La reinstalación de Víctor Manuel Kidnie de la Cruz como Secretario del Interior de la Sección 47, sin duda es una victoria, no solo para el líder sindical, sino para los trabajadores de Pemex.

Pero este golpe histórico va más allá y pega directo al cacicazgo de Ricardo Aldana y sus aliados, un liderazgo hasta hoy, basado en la represión y el abuso de poder, pero sin duda cada vez más frágil.

Kidnie fue jubilado a la fuerza en 2024 por órdenes de Aldana y con la complicidad de Petróleos Mexicanos (Pemex). La maniobra tenía un objetivo claro: impedir que Kidnie participara en la contienda por la dirigencia de la Sección 47 y garantizar el control absoluto del sindicato.

Sin embargo, la estrategia fracasó, y ahora enfrenta una sentencia judicial que obliga a su reinstalación inmediata y a una disculpa pública por parte de Aldana.

El fallo judicial ya puso al actual secretario general del STPRM contra las cuerdas y de dio un golpe de realidad, pues debe enfrentar que su intento de desterrar a Kidnie falló rotundamente y lo colocó como una figura de resistencia a su liderazgo charro.

Dentro del sindicato. Kidnie es un líder natural en la zona más productiva de Pemex, la Sonda de Campeche, donde más de 6 mil 500 trabajadores ven en él la esperanza de recuperar un sindicalismo que los represente realmente. La reinstalación de Kidnie es un hito en la lucha contra el autoritarismo sindical que ha caracterizado a la gestión de Aldana.

Obviamente el regreso de Kidnie a la Sección 47 no ha sido bien recibido por la cúpula sindical. Ricardo Aldana y el ex convicto, Víctor Matías Hernández Colunga, han hecho todo lo posible por bloquear su reinstalación. Se han valido de estrategias sucias, como un intento de incriminarlo en delitos inexistentes para desacreditarlo. Incluso la Policía Estatal participó en un montaje burdo, revisándolo bajo el pretexto de que transportaba armas y drogas. Pero nada hallaron. La desesperación de Aldana y Colunga es evidente: no pueden permitir que un líder con el respaldo de la base sindical los exponga.

Hagan lo que hagan, no lo van a poder evitar. Aldana se tiene que disculpar.

La Sección 47, “representada por Antonio Toledo González, un incondicional de Colunga, es el reflejo de lo que el STPRM se ha convertido: un sindicato donde los dirigentes se enriquecen operan en la impunidad, buscan perpetuarse a costa de quien sea, mientras los trabajadores son abandonados.

Las denuncias por la falta de comida en las plataformas, el deterioro del servicio médico y la represión laboral no son aisladas. Son la norma bajo la dirigencia actual. Mientras los trabajadores sobreviven en condiciones precarias, los dirigentes organizan banquetes y fiestas.

El intento de Aldana por ignorar la sentencia del Tribunaly negarse a emitir la disculpa pública que se le exige es una muestra de su arrogancia. Prefiere desafiar la ley y pagar multas antes que reconocer que actuó de manera ilegal.

Pero la realidad es que el fallo es inapelable, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ratificó. La reinstalación de Kidnie es inevitable, y con ella, la posibilidad de un cambio real dentro del STPRM.

El regreso de Kidnie es solo el principio. Su presencia en la Sección 47 significa que por primera vez en años, habrá una revisión seria de las cuentas sindicales. Aldana y su grupo saben que su poder se tambalea, y la base trabajadora está tomando nota.

La fractura dentro de la cúpula sindical es evidente. El STPRM no puede seguir operando como un feudo personal de Aldana y sus aliados. Los trabajadores ya no son espectadores pasivos y la reinstalación de Kidnie es la señal de que el cambio es posible.

El miedo de Aldana es comprensible. El control absoluto que alguna vez ejerció sobre el STPRM se está desmoronando. La reinstalación de Kidnie representa el triunfo de la resistencia y el inicio de un proceso de transformación que ya no se puede detener. El sindicato petrolero está en un punto de inflexión, y el futuro lo decidirán los trabajadores, no sus verdugos.

Tiempo al tiempo.

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Esta guerra ha dejado a la población atrapada en una espiral de violencia que parece no tener fin, a pesar de los abrazos o los balazos de los gobiernos en turno.
Lo que comenzó como una guerra interna entre carteles ha escalado a niveles alarmantes, afectando no solo a los involucrados en el narcotráfico, sino a ciudadanos comunes que viven en constante miedo.

Desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, la situación en Sinaloa ha empeorado. Las calles de Culiacán y otras regiones del estado se han convertido en escenarios de masacres, secuestros y enfrentamientos armados que superan a las fuerzas de seguridad.

La Sedena confirmó recientemente que 19 personas murieron en enfrentamientos durante la detención de Edwin Antonio, alias “El Max”, uno de los líderes de una facción del cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento es solo una muestra de la intensidad con la que estos grupos operan y de cómo el gobierno ha sido incapaz de controlar la situación .

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había defendido una estrategia de “abrazos, no balazos”, argumentando que la violencia no se puede combatir con más violencia, este enfoque ha sido duramente criticado, especialmente en Sinaloa, donde la violencia ha escalado a niveles sin precedentes.

La captura de Zambada y los enfrentamientos subsecuentes han puesto en evidencia las limitaciones de esta estrategia. La presencia militar y de fuerzas federales no ha logrado impedir que los grupos criminales sigan actuando con total impunidad. La ciudadanía se siente abandonada y, con razón, cuestiona si el gobierno ha sido superado por el poder del crimen organizado .

Pero la situación no ha mejorado con el cambio de administración. Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en 2024, no se han visto cambios significativos en la política de seguridad en Sinaloa. Al igual que su predecesor, Sheinbaum ha priorizado el control de daños y la contención, pero estas medidas no han sido suficientes para frenar la ola de violencia que afecta al estado.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un claro ejemplo de cómo las investigaciones en torno a crímenes de alto perfil se ven envueltas en controversias y señalamientos de corrupción.

La Fiscalía de Sinaloa ha sido acusada de realizar un montaje en la investigación del asesinato de Cuén, presentando un video en el que supuestamente se muestra que fue asesinado en una gasolinera.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) descalificó esta versión, señalando que el ex rector fue asesinado en un rancho, en el mismo lugar donde fue detenido “El Mayo” Zambada. Las inconsistencias en la investigación y las acusaciones de montaje han manchado aún más la reputación de las autoridades locales, que ahora son investigadas por presunta participación en el asesinato .

En medio de todo esto, los empleados de la Fiscalía de Sinaloa han salido a rechazar categóricamente estas acusaciones, afirmando que su trabajo se realizó conforme a los protocolos establecidos. Pero la pregunta persiste: ¿quién está diciendo la verdad? La población sigue siendo testigo de cómo las autoridades se culpan unas a otras mientras la violencia no cesa. No hay claridad en las investigaciones, y esto solo aumenta la desconfianza hacia las instituciones.

Desde la captura de “El Mayo” hasta la controversia en torno al asesinato de Cuén, la ciudadanía de Sinaloa ha sido la más afectada. Las promesas de seguridad se sienten vacías cuando uno no puede salir de casa sin el temor de quedar atrapado en un fuego cruzado o ser víctima de un levantón. La narrativa oficial, que insiste en que se está controlando la situación, choca con la realidad de las cifras crecientes de muertos y desaparecidos.

La sociedad sinaloense ya no espera respuestas, sino acciones concretas que detengan esta ola de violencia que parece interminable.

Es difícil no pensar que, a pesar de las promesas y de las estrategias fallidas, tanto AMLO como Sheinbaum han fracasado en proteger a Sinaloa de los estragos del narcotráfico.

¿Será por eso que en lo próximos días el primer sacrificado sería el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya, a quien el cargo le ha quedado más que grande?
Pero el problema no es que se vaya Rocha Moya, el problema es quién se queda en el cargo, para tratar de calmar un poco las turbulentas aguas que hay en Sinaloa.

Nombres suenan varios, pero la realidad es que no se ponen de acuerdo por los intereses de por medio de todos los actores que tiene en jaque a Sinaloa y principalmente a su población.
Ya veremos quién es el valiente, el elegido o el bendecido.
Tiempo al tiempo.

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Así es, no para mañana, para la próxima semana o el siguiente mes, para el próximo sexenio, ni para el siguiente, sino para cuando todos los que hoy acomodan a sus esposas, hermanos, hijos y compadres en puestos de poder ya hayan disfrutado de sus seis años dorados, ya en el ocaso de la era Sheinbaum en el 2030.

Esto no es tan solo una traición política: es un escupitajo en la cara de la presidenta. Un recordatorio de que, aunque ella tenga la banda presidencial, el verdadero poder sigue en manos de quienes manejan las estructuras de partido y los pactos entre cúpulas familiares además de “ya sabes quién”.
¿Se imaginan mandar una ley de López hasta 2030? Honestamente, con el servilismo de los legisladores de Morena y afines, no, nunca.

Si Sheinbaum creyó que en su partido le iban a aplaudir por intentar poner orden, fue poco más que ingenua. Morena, ese movimiento que se vendió como “diferente”, está plagado de apellidos que se heredan el poder como títulos nobiliarios.

Ahí están los Batres, controlando espacios estratégicos en todos lados, en la Corte, en el ISSSTE; la esposa de Ricardo Gallardo acomodada con la elegancia de una dinastía política en San Luis Potosí; Félix Salgado Macedonio y su hija Evelyn gobernando Guerrero como si fuera un rancho familiar y de los Alcalde y los Monreal, mejor ni hablamos.

La señal es clara: la ley contra el nepotismo no fue rechazada por la oposición, sino por los propios “compañeros de lucha”. Porque, al final del día, el verdadero enemigo de Sheinbaum no está en el PAN ni en el PRI. Su enemigo es su propio partido.

Cuando los senadores de Morena necesitan mostrar disciplina, lo hacen con una rapidez digna de admiración. Así pasó con la reforma eléctrica, con las iniciativas para militarizar la seguridad pública, con las propuestas que consolidan el control del oficialismo sobre los organismos autónomos. A las iniciativas de AMLO no le movían ni una coma, pero a la presidenta actual los senadores le enmiendan la plana sin el menor reparo.

Los legisladores de Morena apoyan hasta que encuentran el hueso. Y cuando el hueso está en juego, el discurso de la transformación se convierte en un murmullo incómodo. Por eso, la ley contra el nepotismo fue diferida hasta 2030: porque en este sexenio y el siguiente aún hay demasiadas plazas que repartir, demasiadas nóminas que llenar con apellidos conocidos, demasiados favores que pagar.

¿Es Claudia Sheinbaum la líder indiscutible de la 4T o una simple administradora de la estructura que le heredaron? La pregunta ofende.

Porque, si no puede ni siquiera disciplinar a su propio partido para aprobar una medida que beneficia su imagen, ¿qué podemos esperar cuando tenga que tomar decisiones impopulares dentro de Morena?
El mensaje que le acaban de enviar los senadores es devastador: la autoridad de Sheinbaum tiene límites, y esos límites los imponen los intereses personales de los legisladores que solo responden al poder que les garantiza su permanencia.

Pero también no olvidar que, detrás de esta maniobra política hay un actor que cada vez tiene más poder dentro del oficialismo: el Partido Verde. No es coincidencia que los senadores que votaron para postergar la reforma sean los mismos que han servido como bisagra entre Morena y las alianzas pragmáticas.
Manuel Velasco Coello, fue quien le puso alto a la reforma de la presidenta, pues su intención con esta modificación es que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pueda impulsar la candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para las elecciones de 2027.

Desde hace tiempo, el Verde ha demostrado que su lealtad es con quien le garantice más espacios de poder, y ahora parece que es Sheinbaum quien está en deuda con ellos. Si Morena no pone un alto a esta dependencia, terminará siendo rehén de un partido que ha hecho del oportunismo su principal doctrina política.
Lo ocurrido con la ley contra el nepotismo no es un detalle menor. Es una prueba de que la “cuarta transformación” sigue siendo, en muchos aspectos, una copia del viejo régimen, pero con algunos nuevos rostros. La política de los compadrazgos, las dinastías familiares y el tráfico de influencias sigue vivita y coleando, con el respaldo de quienes prometieron erradicarla.

Si Sheinbaum realmente quiere demostrar que no es una figura decorativa, tiene que actuar. No puede permitir que los senadores de su propio partido la contradigan de manera tan descarada. O usa su poder para poner orden, o terminará siendo una presidenta atrapada en las redes de su propio movimiento.

Mientras tanto, los que esperaban un cambio real pueden ir guardando sus esperanzas en un cajón. Porque, si de algo ha servido este episodio, es para recordarnos que, en la política mexicana, la familia sigue siendo primero. La reforma contra el nepotismo es un cambio profundo y necesario, sin embargo, Morena, que prometió ser diferente, ha demostrado que son iguales o peores que sus antecesores.

Tiempo al tiempo.

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