Decreto presidencial que recorta aguinaldo, Viola los derechos laborales: COPARMEX

El decreto presidencial publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que recorta el monto de 40 a 20 días de aguinaldo a los servidores públicos federales, representa una grave violación a los derechos adquiridos de los trabajadores.

La intención de colocar un decreto por encima del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ilegal debido a que en dicho apartado se establece con claridad que los salarios no podrán ser disminuidos al haber sido considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

Asimismo, eliminar la prestación del aguinaldo es contraria al artículo 127 constitucional, en el cual se resalta que la remuneración que reciban los trabajadores será irrenunciable, ya que representa el esfuerzo anual de decenas de miles de servidores públicos federales, que desempeñan sus labores con eficiencia, esfuerzo y constancia.

El reducir los ingresos de los trabajadores, justificando la falta de dinero para combatir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, en la que nos encontramos, es contraria al bien superior que debe promover, proteger y garantizar el Gobierno Federal.

Además, resalta un criterio discrecional, al establecer la disminución del aguinaldo solo para burócratas y no para personal militar o sindicalizados, lo cual demuestra una total discriminación de aplicación en dicha medida.

“En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que el dinero que el Gobierno Federal desea obtener recortando el aguinaldo a sus trabajadores, debería de tomarse de los recursos destinados a los grandes proyectos del Ejecutivo, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas”.

Se denunció que los caprichos gubernamentales no deberían cumplirse a costa del ingreso de miles de servidores públicos que viven al día. Por todo lo anterior, la COPARMEX manifiesta su tajante rechazo a esta medida ilegal e inconstitucional, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que rectifique su decisión.