Cuando supimos del ataque del 7 de octubre, la gran mayoría de la comunidad internacional lo condenó por la brutalidad y el terror que Hamás imprimió en contra de la población civil. Este grupo no reconoce la existencia de Israel y se opone a lograr cualquier acuerdo de paz con el Estado hebreo. Ha declarado que su objetivo es matar a los judíos en Israel y establecer un Estado islámico, y no le preocupa ofrecer condiciones básicas de bienestar a la población palestina que habita en la Franja de Gaza, además de que utiliza a las personas e infraestructuras civiles como escudos de protección.

Desde 1945, la Carta de Naciones Unidas estableció que los Estados pueden recurrir a la fuerza armada en casos de legítima defensa o “en caso de un ataque”; la respuesta de Israel debe enmarcarse en los postulados del derecho internacional humanitario, el consuetudinario y los Convenios de Ginebra. Un principio clave de esta reacción deberá ser el de proporcionalidad, esto es, limitar los daños causados por las operaciones militares a las poblaciones e infraestructuras civiles.

El derecho internacional humanitario define que tomar como rehenes a civiles y los ataques deliberados en su contra, así como las agresiones indiscriminadas con cohetes constituyen crímenes de guerra. Sin embargo, un asedio se puede considerar también violatorio de las normas si tiene como objetivo a civiles, en lugar de ser un medio para minar las capacidades militares de Hamás. Israel señala que está alertando a la población civil para que abandone la zona en riesgo de la Franja antes de profundizar sus operaciones.

Las reglas de la guerra también reconocen que se debe permitir que las organizaciones humanitarias entreguen ayuda a la población civil y, según el derecho internacional, las partes en conflicto deben “facilitar su paso”. En este sentido, los Estados que no tienen parte en la crisis deben buscar generar estos espacios de ayuda. En la Franja de Gaza se sabe que están en marcha negociaciones diplomáticas para buscar la liberación de algunos de los rehenes del grupo Hamás, promover el flujo de la ayuda humanitaria y ayudar a ciudadanas y ciudadanos extranjeros —cuando menos— a salir del enclave.

La institución responsable de investigar y, en su caso, castigar los posibles crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de Roma le otorga autoridad legal para investigar presuntos crímenes en el territorio de sus miembros o cometidos por sus nacionales, cuando las autoridades del país no quieran o puedan hacerlo. En este caso, la fiscalía de la Corte ya confirmó que su mandato tiene la prerrogativa de indagar sobre posibles crímenes cometidos en la Franja de Gaza y afirmó que seguirá obteniendo información al respecto. La CPI reconoce a Palestina como Estado miembro, mientras que Israel rechaza su jurisdicción y no participa en el organismo.

El ataque de Hamás a Israel provocó la mayor conmoción, al menos desde 1973, y la población perdió su sentido de seguridad. Por tanto, se delibera internamente sobre la contundencia de la respuesta. Una de carácter masivo, al contrario de lo que la mayoría queremos, puede conducir a una mayor espiral de violencia; incluso se puede extender el conflicto en la región.

Israel amenazó con utilizar toda su fuerza para destruir a Hamás; el problema es que enfrenta a un enemigo difícil de identificar y aislar. El uso del poder militar sin restricciones generaría cuantiosas pérdidas civiles e incluso podría conducir al fracaso de la operación, pues esa organización paramilitar tiene un sistema de túneles bajo Gaza que le permiten moverse con facilidad sin que se le vea.

Israel debe proteger a civiles inocentes y distinguir entre el grupo rebelde y la población palestina. Las autoridades señalan que así lo están haciendo. De otra manera, nos alejaremos más de la anhelada paz en la región.

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El panorama para Arévalo presenta una serie de obstáculos, en gran parte por la resistencia de un pequeño grupo con privilegios que se niega a la transformación en el país. Esta animadversión se ha manifestado en los ataques que la Fiscalía emprendió en contra de Movimiento Semilla, con el propósito aparente de obstaculizar la transición del poder en enero de 2024.

A favor del nuevo presidente está el respaldo de la mayoría ciudadana a su plan para luchar contra la corrupción, y el apoyo de la comunidad internacional y de actores no gubernamentales. Para Arévalo será importante tejer alianzas con figuras clave dentro o fuera del Gobierno. Por su parte, el mandatario actual, Alejandro Giammattei, aseguró que se respetará la voluntad soberana del pueblo y que promoverá una transición pacífica del poder.

Arévalo nació en Uruguay (su padre se exilió en 1954) y creció en Venezuela, Chile y México antes de regresar a Guatemala. Se desempeñó como cónsul en Israel, viceministro de Exteriores y embajador en España. Previamente a ser candidato a la Presidencia fue diputado. Ha reiterado que su prioridad más urgente es frenar la corrupción y considera que para generar desarrollo es necesario atender áreas como salud, educación, empleo, producción agrícola e infraestructura, entre otras. Como parte de sus primeras acciones, el nuevo equipo contempla aprobar una ley antimonopolio —Guatemala es el único país de Centroamérica que no tiene uno— y reducir los costos excesivos de electricidad y medicamentos.

Pese al claro triunfo de Arévalo en los comicios, los ataques de la Fiscalía no cesan. Ha buscado desde suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla hasta allanar —varias veces— las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. El mandatario electo señaló que estos embates obedecen a la intención de promover un golpe de Estado, por lo que llamó a la ciudadanía a defender la democracia. La gente respondió a esta convocatoria y grupos indígenas y campesinos, sobre todo, se manifestaron en contra de la Fiscalía. De manera paralela, el tribunal más alto de Guatemala instó a generar las condiciones para una toma de poder pacífica y estable.

En este contexto, la comunidad internacional respalda la transición en Guatemala y transmitió su solidaridad y apoyo a Arévalo, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una delegación para mediar la crisis, en respuesta a una solicitud del Gobierno guatemalteco.

Guatemala es la mayor economía de Centroamérica y uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Cerca del 60 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza y carece de acceso adecuado a salud, educación o infraestructuras. A esto se suma que la mitad de las infancias sufren desnutrición crónica. Estas condiciones son algunas de las que han impulsado la migración a Estados Unidos.

Además de las dificultades sociales y económicas, están los desafíos políticos. Entre los adversarios al cambio se encuentran los grandes empresarios y la élite económica tradicional, la Iglesia evangélica, el sector militar y el Congreso, que tiene una amplia mayoría conservadora. Semilla cuenta con 23 diputaciones de un total de 160, por detrás de las fuerzas de derecha, que controlan al menos dos tercios de los escaños. En los próximos meses, el mayor reto será lograr una transición pacífica y consolidar el poder frente a los embates de la Fiscalía guatemalteca y los intereses de las élites en bien del pueblo de esa nación.

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La campaña electoral hacia 2024 está en marcha. Desde la administración del expresidente Donald Trump, los republicanos se han desplazado hacia la derecha en materia de inmigración, y las propuestas extremas son las que más se escuchan en el partido. Intentan usar el tema como un arma en contra del presidente Joe Biden y los demócratas, pero en su discurso mezclan y confunden dos temas: el paso de inmigrantes irregulares y el tráfico de drogas, respecto al cual, además, omiten la evidencia de que la gran mayoría de los opiáceos se introducen de contrabando a Estados Unidos por vía terrestre en puntos de entrada legales.

La retórica electoral republicana no separa estos dos fenómenos ¾migración y narcotráfico¾, por tanto, las soluciones que plantea en realidad no atacan el problema. Además, como expresé en otros espacios, se trata de aseveraciones injerencistas y que atentan en contra de nuestra soberanía. Lejos de conducir a una posible salida a los problemas de seguridad y salud, actuar según esta narrativa impediría la cooperación bilateral.

En el debate entre los candidatos republicanos, el empresario Vivek Ramaswamy ¾afiliado al partido¾ expresó que la solución para evitar el contrabando de drogas es sellar la frontera sur, militarizarla. El senador Tim Scott afirmó que “todos los condados de Estados Unidos son ahora fronterizos”. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió en desplegar fuerzas especiales en México para atacar a los cárteles. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aseguró que enviaría a la Guardia Nacional a la frontera el “primer día” de su presidencia. Por su parte, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, pidió suspender los fondos federales para las ciudades santuario que dan auxilio a personas inmigrantes recién llegadas. El exvicepresidente Mike Pence manifestó que es preciso arreglar “un sistema de inmigración fallido”, además de asegurar la frontera sur.

El Partido Republicano busca llegar a la proporción de votantes que perciben a la inmigración irregular como un problema. En este sentido, una encuesta de Gallup del año pasado reportó que el 69 por ciento ¾una fracción récord¾ de republicanos querían menos inmigración en Estados Unidos. Asimismo, un estudio reciente del Pew Research Center reveló que el 79 por ciento de simpatizantes de esta formación conservadora está a favor de más deportaciones de inmigrantes que se encuentran de manera irregular en la Unión Americana, y que el 91 por ciento quiere mayor seguridad fronteriza.

Pese a estos indicadores, personas expertas consideran que, en general, el radicalismo puede desanimar a las y los votantes independientes, a las mujeres de los suburbios, a la población de origen latino y a las y los más jóvenes de votar a favor de esta fuerza política.

El estudio del Pew Research Center muestra también que los demócratas otorgan mayor importancia a encontrar vías para legalizar el estatus de quienes ingresaron al país de manera irregular, sobre todo cuando eran niños. Ahora, frente a la llegada masiva de personas sin documentos a las ciudades santuario, lejos de la frontera, los demócratas están de acuerdo con que los líderes deben hacer más para evitar escalar el problema, aunque no hay consenso sobre qué acciones tomar.

Es paradójico que la narrativa electoral adversa a la migración irregular y, en general, a México, ocurra al mismo tiempo que la colaboración institucional entre los dos países avanza y se fortalece. En estos días se habrán llevado a cabo los diálogos en asuntos económicos y de seguridad del más alto nivel, en los que se revisan los resultados de los mecanismos establecidos para reforzar la cooperación bilateral: el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad. Ambos eventos son consistentes con la idea de que sólo mediante el diálogo será posible resolver los problemas conjuntos. Pensar en un camino unilateral únicamente empeoraría los problemas, además de que pondría en riesgo la vital relación entre vecinos.

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Algunos de los principales temas abordados en las participaciones de apertura fueron la reforma de la ONU, el cambio climático, la reforma del orden internacional y la modificación de la arquitectura financiera global.

Respecto a la reforma de la ONU, el Secretario General de esta organización, Antonio Guterres, afirmó que el mundo ha cambiado, pero que nuestras instituciones no. Agregó que basta ver el sistema de Bretton Woods y el Consejo de Seguridad, que reflejan realidades políticas de 1945.

Cabe señalar que la reforma de la ONU, o su eventual refundación, es una prioridad que se ha venido posponiendo desde hace décadas. Lo deseable es que se concrete a partir de la racionalidad y de la paz, y no debido a un conflicto bélico, como sucedió cuando nació después de la Segunda Guerra Mundial. Existen ya algunos indicios que nos alertan de que la conflagración bélica en Ucrania pudiera ir más allá de un enfrentamiento entre dos países.

Respecto al cambio climático, las disertaciones se enfocaron en pedir el fin de la guerra contra la naturaleza, así como fortalecer la lucha contra la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Además, se subrayó que la transición a la energía sostenible no se está llevando a cabo lo suficientemente rápido. Sin embargo, el secretario Guterres aseveró que aún queda tiempo para limitar el incremento de las temperaturas a 1.5 grados por encima de los límites preindustriales.

En cuanto a la recomposición del orden internacional actual, dirigentes de algunos países de América Latina, entre otros, demandaron cambios fundamentales a un sistema global que invierte en guerras, pero fracasa en combatir la pobreza y la desigualdad.

Así, el presidente Lula da Silva, de Brasil, aseveró que los 10 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que el 40 por ciento de la humanidad; agregó que cuando su país asuma la presidencia del G-20, en diciembre próximo, coordinará la inclusión social y la lucha contra el hambre, el desarrollo sostenible y la reforma a las instituciones del gobierno global.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro, de Colombia, reprobó que no se dispusiera de 100 mil millones de dólares para entregar a los países y así defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes —en referencia al compromiso no cumplido por países ricos a este respecto—, pero que sí se contara, en un solo día, con fondos “para que se maten rusos y ucranios entre sí”.

En tal sentido y desde antes del actual periodo ordinario de sesiones, la postura de México fue muy clara: el presidente López Obrador ha reiterado que si el presupuesto destinado a la industria armamentista se utilizara para otros fines, como el desarrollo de los pueblos y la creación de oportunidades laborales, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos problemas como el del fenómeno migratorio.

Con respecto a la reforma a la arquitectura financiera global, las participaciones y los debates se centraron en que se deben reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional de Comercio, entre otras, para que sirvan como palanca de financiamiento, por ejemplo, a las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el espacio para el debate general de alto nivel, al inicio del 78 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se conocieron las diferentes posturas y desafíos que enfrentan la ONU y el planeta. Aún estamos a tiempo para realizar los cambios que demandan el mundo y las instituciones globales, sobre todo en un tiempo de paz y estabilidad relativas que, sin duda, hay que cuidar y acrecentar por el bien de todas y de todos.

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Europa es importante para América Latina y el Caribe (ALC) en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la inversión del bloque ronda los 800 mil millones de euros, y el comercio se expandió un 40 por ciento durante la última década. Juntos constituyen el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y 27 de 33 países de ALC tienen acuerdos de cooperación con Europa.

La cumbre fue una muestra del acercamiento que ha buscado España con América Latina durante su presidencia rotativa del bloque, más allá de la narrativa de hermandad o identidad cultural. Otro paso fue la definición de la agenda Global Gateway UE-ALC, que pretende movilizar recursos financieros para apoyar proyectos prioritarios en temas de desarrollo sostenible, transformación digital, infraestructuras sanitarias y producción de energía.

Mediante esa iniciativa, hacia 2027 se invertirán 45 mil millones de euros en propuestas que contemplan llevar conectividad a Colombia; la producción de hidrógeno verde en Chile y Uruguay; la movilidad sostenible en San José, Quito, Bogotá, Montevideo y São Paulo; la masificación de la energía renovable en Jamaica, y proyectos de agua y saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en todo Ecuador, entre otras.

En el caso de México, se informó que la inversión se enfocará en temas de transición energética, bonos verdes y manejo de cuencas. Se pondrá especial énfasis en el Plan Sonora. Para dar seguimiento a las propuestas e iniciativas, hace unos días se reunieron en Santiago de Compostela, por primera vez, los ministros de Finanzas de América Latina y el bloque europeo, con la presencia de directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En ese foro, nuestro país reiteró estar a favor del crecimiento económico sostenible, resiliente y equilibrado, y que la transición energética se debe ver con una óptica de justicia social y equidad. También demandó el acceso equitativo a recursos financieros para impulsar proyectos que tengan como eje rector el bienestar de las personas.

Los trabajos giraron en torno al tema “Hacia una economía global, verde y digital”, y se dio a conocer que se trataron dos asuntos cruciales: por una parte, empezar a concretar el financiamiento y la operación de las iniciativas definidas en la Global Gateway. El CAF dará acompañamiento en 67 de estas propuestas. También se estableció un sistema de gobernanza para dar seguimiento a los avances.

El segundo gran componente de la reunión fue la discusión sobre la arquitectura financiera global. Recientemente, diferentes actores del sur global —sobre todo— han cuestionado la capacidad de las instituciones internacionales para promover el desarrollo sostenible de manera eficaz. Ya se discutió sobre ello en múltiples foros, como en la cumbre del Grupo de los 20, en las Naciones Unidas y en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, todavía no se observan pasos sustanciales en concreto.

Adicionalmente, Europa señaló que existe la voluntad de avanzar en la negociación de los acuerdos comerciales con América Latina, incluyendo el de México, el de Chile y con Mercosur. Aquí lo importante es que las condiciones beneficien a las dos regiones y no sólo obtener beneficios por los recursos naturales de este hemisferio. Todavía hay algunos puntos por acordar, como la definición de estándares ambientales y climáticos. En este sentido, el bloque apenas dio a conocer el reglamento europeo de deforestación que ya generó inconformidad en 17 países, entre ellos México, por la posibilidad de promover una vuelta al proteccionismo.

Por lo pronto, nos alegra que la relación con Europa aterrice en medidas específicas y considere el bien birregional. Como afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “se trata de crecer juntos”. Somos socios importantes. En el camino hacia una mayor cooperación seguramente encontraremos desafíos que habrá que encarar de la mejor manera en beneficio de todas las partes.

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Junto con otros mandatarios amigos, el presidente de México llegó a Chile para participar en la ceremonia conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Unos meses atrás de esa fecha fatídica, el presidente Salvador Allende visitó nuestro país y acudió a la Universidad de Guadalajara. Ahí habló de su visión, de la importancia de la juventud en el cambio social y la necesidad de terminar con las condiciones de desigualdad que prevalecían en el sistema internacional entre poderosos y países pobres. Allende concluyó ese discurso con un agradecimiento a la solidaridad que le brindaba el pueblo mexicano, a quien consideró “como amigo” de su patria.  Cabe recordar que entonces Chile enfrentaba una situación adversa internamente y también el hostigamiento por parte de las potencias que veían con recelo al nuevo régimen socialista, el primero en llegar por decisión en las urnas.

México tuvo oportunidad de demostrar su amistad meses después de este mensaje del doctor Allende cuando, ante el horror del golpe militar, le abrió las puertas a los chilenos que escapaban de la persecución política, en particular a la familia del presidente. El embajador de México en Chile entonces, Gonzalo Martínez Corbalá, asumió con grandes riesgos pero generosa determinación alojar a quienes buscaban auxilio y buscar el salvoconducto para su salida del país. Reprodujo la tradición diplomática de México de brindar asilo a los perseguidos por sus ideas. En México este exilio ha enriquecido la vida productiva y ha hecho aportaciones a la ciencia, al arte y a la educación, en tanto distintas instituciones albergaron a profesores, investigadores o literatos sudamericanos. Ahora viven en nuestro país unos 6 mil chilenos, según datos del último censo, y se calcula que la mitad llegaron por razones políticas. Fueron parte de los cientos de miles que escaparon de la intolerancia y la violencia.

Gabriel García Márquez dijo que el golpe: “ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre”. La fuerza se impuso a un régimen democrático, se anularon las ideas, se impusieron las armas, se destruyó a quien pensaba diferente y se aniquiló al gobierno del cambio. De ahí la importancia del documento que suscribieron los expresidentes vivos chilenos a iniciativa del mandatario Gabriel Boric, el Compromiso de Santiago, en favor del cuidado y la defensa de la democracia, la condena a la violencia, la promoción y respeto incondicional de los Derechos Humanos, sin anteponer ideología alguna, y el fortalecimiento de los espacios de colaboración entre Estados.

Chile y México están unidos en esta fecha crucial, con una historia en común. Como ha señalado el presidente Boric, ha habido grandes gestos de solidaridad en el pasado. Sin embargo, la relación bilateral también se enmarca en el presente y mira hacia el futuro en términos económicos, culturales y educativos. De hecho, el mandatario chileno comentó que el próximo año se revisará el tratado comercial para renovarlo, a los 25 años de haberse suscrito.

Ahora México y Chile comparten una visión de Gobierno con un sentido social. En México estamos en el proceso de consolidar el cambio. Para hablar de democracia plena es necesario generar condiciones de bienestar social en favor de la mayoría y terminar con los privilegios de unos cuantos. Ya hemos sentado las bases. En el trayecto, ha predominado el pluralismo, el diálogo con quienes piensan diferente, la rendición de cuentas y la escucha atenta al pueblo.

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El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 64/35, que declaró el 29 de agosto como Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La iniciativa, propuesta por Kazajistán, celebró la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalátinsk, que ocurrió en esa fecha, pero de 1991. Más tarde, en octubre de 2013, la misma Asamblea General, mediante su Resolución A/RES/68/32, estableció el 26 de septiembre como Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

La llegada de la era nuclear —tras las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki— y las consecuencias de la segunda gran contienda mundial trajeron consigo la necesidad de abordar todos los esquemas y problemáticas alrededor de esta realidad. El uso exclusivo de la energía atómica para fines pacíficos; el debate sobre el acceso a la tecnología y materiales nucleares, así como la erradicación de los armamentos nacionales, las armas atómicas y las demás relacionadas con la destrucción colectiva, fueron apenas algunos de los esfuerzos iniciales. Sin embargo, estos pronto quedaron limitados ante las graves diferencias políticas existentes entre las principales potencias.

Aun así, el impulso internacional prosiguió, y en 1957 nació el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con la finalidad de promover y controlar la tecnología nuclear. Pronto, en 1960, el principio de no proliferación nuclear cobró un impulso destacable. Desde ese momento se sucedieron una serie de tratados multilaterales y regionales para prevenir los ensayos nucleares, así como avanzar en el desarme nuclear. Por mencionar un par de ellos, en 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN/CTBT), y en julio de 2017 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor en enero de 2021.

Hasta el momento, el TPCEN cuenta con 186 signatarios y, de estos, 178 ratificaciones. Sin embargo, para su entrada en vigor, son necesarias las firmas y ratificaciones de los 44 países listados específicamente en el documento, es decir, aquellos que en 1996 poseían capacidad nuclear. De esos 44, falta la adopción de ocho Estados nucleares de facto. Para Estados Unidos, China, Irán, Israel y Egipto es necesaria la ratificación. Mientras la India, Pakistán y Corea del Norte ni siquiera han firmado el documento.

En este marco, a pesar de que algunos Estados optaron por la nuclearización, otros abrazaron la doctrina de la disuasión nuclear y con esta el compromiso de renunciar a los armamentos o de probar en su territorio alguna arma atómica. De los cinco instrumentos sobre zonas regionales libres de armas nucleares, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (1967), mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, es un documento pionero en la materia, impulsado por México en respuesta a la entonces crisis de los misiles en Cuba.

De 1945 a la firma del TPCEN, más de 2,000 ensayos nucleares se realizaron en todo el mundo. Y después de 1996, se han llevado a cabo una decena de pruebas con armamento nuclear. Las explosiones fueron terrestres, subterráneas y submarinas. También hubo ensayos atmosféricos.

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) señala que son nueve los países que actualmente poseen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, Francia, el Reino Unido e Israel. Aunque el caso israelí sigue sido motivo de controversia, ya que el Gobierno de ese país nunca ha reconocido públicamente poseer ese tipo de armamento. Asimismo, el Instituto estima que el total de armas nucleares disponibles a nivel mundial es de alrededor de 13,000 unidades. Una cifra calificada por criterios expertos como preocupante.

En su reciente posicionamiento, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, llamó a una prohibición jurídicamente vinculante de los ensayos nucleares como un paso fundamental en la búsqueda de un mundo libre de armas nucleares y exhortó a los países faltantes a firmar el TPCEN. Asimismo, Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, planteó considerar los retos presentes como una llamada urgente para lograr la entrada en vigor del Tratado, y propuso a los Estados faltantes adoptar el instrumento durante la próxima reunión de Estados parte que se celebrará en Nueva York a finales de noviembre, y que será presidida por México.

Abrazando la tradición y vocación de nuestro país junto con su firme compromiso con la proscripción y disuasión de la amenaza nuclear, hacemos votos y conjuntamos voces para sumar esfuerzos en el camino hacia un mundo libre de armas nucleares. Particularmente, frente a la realidad actual de alerta e incertidumbre latente luego del reimpulso de un rearme mundial que, sin duda, ya ha traído consigo nuevos retos que requieren redoblar las voluntades en esa lucha.

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Así inicio el proceso que llevará a la próxima elección presidencial del 22 de octubre de 2023. El actual mandatario argentino, Alberto Fernández, no buscará su reelección, por lo que su partido y el resto de las organizaciones políticas eligieron los perfiles que contenderán en los comicios, incluido el presidencial.

Concluidas las elecciones primarias, el primer puesto se lo llevó Javier Milei, ultraderechista, con el 30 por ciento del voto nacional. De las 24 provincias totales, ganó 16, un resultado muy importante considerando su recién ingreso a la política.

El segundo lugar lo alcanzó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, con el 21 por ciento de la votación. Y en tercero, con un 17 por ciento, quedó Patricia Bullrich, candidata ganadora de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio (JxC) y ex ministra de Seguridad.

Milei, el ganador, ataca a lo que llama “casta política” y se presenta como un candidato antisistema que, en pocas palabras, busca dar marcha atrás a todo lo construido hasta ahora en Argentina. Desde su perspectiva, el Estado sólo tiene que ser responsable de la seguridad y la justicia, mientras que el resto de las actividades sociales se autorregularán con el mercado.

Entre sus propuestas más controversiales se encuentran vender todos los activos del Gobierno, desmantelar el Banco Central, eliminar los programas sociales, desarrollar un mercado legal para la venta de órganos humanos y poner fin a la educación sexual en las escuelas.

Es posible que los resultados favorables para Milei radiquen en el sentimiento de enojo frente a la actual situación económica en Argentina, pero aún hay un enorme tramo electoral en el cual estos temas controversiales se discutirán de frente a la sociedad. Durante la campaña presidencial, estas propuestas, entre otras tantas, podrían resultar menos viables a la vista del ojo público. La discusión seria que demanda un proceso de este tipo podría —quizá— debilitar la agenda del candidato.

El segundo en las elecciones primarias, el todavía ministro Massa, podría dar una interesante batalla. Distinto de otros liderazgos de la izquierda argentina, es mucho más pragmático y puede que esté de acuerdo con la necesidad de reformar drásticamente la economía, aunque por ahora muestre un rostro menos radical, por las propias divisiones y discusiones en el movimiento peronista.

Por su parte, la exministra Bullrich también enfrentaría una cruzada importante para competir en la segunda vuelta electoral. Principalmente porque su partido y ella misma son cercanos a algunas propuestas de Milei, por lo menos, en las críticas al actual Gobierno. Su oportunidad se encuentra precisamente en mostrarse como una vía alterna a la situación presente, pero con mayor sensatez y criterio que el candidato de ultraderecha.

Por ahora, resta mantener la atención en ese país con el que México tiene profundas simpatías recíprocas, similitudes e históricas relaciones de amistad. No hay duda de que las próximas elecciones representarán un reto para las instituciones que, independientemente de quien llegue al poder, tendrán la dura tarea de mantener el orden democrático en todo el territorio, a la vez que atienden la profunda crisis económica.

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También se vive una alta intensidad preelectoral, con la definición de los candidatos para 2024 en El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y, eventualmente, Venezuela. En nuestro país estamos en la recta final para elegir a quienes defenderemos el proyecto de la Cuarta Transformación el próximo año, en tanto que la oposición avanza también en su proceso interno hacia los comicios presidenciales.

Es de destacar que de 2018 al 2022, la oposición venció en el 76 por ciento de las elecciones (presidenciales, legislativas, estatales y locales) en América Latina. Solamente en Paraguay, Venezuela y Nicaragua ganó el oficialismo. Además, podemos observar que en este periodo ha sido más frecuente el triunfo de partidos de izquierda y centroizquierda frente a los conservadores. Según registros de académicos, en este tiempo 10 comicios presidenciales han sido para las fuerzas progresistas y 7 para la derecha.

Hace unos días asumió la presidencia de Paraguay Santiago Peña, del conservador Partido Colorado, cuyos principales retos son la reactivación de la economía, la superación de la pobreza y la lucha contra la corrupción. Otro desafío será su actuación en el ámbito internacional, sobre todo por sus relaciones con la Unión Europea y con China.

El domingo 20 de agosto en Guatemala la sociedad votó por el cambio y en contra de la corrupción. Después de un sorpresivo segundo lugar en las elecciones de primera vuelta, Bernardo Arévalo será el nuevo presidente. Venció a la ex primera dama de la República, Sandra Torres, en su tercer intento por llegar al poder. Arévalo es sociólogo y exdiplomático. Se enfrentó a un proceso preelectoral muy complicado y lleno de resistencias. Los fiscales intentaron excluirlo varias veces de la contienda. Finalmente, el espaldarazo de la sociedad se tradujo en casi 25 puntos de diferencia con Torres. En enero del próximo año, Arévalo asumirá como jefe de Gobierno para responder a los desafíos que el país enfrenta, como la inseguridad generalizada, altas tasas de pobreza y hambre, un flujo migratorio constante que busca llegar al norte y la falta de transparencia en las instituciones.

En Ecuador, también el 20 de agosto pasado se llevaron a cabo elecciones, en este caso de manera anticipada por la llamada “muerte cruzada”. En esta ocasión sorprendió uno de los candidatos que pasan a la segunda ronda, el empresario Daniel Noboa, quien enfrentará a la candidata correísta, Luisa González. Hemos observado que el proceso electoral ha estado rodeado de violencia. No hay duda de que lograr condiciones de seguridad para la población será uno de los mayores retos de quien asuma las riendas del país por 15 meses.

En Argentina la moneda está en el aire, con la ultraderecha fuerte y una situación económica difícil. Hace unos días, las primarias para elegir candidatos sorprendieron con la victoria de Javier Milei. Todavía las fuerzas se pueden realinear para que el progresismo avance. Seguiremos con atención los resultados de la primera vuelta en octubre próximo.

La comunidad de América Latina y el Caribe enfrentamos retos comunes: inseguridad, terminar con la pobreza, generar condiciones de prosperidad, combatir la corrupción, evitar la fragmentación social y la polarización, y avanzar en temas de justicia y equidad. Quienes gobiernan lo hacen en regímenes plurales en el que el diálogo es elemento fundamental para construir las reformas y diseñar políticas públicas. Este principio, el de la representación de las diferencias, imprime dinamismo y vitalidad a las democracias.

En México, quienes buscamos encabezar el proyecto del cambio social, planteamos anteponer el bien público y la solidaridad sobre los privilegios de unos cuantos que han dominado por décadas. Estamos conscientes de que consolidar la transformación y construir el país que queremos requiere de unir esfuerzos con un enfoque de largo plazo.

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El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes que, en su mayoría, partieron en búsqueda de mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y Estados Unidos representa cerca del cuatro por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.

Las cifras de los últimos dos meses reportan un aumento general del 26 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos, y un incremento del 45 por ciento de menores sin acompañamiento, además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte, que son desplazadas por traficantes. Al mismo tiempo, nuestro país se ubica —junto con España— en la tercera posición mundial con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania.

La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes es que también somos una nación de acogida, lo cual suma nuevos retos por atender: el cuidado de la diáspora mexicana; el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de connacionales y extranjeros en retorno.

El contexto migratorio pareciera rebasarnos con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts en Estados Unidos se han visto afectados por el repentino incremento del flujo migratorio. Tanto el alcalde Adams como la gobernadora Healy califican la situación como insostenible, con presupuestos insuficientes para atender a las personas migrantes que requieren de hogar, comida, asistencia médica, educación, etc. Por ello, han pedido al Gobierno estadounidense que se declare estado de emergencia, les otorgue presupuesto y facilite el permiso de trabajo bajo el estatus de protección temporal para las y los inmigrantes que arribaron en forma masiva en el último año.

La realidad del flujo migratorio en nuestro país es similar, si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo, la estrategia restrictiva y los programas productivos en el sureste del territorio nacional y el Triángulo Norte centroamericano no han disuadido la necesidad de migrar y rebasaron la capacidad de gestión gubernamental.

Como escribí anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, teniendo claridad de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajar desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles basadas en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentando marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.

México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos; habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen; explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas, y la integración socioeconómica de las y los migrantes.

Lograr esto materializaría el fenómeno migratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: RicardoMonrealA

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