Desde que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, de manera ilegal, y por cuenta propia, autorizó el paso libre de las unidades motrices ligeras con placas del Estado de Campeche en el Puente Zacatal, el pasado 15 de octubre, 143 mil 231 conductores no pagaron en la caseta de cobro, lo que representa un quebranto de 12 millones 826 mil 423 pesos, de acuerdo con la repuesta a la solicitud hecha a Caminos y Puentes Federales (Capufe), firmada por Laura Elena Gutiérrez Robledo, subdirectora de Transparencia y Control Institucional.

Además, la funcionaria, junto con decenas de seguidores, “clausuró” con lonas la caseta de cobro, por “ser inconstitucional”.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Capufe son las instituciones que tienen la concesión de mencionado viaducto, y se han visto perjudicados desde el 15 de octubre pasado, cuando la Gobernadora abrió un camino alterno a la caseta de cobro del viaducto para que las unidades ligeras con placas de Campeche evadan el pago.

A pesar de que miles de conductores eludieron la Plaza de Cobro 164 Puente Zacatal, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con el número 330003323000092, Capufe, por medio de la Unidad de Transparencia, detalla que durante el 2022 se registró un aforo vehicular de unidades motrices como, motocicletas, automóviles, camionetas, autobuses y vehículos de carga, de dos millones 354 mil 878, el cual representó un ingreso por 334 millones 321 mil 486 pesos, logrando un incremento un incremento de aforo vehicular de 205 mil 257 unidades más que en 2021.

En 2021 la plaza de cobro del Puente Zacatal registró el paso de dos millones 149 mil 621 autos, con una captación económica de 314 millones 298 mil 907 pesos, el cual detalla que a pesar que vehículos ligeros con placas del Estado de Campeche han eludido el pago de caseta.

Ese 15 de octubre de 2022, Layda Sansores San Román aperturó en compañía de diputados locales, así como funcionarios del Estado y municipales, el acceso libre a los vehículos ligeros con placas campechanas en la caseta del Puente Zacatal, e indicó que “no se puede negar el paso a las personas que no tienen dinero”.

“La caseta nunca se debió de haber permitido, porque es inconstitucional, la Constitución Mexicana habla de libre tránsito; se pueden hacer concesiones cuando existen calles o caminos aledaños, pero los atastecos y ciudadanos carmelitas que trabajan o estudian en la Península de Atasta tienen que pasar por la única vía (Puente Zacatal), por lo tanto, no se le puede impedir el paso a la persona que no trae dinero”, mencionó.

En tanto Capufe interpuso una demanda de amparo indirecto y penal el 18 de octubre del 2022 y publicada 19 del mismo mes y año con el numeral 1184/2022, mima que radica en el Juzgado Segundo de distrito del Estado de Campeche, el cual fue cedido al Juez Tercero de Distrito, con sede en ciudad del Carmen.

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Por: Fernando Kantún

Cd. del Carmen, Camp.- Por considerar de manera ilegal las acciones de la gobernadora del estado de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, al dar las instrucciones que se quiten las vallas metálicas a los costados laterales de las casetas de cobro del Puente Zacatal

y dejar el paso libre a los vehículos ligeros con placas del estado de Campeche, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) interpuso una denuncia de amparo indirecto y una penal contra la gobernadora de Campeche.

Hay que mencionar que alguno abogados señalaron el viernes pasado cuando la gobernadora colocó una manta de clausura en una de las casetas de cobro, que esos actos son ilegales, a pesar que la mandataria campechana dijo que por fin se le hace justicia a los habitante de la Península de Atasta.

La demanda de amparo indirecto y penal fue interpuesta el 18 de octubre por CAPUFE y publicada este miércoles 19. El amparo indirecto se encuentra con el numeral 1184/2022 y radica en el Juzgado Segundo de distrito del Estado de Campeche, el cual será cedido la competencia al Juez Tercero de distrito con sede en ciudad del Carmen, dado que ahí acontecieron los hechos.

El asunto de agrava, ya que en lo hecho estuvieron presentes, el presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Cazarín; el alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus, algunos diputados locales y federales de Campeche, todos ellos presenciaron una violación a la ley cometido en flagrancia, e incluso en unísono gritaban “Justicia para Carmen”.

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