El diputado Victoriano Wences Real (PT) mediante una iniciativa, propone reformar el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la Cámara de Diputados contará con el Centro de Estudios de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La creación de dicho centro, contribuirá a la generación de condiciones jurídicas, políticas, institucionales y culturales para que esos pueblos y comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales, señala.
Asimismo, coadyuvará a optimizar el conjunto de instituciones y las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a generar las condiciones propicias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
En su propuesta, turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, indica que se trata de que las acciones legislativas que tienen lugar en la Cámara de Diputados cuenten con mayor fundamento, tanto normativo como en materia de conocimiento de las diversas vertientes culturales, políticas, económicas y sociales que rodean a los pueblos y comunidades.
Expone que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.
También, tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Explica que es necesario se tengan los elementos suficientes para revisar y actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, a fin de que las diputadas y diputados federales puedan disponer de información, estudios, diagnósticos e investigaciones relativos a los diversos aspectos de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de proponer políticas públicas determinantes para que los pueblos originarios amplíen y ejerzan plenamente sus derechos.
Señala que la necesidad de contar con el Centro de Estudios de la realidad indígena, obedece a la evidencia de la pobreza, la marginación y la exclusión persistente que siguen experimentando estos pueblos.
Esto implica que las acciones legislativas e institucionales deben revisarse a fondo, en función de lo cual cobra pertinencia la existencia de ese Centro de Estudios, puntualiza.
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