Janet Galindo
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, instó al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, no dar “ni un paso atrás” en las revisiones que, por ley, dicha instancia está obligada a realizar sobre el gasto que las dependencias federales, empresas paraestatales, así como estados y municipios, ejercen con recursos públicos.
El perredista sostuvo que el “compromiso contra la corrupción debe superar la simple posición de un discurso hueco utilizado cada vez que es útil para el posicionamiento mediático”.
En el marco de la recepción de la entrega del Informe Final del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, así como de la Tercera Entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Castañeda Navarrete recordó que, en febrero del año pasado, esta función intentó ser invadida por el Ejecutivo Federal, quien no aceptó los resultados (particularmente en el costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde se reportó que habría sido de, al menos, 331 mil 966 millones, el triple de los 100 mmdp dichos por el gobierno de López Obrador) e intentó “enmendar la plana”.
“Ese episodio marcó en nuestra historia de fiscalización, un antecedente negativo porque obligó a esta Auditoría a hacer una revisión de un trabajo que tenía todas las tablas técnicas para sustentar -con datos- la conclusión del informe” y que apenas hace dos días concluyó que el costo fue de 113 mil 327 millones de pesos.
“No debemos de dejar -llamó el perredista- que se haga escarnio público de las instituciones democráticas que hemos desarrollado y que se suponen como contrapesos y modelos de vigilancia para un proceso de transparencia y rendición de cuentas integral”.
Dejó en claro que, en un sistema de división de poderes, la fiscalización de la cuenta pública se convierte en un ejercicio necesario; mismo que ejerce la Cámara de Diputados de manera exclusiva a través de un órgano con autonomía técnica y de gestión. Con ello -subrayó- se garantiza que no existan consideraciones políticas en la revisión, evaluación y sanción del gasto público.
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