Triques
La impunidad de los delitos electorales se consuma cuando se afirma que las anomalías cometidas no alteran los resultados. Entonces, la sanción se debilita y la ley se hace laxa. El delito grave queda sin castigo. La fuerza de la acusación disminuye hasta desparecer como si se tratara de una anécdota y nunca se hace justicia.
Así, incurrir en el delito grave de fraude electoral tiene garantizada la impunidad, porque si gana el partido que el fraude favorece, se llena de gloria el operador del fraude y pasa a formar parte del gobierno automáticamente, pero si pierde y su trabajo no sirvió para revertir el resultado, dada la gran diferencia de votos, la denuncia se abandona, la ratificación de la acusación y la confirmación de la denuncia son olvidadas.
El frade electoral, en cualquiera de sus expresiones es un delito grave desde finales de 2018, es decir, casi cinco años de ser un clasificado con esta categoría que pareciera todavía no existir.
Los medios estuvieron reportando el 4 de junio y desde días antes la serie de anomalías que cometía, principalmente el PRI, desde su nacimiento, para tratar de ganar la elección del Estado de México. Los medios tradicionales exaltaron la detención de un ex alcalde de Morena que traía en su cajuela propaganda de su partido. Papeles que no estaba exhibiendo y que habían sobrado de la campaña; es decir, no había delito que perseguir, pero eso fue lo que documentaron periodistas y columnistas pagados previamente para magnificar este tipo de noticias.
Mientras los ingenuos están distraídos con el supuesto delito del morenista, panistas y priistas hacían de las suyas comprando votos, repartiendo despensas, chantajeando a sindicalizados, obligando a empleados a votar a su favor, embarazando urnas, etc. Los hechos se denunciaban seguían su cauce legal, pero milagrosamente, no llegaban a los medios tradicionales.
Era tanto el escándalo que el periódico español El País, realizó un reportaje sobre el tema al que tituló: “PAN-PRI.PRD hicieron fraude en Edomex y Coahuila”, donde se da cuenta de las anomalías que sucedieron a manos de los priistas y panistas para tratar que ganaran sus candidatos. La diferencia fe tan grande que no pudieron revertir los resultados pero sí lograron un hueco informativo que señala que las elecciones fueron reñidas sin serlo.
El País señala que los fraudes cometidos que detalla de ninguna manera obligan la anulación o el recuento de votos representaría algún cambio en los resultados, todo a la gran diferencia de voluntades ciudadanas que dejaron atrás un promedio de 8 por ciento del total de los votos, porque la campaña fue intensa.
Según el periodista de ese medio Zedryk Raziel señala que “la alianza recurrió a la práctica de las “casillas zapato”, es decir, urnas “hechas a la medida”, que son aquellas que tienen un porcentaje anómalo de más del 90 por ciento hacia algún candidato o candidata, y que también hubo casillas, en especial en el Estado de México, donde se contabilizaron más votos que personas registradas, y que favorecían a la alianza.
Para nadie fue ignorada la anomalía clásica en las casillas especiales, donde policías de diferentes municipios, como se metieron a la fila donde estaban formados los ciudadanos para votar antes que ellos, con el pretexto de que estaban de servicio, y debían votar rápido; sin embargo, lo que hacían era impedir el voto de la población, mientras los uniformados votaban por la alianza del PAN y PRI, impidiendo a los ciudadanos expresa su voluntad, que en su gran mayoría votó por Morena.
Según el reportero Zedryk Raziel, en los resultados del PREP se puede observar que hubo casillas donde todos los votos de una misma sección electoral fueron para el PRI. Uno de los casos citados fue en el municipio de Huixquilucan, donde hubo decenas de casillas con entre el 90 y el 99 por ciento de votos a favor de la candidatura de Del Moral. En total, 78 urnas tuvieron ese volumen de votación atípica, 30 mil 428 sufragios a la priista, contra mil 233 para Morena.
Continua el reportaje: “En Cuautitlán Izcalli, en la casilla básica de la sección seis mil 195, se contaron mil 858 votos, cuando sólo podían acudir a sufragar 667 personas, y que de los cuales mil 680 votos, 90 por ciento, fue para la candidata priista”.
Los delitos electorales deben seguirse de oficio, desde el momento que se trata de una falta grave; sin embargo, la impunidad invita a repetirlas.
