El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), David Aguilar Romero, salió al paso este lunes para reiterar que las acusaciones de acoso sexual en su contra, surgidas meses atrás, han sido aclaradas y desechadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, el funcionario reconoció que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún mantiene una investigación abierta sobre el caso.

En junio, la CNDH concluyó que no existían elementos suficientes para determinar una violación a los derechos humanos de la denunciante. Aguilar Romero señaló que esta resolución fue un paso importante para limpiar su nombre, pero también expresó su confianza en que la investigación de la SFP llegue a una conclusión similar. “El 28 de junio, la CNDH concluyó que no había elementos para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación”, recordó.

Pese a esta resolución favorable, las acusaciones en contra de Aguilar Romero han seguido resonando en el ámbito público. El pasado 19 de agosto, Giovanna Salem, ex colaboradora de PROFECO, publicó un video en sus redes sociales donde reveló que la SFP continúa investigando a Aguilar Romero por presunta violencia sexual y laboral. Salem acusó al funcionario de intentar protegerse de las denuncias al mantenerse en silencio y evitar que la Procuraduría fuera cuestionada al respecto.

David Aguilar Romero defiende su inocencia tras acusaciones de acoso, mientras SFP sigue investigando

“Por más de cinco meses he luchado tanto a nivel legal como público por evidenciar quién es Aguilar Romero y, por supuesto, demostrar todo lo que me hizo a través de evidencias“, declaró Salem en su video, lamentando la falta de pronunciamiento por parte del titular de PROFECO durante este tiempo.

Las investigaciones en curso por parte de la SFP se han convertido en un punto de interés público, pues determinarán si Aguilar Romero podrá continuar al frente de PROFECO o si deberá enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el funcionario sigue al frente de la institución, defendiendo su inocencia y confiando en que los resultados de las indagaciones de la SFP confirmarán su versión.

Este caso ha resaltado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de acusaciones graves contra funcionarios públicos. Aunque la CNDH ha cerrado su investigación, la atención se centra ahora en los resultados de la SFP, que serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar el futuro de Aguilar Romero en el servicio público.

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De acuerdo a las cifras del ente mexicano, 2.934 eran mujeres, 798 hombres y 164 personas no han sido identificadas.

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Víctimas de tráfico humano

La CNDH comunica que en dicho periodo las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Estatales; así como la Fiscalía General de la República establecen que, del total de mujeres, 1.045 eran menores de 18 años, y en el caso de los hombres, 505 eran menores de edad.

Por tanto, la presidenta de la Organización Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, señala_

“Siempre tenemos cifras negras, es un delito que muy pocas víctimas denuncian y más cuando nos damos cuenta que no hay suficientes refugios. Solo ocho estados de la República Mexicana reportan tener refugio o remitir las víctimas a un refugio; entonces, muchos no denuncian”.

Las personas más vulnerables

Durante la pandemia del covid-19 se identificó el mayor número de víctimas de tráfico de personas, en comparación con años anteriores.

Las cifras de la CNDH indican que, en México, las más afectadas por este delito son principalmente mujeres. Las autoridades también identifican la nacionalidad del 78 % de las víctimas, de las cuales, 93 % eran mexicanas y 7 % eran extranjeras.

Personas de comunidades indígenas, jornaleras agrícolas, personas con discapacidad, además de la comunidad LGBTTTIQ+, y migrantes son particularmente vulnerables.

Orozco considera que en México es necesario que se cree una unidad especializada en trata de personas en la Policía y la Guardia Nacional para rescatar a las víctimas; y que el sistema judicial imponga los respectivos castigos para los responsables.

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Condena por trata de personas

Respecto a las sentencias, la CNDH revela que entre agosto del 2017 y julio de 2021 se dicta un total de 263 sentencias definitivas; de las cuales, 201 fueron condenatorias y 62 absolutorias.

La presidenta de Unidos contra la Trata refiere que el tráfico humano no ha sido suficientemente visibilizado, aunque abrir más carpetas permitiría tener investigaciones más robustas. También Orozco, lamenta:

“Es muy difícil castigar a los autores del crimen. Nosotros tenemos el 98 % de los tratantes de las víctimas que atendemos en los refugios, en la cárcel el problema es que al no tener refugios y no darles a las víctimas el acompañamiento; es muy difícil que las víctimas logren castigar a sus tratantes”.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea una serie de propuestas para hacer frente a la trata de personas; por ejemplo, contar con Fiscalías especializadas en estos delitos en cada estado del país. Generar bases de datos que concentren y sistematicen la información relacionada con estos crímenes para implementar políticas públicas necesarias; así como homologar el sistema jurídico mexicano, para cumplir con los tratados internacionales en esta materia.

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La muerte de un migrante de origen cubano y otros cuatro heridos, son producidos por disparos de la Guardia Nacional de México en la madrugada del pasado 31 de octubre en el municipio de Pijijiapan, en el Estado de Chiapas.

Piden que la investigación se desarrolle con base en “los más altos estándares internacionales“; que “establezca la responsabilidad e impida la impunidad de acciones reñidas con la ley en contra de personas migrantes”.

La Oficina en México del Alto Comisionado recuerda que “la actuación policial debe estar siempre alineada con los estándares internacionales de absoluta necesidad y prevención en el uso de la fuerza y armas de fuego“; y ha alentado a que se implementen “acciones inmediatas para prevenir este tipo de hechos“.

1/5 La @ONUDHmexico y @OIM_Mexico lamentan la muerte de una persona migrante y las heridas contra otras personas migrantes por disparos de la Guardia Nacional en hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.

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— ONU-DH México (@ONUDHmexico) November 2, 2021

Asimismo, ambas entidades coinciden en señalar la importancia “de garantizar que los derechos humanos se encuentren en el centro de toda gestión gubernamental de la migración“.

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Guardia Nacional mata a migrante cubano, presionan a México

Por su parte, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, alude este hecho en sus redes sociales; así mismo, envía un crítico mensaje sobre la política migratoria del presidente de EE.UU., Joe Biden. Asimismo cuestiona:

“El presidente de EE.UU. presiona a México para que impida que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. México ha desplegado 28.000 soldados para hacerlo. El domingo dispararon y mataron a un cubano (e hirieron a otros cuatro) por no detenerse en un puesto de control ¿Es esta la política de inmigración justa y humana de Joe Biden?”.

Estas declaraciones se producen después de que la Guardia Nacional de México confirmara la noticia de que algunos de sus efectivos disparan contra un vehículo que transportaba migrantes, resultando muerto uno de ellos.

Según la versión del cuerpo de seguridad, todo comienza cuando tres vehículos intentan evitar el puesto de control; la Guardia Nacional inicia un proceso de búsqueda hasta dar con una camioneta, a la que dieron el alto. El conductor no se detiene e intenta embestir a los agentes, lo que presuntamente motiva sus disparos.

Por el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México anuncia que inicia una investigación en torno a este suceso a partir de la denuncia presentada por la organización civil Pueblos Unidos Migrantes.

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