Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por ser inconstitucional, Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), señaló que sigue siendo necesaria una legislación que proteja los datos personales de los ciudadanos y regule el descontrol en la venta de chips de telefonía móvil que son utilizados para cometer delitos, entre ellos las extorsiones.
El especialista citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 el país registró una cifra récord de 9,407 víctimas de extorsión, un incremento del 12,3% respecto al año anterior cuando la cifra se situó en 8,380 afectados. Zacatecas fue el Estado donde más extorsiones se registraron con un 27,8%, seguido de Guanajuato (26%), Quintana Roo (22%), Tabasco (21%) y Ciudad de México (20%).
Ante ello, Sapién argumentó que actualmente se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para cometer un secuestro, mientras que las extorsiones provienen de más de 220,000 números telefónicos de los que se desconoce su identidad.
“Es necesaria la venta regulada de chips para combatir el crimen y el cobro de derecho de piso en México”, sostuvo.
Consideró que el gobierno federal puede insistir con el tema presentando una nueva iniciativa al Congreso, pero en esta ocasión que garantice la protección de la base datos, misma que -propuso- podría operar el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Surgió instalar un grupo multidisciplinario con expertos para redactar la nueva iniciativa.
El CNSP es la agrupación más importante de empresarios de seguridad en México, con interlocutor nacional con las autoridades locales, federales y legislativas.
“Es preocupante la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a la ley, debido a que nos vuelve a la problemática que actualmente se está presentado de extorsión y el fraude telefónico. (…) Hoy se queda nuevamente acéfalo, en el limbo normativo, que no se pueda saber la trazabilidad del mal uso que se da a líneas telefónicas. Hoy puede ser tan letal un arma como un teléfono celular. A través de él se hacen extorsiones, fraudes bancarios, secuestros”, dijo Sapién.
“En 2018 se alcanzó un máximo de 12,000 millones de pesos por extorsiones telefónicas, por víctimas concretadas, es decir, que pagó lo que sus extorsionadores le estaban solicitando. Debe llamar la atención que sólo el 16.5% de las líneas de telefonía móvil son mediante un plan fijo, es decir que sí tienen nombre y apellido; el 83.5% son pertenecen al sistema de prepago, el usuario que las utiliza no está identificable”, argumentó.
Propuso que mientras se construye una nueva legislación, el gobierno federal debe comprometerse con el bloqueo de señal al interior de los centros de readaptación social de donde provienen la mayor parte de las llamadas de extorsión, una situación pendiente desde el 2009. Sin embargo, dijo que esto no ha sido posible debido a que el bloqueo afecta también a habitantes de las zonas aledañas.
Reconoció que, previa orden de un juez, actualmente las autoridades de seguridad y judiciales cuentan con mecanismos para rastrear los teléfonos móviles. Sin embargo, consideró imperativo que las autoridades conozcan la identidad del usuario, ya que los chips son vendidos al por mayor, hasta en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Planteó que los datos biométricos ya son requeridos en bancos, tiendas de autoservicio, servicios de gobierno, entre otros.
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