Por Ariel Velázquez
El Grupo Indignación se aprovecha de las comunidades mayas de Yucatán para protestar en contra de las granjas porcícolas de la entidad, lo que se traduce en un acto de manipulación de las comunidades; usadas para protestar incluso contra aquellos proyectos que cumplen con las normas ambientales exigidas por las autoridades federales.
Indignación A.C, incluso es investigada por el Gobierno Federal; acusada por recibir recursos del extranjero con la intención de “frenar” la construcción de varios tramos del tren maya en la península.
El vocero del Observatorio Científico Ciudadano, Humberto Reyes Montiel, acusó a grupo Indignación de manipular a las comunidades mayas para protestar y obstaculizar el avance de proyectos que cumplen con los requisitos exigidos por la Ley, como en el caso de las granjas porcícolas de Sitilpech.
“Manipulan a los mayas y les dicen que las granjas, están contaminando su agua: para lo cual con un dron, fotografían una laguna negra, (pero) no es una laguna, es una olla de recepción grande, gigantesca, que está recubierta con polietileno de alta densidad, sellado con ultrasonido los lienzos, para impermeabilizar dicho recipiente”, señaló.
Añadió que estos procesos de ollas de recepción cuentan con el aval de la comunidad científica mundial, procesos que se deben vigilar muy de cerca por los operadores de las granjas, para cumplir con las certificaciones exigidas por las normas de todos sus procesos de cuidado del medio ambiente y de las comunidades de los alrededores.
Reyes Montiel, apuntó que desde el Observatorio Científico Ciudadano del Agua de Yucatán, que agrupa a científicos que cuidan el medio ambiente integrantes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y de la UNAM, han testificado este proceso de producción porcícola altamente tecnificado.
“Es decir, es decir, hay cero descargas, ¿pero dónde está el problema? El problema es que el grupo Indignación y ahora suma Greenpeace, motivan y manipulan a la población maya ignorante y le muestran en videos la laguna de tratamiento aeróbico, y la gente se indigna y dice, ‘malditos granjeros, todo eso va a nuestro suelo, hay que matar, hay que cerrar esas granjas’, ¿Qué crimen están cometiendo estas dos instituciones?, en aras de seguir recibiendo sus prebendas económicas como asociaciones civiles que reciben del exterior”, advirtió.
Atentan contra la economía de la comunidad
En su denuncia, el investigador, Humberto Reyes Montiel, aseveró que el cierre de las granjas representa la pérdida de empleo para muchas familias de las comunidades mayas de la entidad.
“Están manipulando, me da tristeza, me da tristeza porque cuando cierran una planta de estas porcícolas, 100 gente, 100 hogares se quedan sin trabajo, estas plantas ocupan 100 personas, en lugar de andar limosneando, llevar a la gente a los cenotes ¿verdad? o como los veo a los mayas cuando yo viajo con un familiar que me viene a visitar ¿Cómo se atraviesan en la carretera para ganarse un cliente para llevarlo a un cenote y cobrarle 50 pesos? Limosnea el salario.
Estas plantas les dan empleo formal con seguro social a cien personas, por favor ya pasemos a otro tema, si el tema es que la SEMARNAT y el estado de Yucatán, vigilen y obliguen a que todas las granjas que si contaminan cumplan con la norma y decirle a indignación y Greenpeace que cierre lo que no cumpla, pero lo que cumpla no provoquen el cierre de unos empleos en granjas que si cumplen con esto, es a lo que debe de entender el estado de Yucatán”, apuntó.
El investigador afirmó que el proceso de los desechos de estas granjas deja múltiples beneficios a los habitantes de la zona, como la creación y regalo de fertilizantes para sus cosechas, que están certificados como no contaminantes.
Investigan a indignación desde la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga los beneficios económicos que han recibido los dirigentes de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por parte de empresas trasnacionales y que simularon destinarlos a obras de beneficio social.
Entre ellas sobresalen la asociación civil yucateca Indignación A.C., cuyos representantes visibles son Martha Capetillo Pasos, Raúl Lugo Rodríguez, Beatriz Cantú Bacelis y Nancy Walker Olvera.
Desde que se creó esa organización en junio de 1994, es decir más de 26 años, han permanecido inamovibles, pese a pregonar que luchan por la democracia.
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Ésta fundación recibe tan solo de una empresa extranjera (Kellogg) 25 millones de pesos cada año desde el 2013; por lo cual la UIF revisa con lupa el destino de ese dinero, supuestamente destinado para mejorar el nivel de vida de los indígenas mayas, quienes , hasta donde se sabe, no han recibido directamente ningún beneficio, ni servicio médico, combate a su desnutrición, mejores casas, educación para sus hijos, mejoramiento de técnicas de cultivos, apoyo a ancianos y mujeres embarazadas o que son cabeza de familia.
El grupo Indignación es acusado por pobladores de las comunidades maya de frenar inversiones locales, nacionales e internacionales en proyectos a detonar en diversas zonas rurales de la entidad; porque no se ajustan a sus requerimientos, aunque cumplen con todos los requisitos que la ley establece.
Los dirigentes utilizan a los pobladores para presionar incluso a los jueces y dilatar los procesos u obtener resoluciones favorables a su causa, para continuar con alargar los procesos si no se cede a sus intereses.
