Columna: Expedientes MX
Los acontecimientos ocurridos con la muerte del joven actor Octavio Ocaña a manos de policías municipales de Cuautitlán Izcalli, no es un caso aislado. Desde hace unos años, el actuar de estas unidades de seguridad pública han sido puestas en entredicho: actúan con prepotencia con vendedores ambulantes, no tienen protocolos de actuación y muchas veces mueren los detenidos, son golpeados, nunca escuchan argumentos legales y son violentos. Me consta.
El resultado es una desconfianza pública extrema acerca de la aplicación de la ley, la falta de una denuncia correspondiente a la mayor parte de delitos y la ausencia de una investigación de los pocos delitos que se registran. Una desbordante impunidad ha llevado a muchos tomadores de decisiones, así como ciudadanos, a ver al cuerpo policial municipal en términos de una “causa perdida”.
Sin embargo, existen evidencias disponibles que comprueban que sí es posible una reforma a las policías municipales para que puedan combatir el delito de manera eficaz y responsable. Para efectuar un cambio tal, los gobiernos federal, estatal y municipal deberán invertir en exhaustivos esfuerzos de reforma policial que generalizan capacidades investigativas y la debida capacitación de policías para cuando éstos interactúan con ciudadanos y víctimas.
Una evaluación. El 23 de septiembre de 2020, World Justice Project y el Mexico Institute del Wilson Center convocaron en conjunto una mesa redonda virtual a fin de hablar de problemas interrelacionados que surgen de la impunidad y la inseguridad en México, así como del papel del cuerpo policial municipal en su forma de obstáculo y a la vez agente de cambio.
A grandes rasgos, ahí se estableció, que en la gran mayoría de casos criminales —tales como asaltos, robos y fraudes— la mayor parte de la población mexicana suele tratarse sólo con policías locales. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) ha realizado encuestas que demuestran que las percepciones de ciudadanos acerca de su seguridad personal, tienen una correlación directa con la confianza que tengan en cuerpos policiales municipales.
Tal hallazgo sugiere que los retos a que se enfrenta la seguridad en México no pueden resolverse tan sólo a través de cuerpos policiales federales. El país, por ende, enfrenta una paradoja con notables implicaciones en términos de política pública: mientras los cuerpos policiales municipales son en gran parte los responsables de la impunidad y las causas de ésta, esos mismos cuerpos, para los expertos, deberían constituir una parte principal de las soluciones.
Hay que ser claros: en México, no se investiga, ni mucho menos se cierran la gran mayoría de casos criminales, debido a una ambigüedad legal, se descartan la mayor parte de denuncias. Pese a que los policías son los primeros respondientes, se les prohíbe recibir denuncias. Si alguien llega a ser la víctima de un delito menor, probablemente no va a estar tan dispuesto a pasar horas en el Ministerio Público a causa de un agravio de que cree seguro no se va a resolver. ¡Si no se denuncia la infracción, tampoco será investigada!
Esta tendencia ha empezado a cambiar, por ejemplo, algunos cuerpos policiales locales en México incluso presentan denuncias digitalmente; práctica que sin embargo resulta poco común, ya que las investigaciones policiales de delitos deberán ser inteligentes, estratégicas y contar con una clara orientación comunitaria.
Los datos no son nada alentadores para la policía municipal. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU) esta institución es la peor evaluada ya que el 52.2 % de la población externó se desconfianza ante esta autoridad.
Peor aún, de los dos mil 439 municipios, más de 400 no cuentan con policía municipal, el 40.5 % de los policías perciben entre mil y cuatro mil pesos mensuales, el 20.4% gana menos de mil pesos al mes, el 68.3% de los policías municipales tiene un nivel de educación básica, y existe un analfabetismo de casi un 2% en sus filas.
Se trata de encontrar una salida a este dilema. Los policías municipales no pueden seguir violentando derechos humanos. Se deben de encontrar fórmulas de entendimiento entre la autoridad y el ciudadano. La civilidad, es lo que más nos hace falta en este momento. Y todos debemos cooperar.
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