Como cada inicio de año, la definición de la agenda por desarrollar ayuda un poco a acomodar las piezas del escenario gubernamental. El gran tema que hará girar a su alrededor todos los asuntos pendientes será la gestión del proceso de sucesión presidencial por el cual el presidente de la república definirá al candidato de Morena, sólo que ahora con el agregado de que el candidato escogido gane la presidencia y las mayorías absolutas en las dos cámaras federales.

Como ha ocurrido desde la institucionalización de la sucesión presidencial desde 1884, el presidente saliente de la república se moverá dentro de tres vértices de la continuidad: la personal, la de grupo y la de proyecto. Como no hay modelo político ideal e inamovible, una de las leyes naturales del sistema/régimen/estado priísta que ha funcionado como estructura de poder aún antes de haber fundado el PRI establece que el poder presidencial es intransferible, único y temporal, aún en circunstancias de sucesiones tersas y amigables.

Obregón y Elías Calles sobretensaron la capacidad de ejercicio del poder después de su periodo constitucional y terminaron mal su aventura caciquil. El caso de Salinas de Gortari-Zedillo mostró la continuidad absoluta de grupo y proyecto, pero las circunstancias de Lomas Taurinas condujeron a la ruptura de la interpretación del “beneficiario del crimen”.

Todos los presidentes salientes han jurado y perjurado que gobernaran hasta el último día de su sexenio y ni un minuto más, pero todos han ejercido de una u otra manera una especie de supervisión extransexenal para vigilar la continuidad de su proyecto. El problema del presidente López Obrador radica en el hecho de que el proyecto de Cuarta Transformación no existe como programa estructural y se ha quedado en decisiones coyunturales.

El año de 2022 será clave para lo que debería considerarse como la gran propuesta del presidente López Obrador: la reconstrucción de la preponderancia económica, política y social del Estado ante un proceso creciente de participación de las sociedades civil y empresarial en temas de gobernabilidad y gobernanza. Pero el problema central de este proyecto se encuentra en una política económica con restricciones presupuestales de ingreso y gasto y la imposibilidad de que el Estado pueda cubrir subsidios suficientes a la mitad de la población que padece restricciones sociales.

Los otros dos temas centrales del 2022 estarán en la reconstrucción imperial de Estados Unidos y la colocación de México bajo sus intereses de la seguridad nacional americana y el PIB bajo y desordenado que estaría condenando al sexenio a una tasa promedio de crecimiento anual de 0% y de apenas 2% en los próximos diez años. La pandemia destruyó las posibilidades de modernización productiva de México para aumentar los beneficios del Tratado de Comercio Libre, con el problema adicional de que la reconstrucción del poder económico del Estado requiere de inversiones que no se tienen, de una inexistente planta productiva estatal y de un dinamismo bajo del mercado interno.

A favor de la estrategia gubernamental existe un escenario político favorable a la reconstrucción del centralismo presidencialista: la oposición tiene bajas tendencias electorales y unida podría construir una mayoría, pero las definiciones particulares de cada partido han impedido una alianza de proyecto nacional y solo se han beneficiado de la suma de votos en elecciones legislativas.

En el aspecto político, las elecciones de gobernador de 2022 estarían beneficiando a Morena en cinco estados y la fragmentación del PAN en Aguascalientes estaría ayudando al partido del presidente. Sin embargo, la lucha política no se dará en la zona territorial de los gobiernos estatales, sino en el Congreso federal donde Morena tiene mayoría absoluta de diputados solo con la suma de sus aliados verdes y petistas y esa coalición es primera minoría en el Senado.

En este contexto, la agenda de la sucesión presidencial tiene dos áreas de prioridad política: la conquista de tres gobiernos estatales priístas, entre ellos el del Estado de México en 2023, y la meta definida de ganar más del 50% en diputaciones y senadurías federales en 2024. De ahí que la variable del perfil personal del candidato presidencial morenista vaya de la mano de las candidaturas legislativas asociadas.

Por los temas de la agenda nacional, el 2022 será casi un año de final de sexenio.

Política para dummies: La política es la disputa por el poder como la dominación del otro.

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Durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad,  aseguró que muchas se pagaron, pero no operan por completo.

“Que se revisen los contratos y se investigue a empresas contratadas para colocar cámaras de vigilancia, pues muchas se pagaron, pero no operan”, indicó.

Cabe recordar que el gobierno actual, continuará pagando hasta diciembre del 2021, una cantidad de casi dos millones de pesos mensuales por las cámaras de videovigilancia; contratadas durante la administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

De acuerdo con el contrato, publicado por Página 66, el arrendamiento con la empresa Interconecta; una filial del español Grupo Altavista, los 53 meses de plazo vencen el último día de este 2021.

Cabe señalar que la empresa Interconecta, está involucrada en el fraude del Programa Multimedia de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

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Según sus informes, tanto de la administración de Alito Moreno y su sustituto Carlos Miguel Aysa Gonzáles, son mil 100 cámaras de videovigilancia que operan en siete de 13 cabeceras municipales de la entidad; sin embargo la gobernadora reveló que no todas operan. Por lo que Layda Sansores ordenó investigar empresas y revisar contratos de cámara de vigilancia.

Layda Sansores ordena capacitar a nuevos elementos

Por otra parte, acompañada del secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, y de autoridades civiles y militares; la Gobernadora también pidió capacitar y cuidar que sobre todo los nuevos elementos policiacos no se contaminen de malas prácticas.

Además, Sansores San Román pidió incrementar la vigilancia para impedir la tala clandestina en zonas como Hopelchén y Calakmul; también escuchó el reporte de que se analiza cada caso de internos de los reclusorios del estado para ayudar a obtener la libertad de los que se pueda; y pidió redoblar esfuerzos en ese sentido.

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Las cámaras de videovigilancia, contratadas por Alejandro Moreno Cárdenas durante su mandato, se vence hasta diciembre de este año, por lo que la actual administración continuará pagando casi dos millones de pesos mensuales.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento con la empresa Interconecta -involucrada en el fraude del fracasado Programa Multimedia de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa-; filial del español Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia, los 53 meses de plazo vencen hasta el último día de este 2021.

Según informes, en siete de las 13 cabeceras municipales, la administración de Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González dejaron,  mil 100 cámaras de videovigilancia en operación, la mayoría de la compañía del Grupo Altavista.

El actual dirigente nacional del PRI y Carlos Miguel Aysa apostaron todo a la videovigilancia contra la inseguridad pública creciente y “para la preservación del orden público”.

Inseguridad en Campeche

Sin embargo, la estrategia de la videovigilancia para frenar la inseguridad y prevenir delitos en el estado, no tuvo ningún resultado; pues de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); el estado de Campeche lo ubican entre los mayores índices de delincuencia.

De acuerdo con el reporte oficial, las cámaras de videovigilancia, cuentan con una plataforma de gestión y grabación de video; además, de un software de análisis de videos, con los cuales permite revisar horas de video en minutos; así como reconocer placas, localizar personas y vehículos.

En marzo de 2017, en ese entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, firmó el contrato con la empresa Interconecta. (Fuente: pá66ina)

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“Con el rescate de lanchas de vigilancia que estaban abandonadas y su incorporación al patrullaje en las costas campechanas, y la dotación de cámaras de cuerpo y tabletas electrónicas para levantar denuncias, mejorará la atención que las fuerzas policiacas ofrece a los ciudadanos”.

Esto fue garantizado por la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez.

Y expresó: “Vamos por ganarnos la confianza de la ciudadanía.

“Porque es lamentable que haya bajo porcentaje de denuncia de delitos en el Estado de Campeche.

“Esto debido a que las víctimas piensan en el maltrato que reciben en la Fiscalía, al considerarlo también como pérdida de tiempo”.

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Elementos con cámaras adheridas

La Secretaria de Seguridad Pública anunció que no sólo cambiará el uniforme negro “de combate” que portan los agentes.

Sino que los elementos de la Policía Estatal Preventiva contarán con una cámara adherida al cuerpo.

Esto, para grabar sus actos ante ciudadanos; también tendrán una tableta digital para levantar denuncias.

Además, serán creados grupos de WhatsApp con ciudadanos para obtener información y crear estrategias de vigilancia.

Algo similar al de Proximidad Social de la administración pasada, que conformó comités vecinales de vigilancia en coordinación con policías estatales.

En cuanto a las lanchas que se tenían en resguardo durante dos años por la administración pasada, Muñoz Martínez indicó que estarán activas noche y día  para vigilar las costas.

Así, la Seguridad Pública va por la confianza de la ciudadanía y para eso reformará a las fuerzas policiacas.

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