta en un engranaje de apropiaciones ilícitas, amedrentamiento judicial, violencia policial y fraudes. Así lo documenta Patricio Eleisegui en su investigación Yucatán Bienes Raíces: comunidades mayas, territorios libres y colonización inmobiliaria (2023), difundida en Narrativas de Resistencia por el consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible.

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La política ambiental cae en grandes contradicciones; Los gobiernos, federal, Estatal y municipal, suelen afirmar que protegen el medio ambiente y se oponen a los desastres ambientales, pero al mismo tiempo autorizan proyectos que causan daño ambiental; que luego se convierten en una pesadilla para las entidades afectadas. Podría ser que esto puede deberse a la presión de intereses económicos y políticos que priorizan el crecimiento económico sobre la protección ambiental y prefieren cimentar planchas de concreto y autorizar ecocidios.

En Mérida Yucatán, las contradicciones son tales y evidentes que los Desarrollos inmobiliarios, siguen “floreciendo”, causando un severo daño ambiental. Esos proyectos inmobiliarios generan daño ambiental significativo, como la destrucción de hábitats naturales, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la discriminación a los derechos humanos. A menudo se ven las inauguraciones o anuncios de los grandes proyectos de los desarrolladores y que se llevan a cabo sin considerar adecuadamente los impactos ambientales a largo plazo; pero lo lamentable y contradictorio es que las autoridades municipales ahí están presenten avalando el desastre natural que traen las construcciones de los lujosos residenciales, hoteles, oficinas para corporativos empresariales.

A mediado del mes de agosto se revelo que Mérida se va consolidar con 329 proyectos, con oferta de vivienda nueva. Donde la zona metropolitana de Mérida cuenta actualmente con 1 millón 252 mil 324 habitantes, distribuidos en 536 mil 007 viviendas. Que Mérida y su zona metropolitana continúan consolidándose como uno de los principales polos del mercado inmobiliario en el sureste del país. De acuerdo con los indicadores DIME (Dinámica del Mercado Inmobiliario) correspondientes al segundo trimestre de 2025, actualmente se encuentran en oferta 329 proyectos de vivienda nueva en la plaza de Mérida, que abarcan 20 mil 547 unidades totales, con un inventario disponible de 9 mil 295 viviendas. Precisan que la zona considerada por el estudio incluye los municipios de Mérida, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzemul, Kanasín, Progreso, Telchac Puerto y Umán, formando parte de una región que crece aceleradamente en infraestructura, plusvalía y demanda habitacional, según el informe de la empresa Softec, consultora especializada en el ramo.

Del total de proyectos en venta, los departamentos representan el 57% de la oferta, destacándose como la tipología con mayor presencia. Le siguen las casas solas, condominios horizontales y casas dúplex, en un mercado que ofrece alternativas para diferentes niveles socioeconómicos, desde el segmento social hasta el residencial plus. Que la absorción total del mercado -unidades vendidas- durante este período fue de 466.3 unidades mensuales, siendo las zonas con mayor movimiento las del norte y poniente de la ciudad. Cabe destacar en esta consolidación, no se consideran los desarrollos inmobiliarios de lujo y grandes torres y edificios de corporativos empresariales.

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