Esta semana Chile reiniciará el diálogo político para impulsar un nuevo proceso constituyente, luego de que el pasado 4 de septiembre, con una participación alta e histórica, más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos rechazaran el texto elaborado por la Convención Constitucional a lo largo de un año. El comienzo es confuso, el diálogo es clave y los consensos serán la pauta para culminar este proceso.
Con la derrota del referéndum, un contexto marcado por el conflicto mapuche al sur del país y la crisis de seguridad y económica, se dieron los primeros cambios en el Gabinete del presidente Gabriel Boric. Entre los movimientos, dos importantes figuras de la política tradicional llegaron para liderar el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia. Se trata de Carolina Tohá, del Partido por la Democracia (PPD), y Ana Lya Uriarte, del Partido Socialista (PS), respectivamente.
Como primeros pasos hacia un nuevo diálogo, y en lo que sería un tercer proceso constituyente, las conversaciones políticas han definido algunos lineamientos y hablan de establecer límites. Así, la nueva Convención Constitucional deberá ser electa en su totalidad por la ciudadanía y ser paritaria. Para apoyar y acompañar el proceso, la coalición gobernante, Frente Amplio (FA), propuso establecer un comité de personas expertas conformado por un/a integrante de cada partido político con representación parlamentaria. Igualmente, mediante otro referéndum de salida, el país deberá aceptar o rechazar el nuevo texto. En este insólito camino, las distintas fuerzas políticas ya emitieron sus primeras voces y posturas.
La ministra Uriarte mencionó que el proceso para esta nueva Constitución parte de una “página en blanco”, y que se espera que incluya materias como paridad, pueblos originarios y participación de independientes, entre otras.
FA señaló que la Convención debe ser electa por la ciudadanía, tener representación paritaria y escaños reservados; contar con la colaboración de independientes, con fórmulas vinculantes de participación ciudadana, y la intervención municipal y del Gobierno. De igual modo, sugiere que sus trabajos no se extiendan más allá de cinco meses, y que el texto esté listo en 2023. Bajo este propósito, la elección de convencionales debería realizarse en abril próximo; la Convención iniciaría sus labores en mayo y el plebiscito estaría celebrándose a finales de 2023.
Siguiendo a FA, Democracia Cristiana sugiere un proceso paritario, con mayor representación de los partidos políticos nacionales, dedicar al menos seis meses para elegir a las y los convencionales, y considerar escaños reservados, pero en proporción a votación según padrón y con cupos para personas con discapacidad. Asimismo, la Convención funcionaría durante seis y hasta 12 meses, y en caso de que este texto también fuera rechazado, propone adoptar la Constitución de 2018.
El texto de 2018, el primer proceso constitucional que Chile experimentó y que se debatió durante la gestión de la exmandataria Michelle Bachelet, incluye la consagración del Estado social, el mandato presidencial de seis años, el derecho preferente de las madres y los padres para educar a sus descendientes, la libertad de enseñanza inherente al derecho a la educación, el derecho al trabajo y a la protección, entre otros aspectos.
Entre los pronunciamientos de la centroderecha, el presidente del partido Renovación Nacional, Francisco Chahuán, afirmó no ser partidario de una hoja en blanco y que, como punto de inicio, preferiría la Constitución de 2018. Y para Javier Macaya, presidente del partido Unión Demócrata Independiente, el comité experto tendría que analizar temas como Chile Estado unitario, derecho a la propiedad, tener dos sistemas de justicia, Poder Judicial, y desaparición del Senado.
En otras voces, el senador Jaime Quintana del PPD y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ambos en la centroizquierda, proponen que la Convención considere los tres poderes del Estado, así como la autonomía de instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público o el Banco Central.
Respecto al comité experto, la derecha propone, antes de elegir a convencionales, conformar un comité político técnico basado en la representación política del Congreso, o bien, integrado por exmandatarios, ex líderes legislativos, de la Contraloría o de la Corte Suprema, que elabore un borrador con directrices o “limites” para quienes escribirán la nueva Constitución. En lo que se refiere a independientes y escaños reservados, recomienda que vayan en listas de partido o de manera autónoma, es decir, que sean proporcionales a su electorado inscrito.
En este nuevo camino, los diferentes partidos ya exponen sus objetivos y pretensiones para dar continuidad a un nuevo proceso. En la búsqueda de concertar acuerdos sólidos y plurales entre los diferentes actores y fuerzas políticas, los consensos deben vencer los obstáculos políticos para contrarrestar la polarización.
El nuevo documento deberá reflejar la realidad política, en un marco en el que ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría para imponer su visión. Sin duda, de la voluntad política dependerán la estabilidad y el futuro de Chile.
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