El poder presidencial lo es todo en un sistema como el mexicano, que por cierto ya es un ave rara entre los latinoamericanos, que han reducido o desaparecido los poderes metaconstitucionales de los presidentes antaño intocables. En todo el mundo sólo queda una docena de países con esta característica disfuncional. Los demás se fueron para no volver. Han sido sustituidos por congresos y por mecanismos horizontales de control y de opinión pública.

Así, nadie se imagina, excepto los que los defienden a ultranza porque les va en ello la permanencia, los poderes reales de grupos que siempre han sido favorecidos desde el poder presidencial. Es un contrasentido. Una verdadera aberración, producto de la ignorancia y de las fantasías de los empoderados de ocasión. Ni son tan fuertes, ni son indispensables.

Y no estamos hablando desde la autocracia o con una visión totalitarista de las cosas. No. Se trata sólo de un acercamiento a nuestra realidad. ¿Qué hubiera sido históricamente de los grupos de poder mexicanos si hubieran sido abandonados por el poder político de las presidencias seudo republicanas?‎ Jamás se hubiera sabido de ellos.

La terca realidad del sistema político mexicano supera muchas fantasías de la ciencia política. No le quedan esos parámetros. Los grupos de poder que existen allende nuestras fronteras son producto de la competitividad histórica por el mercado, de las invenciones científicas, de la evolución del mundo. Aquí no.

En México la única competencia que ha existido entre los poderosos y adinerados surgidos de la miseria ancestral del campo y las ciudades, es la competencia por el favor del dedo unipersonal que los protege. Mientras más cerca, mejor y más fortuna. Siempre y cuando no estén tan cerca que se quemen.

Siempre y cuando al mismo tiempo de que mamen, den de topes a la ubre. Es la fórmula mágica, el único misterio, la trinidad de los encantos de las clases doradas. ¿Sabrán esto sus paniaguados? ¿O se hacen como el Tío Lolo? Como nunca les ha interesado la vergüenza, a lo mejor sigue siendo igual.

‎Vale más que de una vez se enteren que la gran mayoría del pueblo quiere el cambio. Pero el cambio de guardia. La renovación total de lo inútil, la cancelación de las traiciones. Quiere saber qué es lo diferente. Ser gobernada por leales a su causa, no por espantajos ni tigres de papel.

Cambio de guardia en los mastines privilegiados, en los que se creen parte de los estamentos superiores de la represión, cambio de régimen, de sistema, de formas, de gobierno y hasta de modo de andar.‎ Que la clase popular llegue al poder, aunque sea doloroso. La otra forma es la revuelta armada.

Una nueva visión sobre el desarrollo regional equilibrado, sobre la distribución del ingreso, sobre el ejercicio republicano del poder, sobre los deberes esenciales del Estado, sobre la finalización de las dinastías, los cenáculos y las oficinas de pirrurris ignorantes y demasiado bien pagados.

No les basta con saber que la vida en México es ya lo más parecido a un circo bufo de rarezas políticas, de complicidades, de ambiciones y codicias sin freno. Los loros que defienden el establecimiento tienen gran parte de la culpa en esto.

Los delitos acompañan y sostienen una manera desquiciada de ejercer el poder. Somos ciento treinta millones de náufragos en un horizonte impredecible, que luchamos por la sobrevivencia, por la dignidad y por lo que queda de patria.

Desafortunadamente para ellos, a los grupos de interés esto no les importa. Ellos quieren todo, rápido y en efectivo.

Como si lo merecieran. Es cuanto.

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El rasgo más significativo de la sucesión presidencial de 2024 no se localiza en Palacio Nacional o en Morena, sino que se ubica en la irrupción del sector empresarial en un tercer intento por imponer a un candidato presidencial propio.

Esta característica del 2024 es analizada en la revista semanal digital Palacio Nacional 2024 (https://indicadorpolitico.com.mx/?p=14753), realizada por los equipos de trabajo de Indicador Político y del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, justo en la coyuntura en la que el eje político-empresarial, Claudio X. González, anunció la elaboración “propia” del proyecto de nación –no solo del gobierno 2024-2030– que será la propuesta de la alianza opositora PRI-PAN-PRD-Coparmex.

Además de confrontaciones graves con el Estado y algunos gobiernos sexenales, el sector empresarial hizo cuando menos dos intentos de presentación de un candidato propio bajo el escudo del PAN: en 1975, en la coyuntura del asalto al PAN por los empresarios reconocidos como los bárbaros del norte y bajo la dirección política de Luis H. Álvarez, la pugna al interior del partido impidió una candidatura empresarial.

Pero en 1988 el sector de confrontación antiestado de los empresarios se hizo de la candidatura presidencial del PAN en la figura de Manuel J. Clouthier, expresidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial y uno de los pivotes en la movilización política del sector privado contra la expropiación de la banca en septiembre de 1982. Clouthier potenció su activismo político contra el Estado para buscar que por primera vez un empresario pudiera ser presidente de la república. Sin embargo, en las cifras oficiales, apenas pudo conseguir 17% de votos, contra más de 30% del disidente priísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La intención del Señor X., empresario autodenominado como activista político y social, cuajó en la configuración de la alianza Sí X México y en la incorporación a ese grupo de Gustavo de Hoyos, expresidente del sindicato patronal Coparmex. La intención del Señor X es la de colocar a De Hoyos como el candidato presidencial de la alianza opositora.

La revista Palacio Nacional 2024 realiza un recuento de las historias de búsqueda del poder político y de Estado por diferentes organizaciones y personalidades empresariales. Los patrones habían sido hasta 1988 uno de los principales sectores invisibles del sistema político priísta y configuraban un régimen de economía mixta con gestión prioritaria por el Estado; la reforma del sistema/régimen/Estado realizada por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari rompió esa subordinación sistémica y lanzó a los empresarios a la conquista del poder para eludir las intermediaciones estatales.

La intención del Señor X.-De Hoyos-Coparmex es la de liquidar también la intermediación política del modelo de sistema de representación que se basa en el funcionamiento de partidos políticos como los canales casi exclusivos de participación en la búsqueda de cargos públicos. Los empresarios se han negado a explorar el camino de las candidaturas independientes y no han querido fundar un partido patronal y por eso su interés en convertir la alianza Sí X por México en una especie de corporativo de intereses empresariales utilizando el registro de los tres partidos.

El propósito del bloque empresarial del Señor X. es el de convertir a México en una S. A. de C. V. o República Coparmex, a partir del enfoque de clase de que el sector privado es el más importante en el modo de producción capitalista, toda vez que es el Estado y los legisladores son empleados públicos pagados con la recaudación fiscal productiva.

Esta es la segunda fase empresarial de disputa por la nación. La primera fue analizada con precisión por Carlos Tello y Rolando Cordera en 1981 en el ensayo –hoy de relectura obligada– La disputa por la nación entre dos proyectos: el popular impulsado por la clase trabajadora y el neoliberal defendido por los patrones. La primera disputa fue resuelta por la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari al convertir al Estado en el representante del modelo de acumulación privada y globalizada de la producción. Pero hoy los empresarios quieren el control directo del Estado.

El Señor X. es un activo empresarial formado en los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y vinculado al proyecto empresarial priísta-panista de Fox, Calderón y Peña Nieto, solo que ahora con el apoyo oxímoronico del PRI, el pan y el PRD.

Política para dummies: La política es también el territorio de la lucha de clases productivas.

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En un ejercicio de transparencia y honestidad, Óscar Cantón Zetina es el primero en aceptar que tiene aspiraciones de gobernar Tabasco.

Un profesional de la política, el ex senador, ex diputado local y ahora en su tercera participación como diputado federal, el político tabasqueño es, en efecto, uno de los activos más importantes de Morena para retener la gubernatura sin ningún problema en la elección del 2024, cada vez más cerca.

En Tabasco la gran mayoría sabe de su trayectoria política y de lo mucho que ha contribuido desde sus diversos encargos al progreso del Estado y bienestar de su población.

Hoy, desde la Cámara de Diputados, es una de las voces más autorizadas y uno de los más activos protagonistas que ha hecho suyo también el proyecto de transformación en el país que ha venido impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Campeche, donde tuvo la responsabilidad de sacar adelante la elección como delegado nacional de Morena en el proceso electoral del 2021, demostró su experiencia político electoral para superar con creces al PRI y ganarle en su feudo al mismo dirigente Alejandro Moreno Cárdenas  que vió truncada su ambición de imponer a su sobrino en la gubernatura.

En Oaxaca, donde le han delegado también la alta responsabilidad de la elección del próximo año, no hay que dudar que también será factor para que el candidato a gobernador de Morena  que sea electo le gane al PRI y acabe por fin con su hegemonía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, encontraron en Óscar Cantón Zetina a un confiable y destacado militante para continuar consolidando en el país el proyecto de Transformación que ha sentado sus bases en estos primeros tres años de gobierno.

Como un soldado más, Óscar Cantón ha aceptado con humildad las encomiendas y ofrecido buenos resultados, sin más afán que el de aportar a la construcción de un mejor país y en especial al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, pues, de cara al pueblo, en un gesto de genuina franqueza, no oculta su aspiración ni tampoco su sueño: gobernar su estado.

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Desde el punto de vista de la ingeniería constitucional del Estado, los recientes acuerdos, reglas, decretos y leyes que tienden a reorganizar –que no redefinir– las misiones legales del ala armada de la república han reordenado el fundamento civil mexicano, pero las fallas en la comunicación social gubernamental han creado las condiciones de un debate sesgado.

En la paz como en la guerra y la política en ambas, el principal campo de batalla no es el de la fuerza sino el de la propaganda, como lo dejó asentado Harold Lasswell en 1927. El gobierno federal ha tomado decisiones que tienen que ver con la reorganización del marco jurídico de las fuerzas armadas en tiempos de paz, pero ha carecido de una explicación institucional que previera y respondiera de antemano a los cuestionamientos.

La Constitución y las leyes orgánicas del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Armada y la Guardia Nacional han definido el punto central del debate que hasta la fecha no se ha atendido en términos de marco jurídico: la seguridad interior. El Estado mexicano ha evolucionado en su configuración esencial y ha pasado por varias etapas: revolucionario, sistémico, de bienestar social, de rector del desarrollo, de garante del funcionamiento del mercado, de atención a los más pobres y ahora se encuentra en una etapa dónde el punto de definición tiene que ver con la garantía de la seguridad.

En los hechos, no se trata de un Estado policiaco como llegó a serlo en la época de endurecimiento del régimen priísta 1951-1982, sino de la conceptualización de la seguridad como estrategia de estabilidad social del Estado para la democracia, el desarrollo y la convivencia internacional.

El problema actual se localiza en que el marco jurídico de la seguridad del Estado mexicano ha sido parchado por el temor gubernamental de dejar la impresión de un Estado autoritario. La participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en gobiernos de los tres principales partidos –PRI, PAN y Morena– ha carecido de una adecuación institucional del marco jurídico en las tres seguridades: pública, interior y nacional.

La fracción VI del 89 constitucional y las atribuciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional se basan en el concepto legal de seguridad interior como facultad del presidente de la República, pero sin que hasta la fecha haya sido reglamentada. En el 2018 el gobierno de Peña Nieto aprobó una ley de seguridad interior que tuvo poco tiempo de duración porque fue abrogada por decisión de la Suprema Corte.

La estrategia de comunicación gubernamental mezcló escenarios diferentes: el discurso institucional del general secretario el 20 de noviembre, la reorganización administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para dividir el área institucional del área operativa, el acuerdo para declarar las obras públicas importantes como áreas “de interés público y seguridad nacional” y el dictamen de las Corte sobre la participación de las fuerzas amadas en labores de apoyo a la seguridad pública.

La ausencia de un marco jurídico reorganizado en materia de seguridad ha llevado a la mezcla de argumentos. Por la modernización del Estado mexicano y el nuevo escenario internacional que articula doctrinas de defensa nacional, de política exterior y de modelo de desarrollo, al sistema jurídico le hacen falta cuando menos cuatro leyes: la reforma de la actual de seguridad nacional, una nueva de seguridad interior, una ley de secretos de Estado, una ley de inteligencia nacional y la reorganización del Consejo de Seguridad Nacional. Se trataría de clarificar el papel existente de la responsabilidad de las oficinas de seguridad del Estado en la construcción de una democracia funcional a las necesidades de las nuevas relaciones internas y externas.

El modelo de reforma podría ser el que se asumió en la Sedena: separar el área político-institucional del área operativa con mecanismos de control constitucional, legislativo y legal que existen a la fecha. Nuevas tareas y desafíos en un Estado plural se siguen operando con el viejo modelo político y administrativo del Estado autoritario priísta.

Política para dummies: La política es la dinámica del Estado.

Indicador Político se suma al ambiente de sucesión presidencial 2024.  El lunes 22 de noviembre comienza a circular la revista digital semanal Palacio Nacional 2024 que podrán consultar en www.indicadorpolitico.mx.

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Mi compañera de vida – Gladys – siempre alude al dicho “Todo es cuestión de tiempo, momento y circunstancias “para poder entender causas y efectos en la vida, política y entornos.

Después de un proceso electoral casi espejo a las motivaciones obligadas del 2018, Campeche realiza la faena y pone freno a una inercia denigrante construida desde los pantanos del poder de Atlacomulco, en manos de los huérfanos de Hank y se frena, el más criminal, ratero y misógino cacicazgo construido en el fraude de 1997.

Para que la cuña apriete debe ser de la misma madera y por ello, los mismos quienes se beneficiaron en el chantaje veleidoso de vender protección facciosa mediática a los usurpadores de la plaza, condicionando la “gobernabilidad” a cambio de saquear las arcas públicas con sus sicarios mediáticos, hoy viven la derrota al ver a sus avezados alumnos, dar los estoques, con la villanía que los maestros enseñaron en esas artes de mezquindad.

Todo parecido a la naturaleza del alacrán contra su maternidad; es pura coincidencia.

El Gobierno de Layda Sansores no se construyó con los condicionamientos de esa clase política social delictiva y elitista, de quienes consideran hijos de la Luz y no aceptan su naturaleza de nobleza bastarda en mudo lienzo amurallado.

Esos que recibieron una estafeta mediática con arraigo, entregada por presión presidencial de López Portillo, dejaron de ser soldados de la Dictadura Perfecta para convertirse en las caricaturas aldeanas del tirano Gonzalo N. Santos.

A pocas semanas del nuevo gobierno, lo que fueron otrora virtuosas decisiones a cargos para los hijos, lacayos, cuñados, yernos, masajistas y satisfactorio de excentricidades, paloteados en el club de la mediocridad y ambición sin límites, ahora se convierte en agravio, insensatez y la furia de la vanidad trasquilada, provoca la ira de generar indignación a los ciudadanos quienes definieron la ruta con su libre sufragio.

Inaceptable que, los ladinos no impongan al “Incitatus Predilecto” en la Secretaría de Gobierno, Vocería, Turismo, Obras Publicas y Finanzas para controlar todos los pesos y centavos perfectamente sujetos a la extorsión de revelar moralidades putrefactas de la suciedad decadente.

La adición de doblegar a los y las insurrectas, para tener que asistir a la “Mesa de Todo el Poder” y ganar la gloria de ser digno servil, con la cotizada gráfica de contar con “la gracia del Papión” de la ridícula gobernabilidad sin sobresaltos, se ha mandado al drenaje de aguas negras.

Hoy la realidad los ha sepultado y aquel faccioso “Ogro de Papel “se inmola en el desprestigio de su naturaleza traidora, oportunista, mercader, y carente de escrúpulos.

La Gobernadora Sansores ha integrado su gabinete con quienes tienen valorada plena lealtad y comparten su proyecto.

El poder otorgado por mandato ciudadano, no puede estar secuestrado por nadie.

Los reportes no tendrán los destinos y filtros establecidos por la tradicional mansedumbre de ser sujetos a advertencias de linchamientos.

Las órdenes serán directas y valuados por ella. ¡Así de simple!

Los ciudadanos serán los que den sus calificaciones en el actuar de cada uno de ellos. Con los perfiles de quienes gozan de su confianza de la Gobernadora y de quienes espera resultados en su gobierno.

Es atribución legal de su cargo

Ya no dominará la plaza de seguridad, acaparadores del control de cervezas, proxenetas de la Avenida Gobernadores y clandestinos, sino una profesional de la seguridad que, tiene el reconocimiento de su gestión en la Alcaldía Álvaro Obregón.

El Congreso del Estado y su líder, dista mucho de las características obligadas al culto de la protección a la mediocridad reelecta y no tienen que pedir instrucciones en la cafetería, para saber cómo legislar y menos ser reprendido sin pudor, cuando los sobornos no se reflejan oportunamente en los envíos a Miami.

La diferencia es que ahora, nadie golpeó el escritorio de aquellos Presidentes imberbes para imponer Gobernadores campechanos salidos de la inmoral “Cofradía Campechana” con adición Caribeña, sino del respeto al sufragio libre de los ciudadanos, hartos del abuso y alarde de prepotencia.

No deja de ser divertido escuchar los lamentos, chillidos y angustias excretadas ante la impotencia de no tener línea directa para reclamar al residente de Palacio Nacional que, Layda Sansores no se pliega, inclina ni declina a ceder mando, para ser certificada por los poderes fácticos de la corrupción enquistada.

Hoy los escenarios están cambiando y los retos por darle un giro diferente a Campeche , seguirá en el empoderamiento libre de los ciudadanos , lejos del maniqueísmo político e informativo de aquellos grotescos Torquemadas de la libertad de Extorsión esgrimiendo su inexistente poder mediático carente siempre de probidad.

¡Las resistencias sin escrúpulos en Campeche se caen como un castillo de naipes!

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Los ánimos caldeados que dejó la confrontación del presidente López Obrador con la UNAM han impedido el análisis a fondo de una de las propuestas más interesantes del Gobierno actual: el replanteamiento y la reorganización de las relaciones de poder de la administración en turno y su partido Morena con lo que serían los sectores invisibles del viejo PRI-sistema.

Uno de los principales objetivos del presidente López Obrador ha sido la puesta en marcha de un nuevo proyecto de sistema político por encima del todavía vigente sistema político priísta refortalecido por su alianza con el PAN. Y si bien el sistema político lopezobradorista no difiere en instrumentos de poder con respecto al anterior, el gran debate radica en asumir nuevas funciones de los brazos del sistema.

El sistema político priísta funcionaba con el aval directo de lo que se han considerado sectores invisibles, es decir, organizaciones y sectores que no eran priístas pero se movían al ritmo que fijaba la música priísta. En este sentido, el presidente López Obrador se ha confrontado con los sectores invisibles del sistema priista que se movían subordinados en la lógica de la oposición leal, es decir, confrontativa pero no de alternativa.

La lista de los sectores invisibles englobaba a los grupos que pululaban alrededor del PRI: empresarios, jefes de la Iglesia católica, partidos que no disputaban la presidencia de la República, sindicatos fuera del PRI, intelectuales, universidades, embajada de EU, movimientos sociales radicales fuera de los cauces, organizaciones de la sociedad civil, entre los más importantes. El gobierno actual operó sobre el punto sensible de interacción entre el sistema político priista y estos sectores invisibles: el financiamiento directo o indirecto a sus actividades, a cambio de comportamientos públicos críticos, pero de lealtad sistémica.

Las universidades y sobre todo la UNAM configuraron el sector más importante porque el subsidio permitía el establecimiento de mecanismos de control político y social de los estudiantes a través de programas de estudio subsidiados por el gobierno. La crítica presidencial hoy revela que la lealtad-subsidio de estos sectores invisibles con el sistema que representa Morena no ha tenido los mecanismos de respuesta y la oposición a Morena ha tomado el control del funcionamiento de estos sectores invisibles.

El viejo sistema político priísta había configurado una estructura de lealtades a través de subsidios directos e indirectos con cargo al gasto público, creando una ordenación de poder legitimado en función de esa relación presupuestal. Sin embargo, el nuevo gobierno morenista ha dejado claro que no necesita de la lealtad sistémica en tanto exista una fortaleza institucional sólida del titular del poder ejecutivo federal, es decir, el sistema presidencialista, solo que ahora sin el partido como el espacio para controlar las relaciones sociales de estabilidad.

El costo de financiamiento de la lealtad de los sectores invisibles del sistema fue etiquetando de manera inflexible las posibilidades presupuéstales de cada gobierno; por ello, ante la escasez de dinero para relaciones sistémicas porque la prioridad son las obras públicas presidenciales y los beneficiarios directos de los subsidios gubernamentales, la confrontación con los sectores invisibles busca cortar de tajo con las aportaciones a la compra de lealtades sistémicas.

Los pasos concretos del presidente López Obrador para destruir el viejo sistema político priista –las estructuras de engranes que fortalecían la presidencia de la República en la época del PRI– han sido muy apresurados, pero sin tener el sistema político de redes institucionales de apoyos que supla la relación subsidios-lealtades. La clave del sistema político priista estaba en el presidencialismo unitario, pero con un partido-sistema que administraba las relaciones de poder en esa gráfica que aportó a la teoría sistémica el politólogo David Easton: la caja negra en cuyo interior se administraba y distribuía valores, beneficios y poderes. Por eso todo el funcionamiento sistémico del gobierno radica en la conferencia mañanera que no ha podido consolidarse cómo el nuevo espacio negociador del sistema político morenista.

En este sentido, el tema de la UNAM no es personal sino sistémico.

Política para dummies: la política es la administración del poder y la construcción democrática o autoritaria de lealtades.

Novedad editorial: adquiera el libro El shock neoliberal en México, Editorial Indicador Político, escrito por Carlos Ramírez, Samuel Schmidt y Rubi Rivera; disponible en Amazon en versión eBook digital o impresa: https://www.amazon.com/dp/B09919C13V

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La actividad humana es la principal responsable de una cada vez mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI); cada año se liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), principalmente como resultado de la combustión de carbón, petróleo y gas para la producción de energía, un insumo clave para el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, ello está acelerando el calentamiento global.

Un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, publicado en enero de 2021, menciona que la década de 2011 a 2020 fue la más cálida registrada, lo que muestra una tendencia clara de cambio climático a largo plazo. Asimismo, señala que la temperatura global promedio en 2020 fue de aproximadamente 14.9 °C, al menos 1.2 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900) y cerca de lo que la ciencia advierte que sería “un riesgo catastrófico”.

Ante ese panorama, el Acuerdo de París, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, reúne a 197 países en torno al combate al cambio climático. De esa manera, las naciones se comprometieron a adoptar medidas urgentes para encaminar al mundo hacia el desarrollo sostenible e impedir que el calentamiento mundial rebase los 2 °C, incluso aumentar los esfuerzos para limitarlo aún más, a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

Durante el 2020, los países presentaron sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que constituyen los planes de acción y compromisos específicos para la reducción de las emisiones de GEI. Por ejemplo, México, que suscribió el Acuerdo en abril de 2016, ofreció reducir el 22 por ciento de los GEI para 2030, y que las emisiones netas alcanzarán su punto más alto en 2026.

Sin embargo, alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo de París implica que todos los países reduzcan las emisiones mundiales para 2030 en un 45 por ciento respecto de los niveles de 2010. En preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2021 en Glasgow, Reino Unido, las naciones están obligadas, en virtud del Acuerdo de París, a reforzar el compromiso sobre sus NDC, por lo que sus planes de acción deben demostrar una verdadera ambición de alcanzar la neutralidad en carbono y así mantener viva la posibilidad de limitar la temperatura mundial. Por ello, la atención estará puesta particularmente sobre los diez mayores emisores de GEI, que son responsables del 60 por ciento del total, entre los que se cuentan China, Estados Unidos, India, Rusia e Indonesia.

En un contexto de recuperación económica tras la pandemia, el repunte en el crecimiento de la productividad viene aparejado del incremento en la demanda de energía de al menos un cuatro por ciento por encima de los niveles prepandemia. Esto ha provocado una escasez generalizada de los energéticos, lo que en consecuencia se ha traducido en el encarecimiento de los precios, principalmente del carbón y del gas natural.

Lo anterior tiene que ver también con un incremento en el consumo de gas natural en la última década, debido a los esfuerzos en distintas partes del mundo por abandonar el carbón como combustible, especialmente para la generación de electricidad. Sin embargo, a pesar de los avances logrados por las energías renovables y la movilidad eléctrica, actualmente el mundo experimenta un mayor uso de carbón y petróleo, pues la energía es insuficiente para suplir la demanda que se está acrecentando y que, en buena medida, da sostén a la recuperación económica.

Por consiguiente, el 2021 experimenta el segundo mayor incremento anual de emisiones de CO₂ de la historia, pues se espera que asciendan en 1200 millones de toneladas, eliminando la reducción que se observó durante la pandemia. La necesidad de más electricidad y del uso de carbón es responsable de casi el 30 por ciento de este aumento.

De acuerdo con el World Energy Outlook 2021, publicado por la Agencia Internacional de Energía durante el mes de octubre, alcanzar cero emisiones netas para 2050 requeriría triplicar las inversiones en proyectos e infraestructura de energía limpia durante la próxima década, el 70 por ciento de las cuales se debe realizar en economías emergentes y en desarrollo. Si bien las expectativas de la COP26 son altas, un desafío importante es el financiamiento para la implementación de los planes de acción.

En este contexto, la transición energética resulta ser una oportunidad de desarrollo para países como México, ya que promete convertir a las energías verdes en el mayor potencial de inversión a escala global en áreas como infraestructura, a fin de alcanzar la neutralidad de carbono en el futuro y con ello limitar el calentamiento global. No obstante, las transiciones de las naciones deben ser seguras, asequibles y justas para toda la ciudadanía.

Si los gobiernos no se aseguran de que estos elementos clave estén en el centro de la formulación de políticas para la transformación de los sectores energéticos, entonces corren el riesgo de fracasar. Por tanto, en el Senado de la República seguirá siendo una prioridad el trabajo legislativo enfocado en identificar alternativas que lleven a México hacia una transición más eficiente, responsable y sostenible.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

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A finales del año 2009, uno de los principales socios de Carlos Slim Helú y a la vez socio de Teléfonos de México realizó una maniobra de manipulación de redes para sacar de las consultas de internet las referencias negativas a su persona. Para ello, utilizó de manera arbitraria y personal su participación accionaria en la empresa telefónica para interferir en comunicaciones por internet.

En diciembre de 2009, a través de un correo electrónico cuya copia posee Indicador Político, el licenciado Ignacio Cobo, socio, confidente y de las poquísimas personas que conoce los secretos del empresario Slim Helú, contrato a la empresa Logydes para aplicar un programa especial que se utiliza para manipular el contenido de las redes en las consultas a través de Google.

El encargado de representar los intereses del socio de Slim fue Alfredo Roberto Cobo González, familiar del conocido de manera popular como Nacho Cobo, con negocios en Tabasco y Ciudad de México.

A solicitud de la familia Cobo, la empresa manipuladora escribió:

“Me envían este mail con las sugerencias de que hacer para eliminar los datos negativos de Nacho en los buscadores, por lo que se requiere de la semblanza de Nacho. Ojalá y en estas vacaciones la puedan elaborar. Nacho, a través de Telmex se puede bloquear la información que ahí se menciona en el punto 3, si quieres dime con quién me pongo en contacto y le doy seguimiento.”

El mensaje de la empresa que se encargaría de la manipulación de redes planteó varios puntos:

1.- Escribir un blog con la biografía relacionada con el licenciado Ignacio Cobo donde se pueda leer información relevante y que esté autorizada por ustedes. Dicha información se puede subir a Wikipedia o cualquier otro blog publico como bloggers, blog de Google, etcétera.

1.1.- Estamos a la espera de que se proporcione dicha información para subirla cuanto antes.

1.2.- Después de subir dicha información, se tendrá que accesar a través de clicks hasta que las visitas sean consideradas por el buscador Google para que sean colocadas como las más relevantes y aparezcan en primer lugar al momento de buscar el nombre de: Ignacio Cobo González.

2.- Enviar una carta pidiendo a la compañía Google que elimine del índice de su caché los siguientes enlaces, ya que afectan a la imagen del firmante de la carta.

Estos serían los links:

http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=139309

http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=129838

Y en general todo lo relacionado con: site: www.tabascohoy.com.mx Ignacio Cobo González. Además:

http://elperiodicodemexico.com/nota_impresión.php?sec=&id=965422

http://lafraguava.blogspot.com/2006_10_15archive.html

Asimismo, la empresa encargada de manipular redes para borrar notas negativas proporciona el nombre del director general de Google en México y dirección y teléfonos de la empresa en California.

Y en el último párrafo del correo electrónico, la empresa Logydes hace una solicitud formal a la familia Cobo, aprovechando la condición de Ignacio Cobo González como socio de la empresa Telmex:

3.- Solicitar a Telmex que a través de un firewall pueda filtrar las URLs antes mencionadas (punto dos) para que éstas no puedan hacer accesadas por los usuarios aunque éstos hagan click en dichas URL.

El memorándum de correo electrónico está firmado por el mánager de la empresa contratada para manipular redes sociales.

Muchos políticos y empresas han utilizado el servicio de las varias oficinas privadas que se dedican a la tarea de dificultar el acceso a notas negativas. Sin embargo, en este caso se solicita de manera formal que Teléfonos de México permita la manipulación de conexiones y servicios para esconder la información.

Este sería uno de los tantos temas que se tendrían que revisar a la hora de hacer efectiva en marzo del 2023 la decisión adelantada en diciembre de 2016 de extender el título de concesión de Telmex a Slim Helú y socios por treinta años más.

Política para dummies: el poder es, obvio, de quien lo detenta.

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La sospechosa renovación del título de concesión de teléfonos de México en 2016 para el periodo 2026-2056 llegó a Palacio Nacional y causó ya los primeros estragos en los valores accionarios de Carlos Slim Helú en la bolsa Mexicana de Valores.

El punto más conflictivo radica en la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre de 2016 para adelantar la ratificación de la concesión que se vencía hasta 2026 y extenderla por treinta años más hasta 2056, a pesar de que en 1990 se señaló que se podía dar un periodo adicional sólo de quince años; además, la de 2016 fue una decisión provisional que tendría el cumplimiento oficial en marzo de 2026. El adelanto de la aprobación fue para evitar que se debatiera en el periodo presidencial de López Obrador.

Una pregunta sembrada en la conferencia mañanera del jueves 21 por un reportero cuyo sitio en YouTube tiene publicidad de las empresas de Slim provocó una respuesta confusa del presidente de la república y un comunicado oficial del IFT exigiendo que el mandatario sacara las manos del proceso porque, según el organismo, no le corresponde.

Sin embargo, el presidente de la república tiene facultades legales para intervenir en decisiones que tienen que ver con concesiones de servicio público, posee derecho de veto, tiene la responsabilidad de conducir los recursos estratégicos de la república, está facultado para evitar los monopolios privados (como el de Telmex), es responsable de la rectoría del Estado y puede ejercer la aplicación de la vigente ley de expropiaciones que promulgó con sentido nacionalista el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936.

La confusión no aclarada por el IFT se encuentra en ratificación del título de concesión. Sin embargo, ese título entregado por el presidente Carlos Salinas de Gortari vencerá en 2026, permitiría una extensión por solo quince años más, y de manera formal el servicio telefónico regresaría a manos del Estado y el Estado tendría la facultad de otorgar la concesión a Slim o a otra empresa o mantenerla bajo su dominio por razones estratégicas y de seguridad nacional.

En todo caso, el Instituto estaría en la obligación institucional de anular este proceso y en el 2023 abrir otro de acuerdo con las circunstancias actuales. Las razones que emitió en el 2016 el IFT para embargar su oficialización siete años hasta marzo del 2023 sirven hoy para revisar el funcionamiento de la empresa en manos de Slim por otros treinta años: las modificaciones a los servicios de comunicaciones por avances tecnológicos. Suena absurdo adelantar la aprobación, aguantarla siete años y aprobarla por las razones de 2016.

Mientras todo esto ocurre, Teléfonos de México ha entrado en una etapa de desensamblaje porque el empresario Slim le está quitando funciones y algunos servicios que ha ido pasando a sus dos empresas privadas fundadas desde Telmex: América Móvil y Telcel. Esta semana se decidirá el emplazamiento a huelga que hizo el sindicato de Telmex acusando a Slim de transferir a trabajadores y jubilados a sus empresas privadas sin reconocerles antigüedad ni derechos.

La estrategia de Slim pudiera ser la de dejar a Telmex como un esqueleto al servicio de sus negocios privados en telefonía, todo ello incumpliendo con impunidad las condiciones establecidas en el título de concesión de 1990 de apoyo al sector social. En pocas palabras, Slim está exprimiendo Telmex para fortalecer a América Móvil y a Telcel con acciones que estarían violando el título de concesión y por lo tanto el Instituto estaría obligado a suspenderlo.

En estas circunstancias, para cumplir su papel de regulador real y no formal del área de telecomunicaciones, el IFT estaría obligado a revisar bajo condiciones y circunstancias de hoy el título de concesión que de manera sospechosa ratificó hace cinco años y lo mantuvo en la congeladora. Los datos de la revisión del contrato colectivo y las quejas del sindicato son argumentos suficientes para concluir que Slim no ha cumplido con los compromisos de la concesión.

En este contexto se debe leer el comunicado de prensa del IFT que le exige al presidente López Obrador que no se meta en una concesión estratégica del Estado. Pero el IFT debería de leer y atender el análisis de Telmex que publicó a finales del 2014 el expresidente Salinas probando el incumplimiento de Slim de los compromisos de la concesión de 1990.

Política para dummies: la política siempre beneficiará al más fuerte y siempre se sabrá quién es el poderoso.

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México y Estados Unidos tienen una relación compleja, caracterizada por un flujo intenso y constante de personas, bienes y servicios. Según la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de la pandemia por COVID-19, cada 24 horas cruzaban entre los dos países un millón de personas, mil millones de dólares, 452,000 vehículos y 30,000 camiones de carga.

En términos comerciales, el intercambio bilateral es fundamental. En materia de seguridad, el tráfico de armas y de personas permea las fronteras, por lo que se requiere colaborar para combatir el crimen y la violencia. Además, lograr una migración segura, regular y ordenada es un desafío conjunto. La interdependencia entre ambas naciones siempre ha existido, pero la manera de enfrentar los problemas y retos comunes ha evolucionado.

Es natural que la relación bilateral refleje las prioridades de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. En el caso de la política exterior de las presidencias de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, resaltan tres elementos: el primero es la noción de que la falta de oportunidades es una de las causas de la violencia, el conflicto y el desplazamiento forzoso de las personas, por lo que se le debe considerar en cualquier estrategia de acción pública. Hay evidencia empírica que apoya esta afirmación. Por ejemplo, estudios sobre las causas de conflictos internos han encontrado que la pobreza puede debilitar a las instituciones, aumentar la vulnerabilidad de las personas y disminuir su costo de oportunidad para movilizarse violentamente. Asimismo, altas tasas de desempleo e inequidad, combinadas con bajos niveles de educación y desarrollo, son factores que elevan la probabilidad de conflicto interno. También hay evidencia de que las desigualdades en grupos para acceder a bienes públicos u oportunidades aumentan el riesgo de violencia. La importancia de generar oportunidades para el bienestar ha conducido el diálogo económico bilateral de alto nivel.

El segundo es la noción de corresponsabilidad en la solución de los problemas comunes, esto es, una visión de socios que sustituye al asistencialismo o a medidas unilaterales impuestas. Dada la interdependencia existente entre México y Estados Unidos, los beneficios y los perjuicios de la relación permean en ambos. Para disminuir la violencia, las adicciones a las drogas, la oferta de estupefacientes, el flujo migratorio o promover el desarrollo en la frontera se requiere la colaboración de ambos gobiernos, reconocer que existe un problema común, así como asumir la responsabilidad y el costo de actuar. De esta forma, el trabajo conjunto tiene que atender las crisis (sanitarias, migratorias o inestabilidad social), pero también debe diseñar estrategias de mediano y largo plazos. Este principio es eje del nuevo Entendimiento Bicentenario establecido como marco de la estrategia de seguridad bilateral que reemplaza a la Iniciativa Mérida.

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Un tercer elemento que caracteriza la relación Biden-López Obrador es la incorporación de “disciplinas” adicionales en la búsqueda de objetivos comunes, lo cual se puede ver en la inclusión de nuevos temas en el tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incluye consideraciones de medio ambiente, derechos laborales, transparencia, propiedad intelectual, así como el trabajo conjunto en ciberseguridad como herramienta en la persecución de delitos, redes ilícitas y en el manejo de la información.

Los dos mandatarios parecen ponerse de acuerdo en que de poco sirve la contención en las fronteras —“el innecesario muro fronterizo”, menciona el presidente Biden—, si no se insiste en resolver las causas de la migración en los países de origen

En tres ejes de la relación México y Estados Unidos: economía, seguridad y migración, los conductores de la política imprimen sus prioridades y visión de desarrollo compartido y corresponsabilidad. Solamente a través del diálogo podremos enfrentar los desafíos comunes, distribuir costos y asumir responsabilidades. El Senado de la República está preparado para participar en este proceso.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

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