Corrupción Archives - La Chispa Petrolera

Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo

Antonio Carrera — Sun, 14 Dec 2025 21:27:30 +0000

Buscan beneficiar a la empresa Rommify Capital SA de CV, de Juan Carlos Martínez Domínguez y Luis Ricardo Guinea Prado, personajes que se han enquistado en los últimos sexenios en las más altas esferas de la clase política hidalguense.

Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV, Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

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Empresas vinculadas al “Cártel de la Comida” involucradas en el desfalco al gobierno de Veracruz

Antonio Carrera — Wed, 02 Apr 2025 17:47:12 +0000

Productos Serel y Café Bersa recibieron en conjunto más de $924 MDP desde 2020 para alimentos y bebidas a hospitales públicos de Veracruz, pero incumplió con los estándares de calidad y las condiciones contractuales acordadas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó un desfalco millonario en la Secretaría de Salud de Veracruz, ocurrido durante la gestión de Cuitláhuac García, relacionado con contratos otorgados a Productos Serel, empresa que forma parte del conglomerado de Grupo Kosmos-La Cosmopolitana, del empresario Jack Landsmanas.

El informe de la Cuenta Pública señala que Productos Serel recibió contratos por $393,432,176.93 pesos la mayoría de los contratos bajo la modalidad de adjudicación directa (sin licitación de por medio) desde 2020 para proporcionar alimentos y bebidas a hospitales públicos de la entidad. Sin embargo, la empresa, perteneciente a Grupo Kosmos, incumplió con los estándares de calidad y las condiciones contractuales acordadas, lo que causó un daño patrimonial estimado en hasta $69 millones de pesos, de los más de $388 MDP por aclarar en tan solo dos auditorias, para las finanzas del estado.

Por su parte, la razón social Café Bersa, recibió de manos del gobierno de Veracruz un total de 13 contratos que en conjunto suman la cantidad de $530,902,018.67 pesos; es decir, entre las dos empresas que conforman el GruPo Kosmos se adjudicaron servicios de alimentación en la Secretaría de Salud por la cantidad de $924,334,195.6 pesos.

Además, en los últimos años, Landsmanas y sus empresas asociadas al Grupo Kosmos fueron objeto de denuncias y sanciones por irregularidades en el suministro de productos alimenticios, con varios organismos destacando que los alimentos entregados se encontraban en malas condiciones.

Tras estos hallazgos, la gobernadora Rocío Nahle ordenó suspender todos los contratos con la empresa y destinar recursos a la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias. Igualmente, la ASF instruyó iniciar investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Salud local, debido a las irregularidades en los convenios que perjudicaron las finanzas públicas del estado.

Productos Serel es parte del conglomerado Kosmos, vinculado al denominado “Cártel de la Comida”, una red de empresas encabezada por Jack Landsmanas. Este grupo empresarial, que opera en el sector alimentario, está involucrado en el suministro de servicios como comedores industriales, así como en la distribución y envasado de productos alimenticios.

A pesar de las acusaciones en su contra, Landsmanas sigue obteniendo contratos públicos. Uno de los casos más destacados de su empresa es La Cosmopolitana, conocida por sus prácticas de monopolización en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos a instituciones gubernamentales, como el IMSS, ISSSTE y Pemex, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre 2011 y 2020, La Cosmopolitana acumuló 265 contratos públicos por un total de 3,422 millones de pesos, aunque su actividad se detuvo tras ser expuesta por sus prácticas corruptas.

El CEO de Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas, fue vetado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a las irregularidades detectadas en La Cosmopolitana. Sin embargo, ha intentado eludir este veto mediante su participación en Opes Acquisition Corp., una empresa offshore registrada en Estados Unidos, fundada en 2017 junto a Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijos del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y con la colaboración de Rodrigo Lebois Mateos, fundador de Unifin, otra compañía polémica relacionada con los sexenios anteriores.

CONTRATOS A PRODUCTOS SEREL

SESVER/DA/C-002/2024 $35,438,429.33

SESVER/DA/C-019/2023 $31,714,720.00

SESVER-DA-C-045-2023 $69,617,360.00

SESVER_DA_C-104_2022 $9,953,111.00

SESVER_DA_C-095_2022 $63,429,440.00

SESVER_DA_C-011_2022 $30,396,560.00

SESVER/DA/C-323/2021 $2,153,710.00

SESVER/DA/C-127/2021 $56,816,000.00

SESVER/DA/ C-014/2021 $28,408,000.00

334 $874,245.60

223 $7,814,601.00

74 $56,816,000.00

TOTAL $393,432,176.93

CONTRATOS A CAFÉ BERSA

SESVER/DA/C-073/2024 $144,619,200.00

SESVER/DA/C-001/2024 $36,871,170.67

SESVER/DA/C-018/2023 $29,952,700.00

SESVER-DA-C-044-2023 $65,923,220.00

SESVER_DA_C-105_2022 $10,046,888.00

SESVER_DA_C-096_2022 $59,905,400.00

SESVER_DA_C-012_2022 $28,868,600.00

SESVER/DA/C-321/2021 $14,999,840.00

SESVER/DA/C-128/2021 $53,960,000.00

SESVER/DA/ C-015/2021 $26,980,000.00

335 $674,100.00

224 $4,140,900.00

73 $53,960,000.00

TOTAL $530,902,018.67

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Exigen reabrir investigación por corrupción en concesión de penales federales

Antonio Carrera — Fri, 28 Mar 2025 23:25:03 +0000

La adjudicación de contratos más de 270 mil millones de pesos, durante la gestión de García Luna, favoreció a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco.

Un grupo de ciudadanos ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura de la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por su presunta vinculación con actos de corrupción en la concesión de penales federales.

Esta solicitud surge tras el cierre de la causa en contra de 16 ex funcionarios y mandos del sistema penitenciario, debido a la prescripción de los delitos. Sin embargo, los denunciantes sostienen que, a pesar de ello, el caso contra Genaro García Luna sigue abierto, lo que implica que aún pueden existir elementos legales que permitan continuar con las investigaciones.

La denuncia apunta a la posible participación de Montaño Fernández en la firma de contratos que resultaron en un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad. Las adjudicaciones de estos contratos, realizados durante la gestión de García Luna, implicaron a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, las cuales recibieron más de 270 mil millones de pesos para construir una infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Los denunciantes insisten en que existen elementos suficientes para presumir que Montaño Fernández jugó un papel clave en la adjudicación de estos contratos a empresas privadas. En este sentido, exigen a la FGR que se investigue si los delitos involucrados siguen vigentes y si es posible responsabilizar a los implicados, a fin de evitar que el caso quede impune.

La denuncia detalla que los contratos fueron suscritos en 2010 y 2011, cuando García Luna estaba al frente de la SSP. Aunque la investigación fue cerrada por prescripción de los delitos, algunos de los implicados aún enfrentan la posibilidad de ser llamados a rendir cuentas, entre ellos Montaño Fernández, Arturo Sosa Viderique, ex director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones. Otros funcionarios mencionados, como el General Sergio Alberto Martínez Castuera, y sus antecesores, así como varios ex directores y coordinadores de centros federales, fueron exonerados en su momento debido a la resolución judicial.

Cabe señalar que, aunque la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de reapertura, el grupo de ciudadanos continúa presionando para que se continúe con la investigación, argumentando que el caso no debe quedar en el olvido debido a su complejidad y trascendencia en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.

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Jet Van Car se beneficiaría en Texcoco con contrato, mediante adjudicación directa

La Chispa — Tue, 25 Mar 2025 21:00:47 +0000

La empresa Jet Van Car Rental, podría verse beneficiada mediante una adjudicación directa para el arrendamiento de unidades equipadas como patrullas, por parte del ayuntamiento de Texcoco, esto pese a contar con un amplio historial de incumplimientos e inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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Altor, de consultora sancionada a firma clave en la administración morenista

Antonio Carrera — Tue, 25 Mar 2025 17:54:27 +0000

Desde su fundación en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la consultora financiera Altor ha pasado de enfrentar sanciones a consolidarse como un actor influyente en la asesoría financiera para el gobierno federal y distintos estados, sumando más de 30 contratos públicos en la administración morenista.

En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

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Jack Landsmanas, de La Cosmopolitana, envuelto en escándalos de Unifin y Oro Negro

Antonio Carrera — Fri, 21 Mar 2025 20:44:23 +0000

El empresario Jack Landsmanas Stern, cabeza del Corporativo Kosmos, creó una empresa offshore junto con Oro Negro y Unifin Financiera, compañías envueltas en demandas por irregularidades y que, pese a ello, ésta última contará con nuevos financiamientos de la Banca de Desarrollo como parte de su reestructura financiera tras salir de concurso mercantil en 2024, dio a conocer el Sol de México.

Jack Landsmanas Stern, CEO del Corporativo Kosmos, formó parte del consejo de Opes Acquisition Corp., una compañía offshore creada en 2017 en Delaware, Estados Unidos. El Corporativo que vende comida a administraciones locales e instancias federales, tiene entre sus filiales a La Cosmopolitana, la cual fue vetada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su administración por “mala reputación”.

La firma, que obtuvo 265 contratos con dependencias gubernamentales por tres mil 422 millones de pesos entre 2011 y 2020, fue señalada por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas, actos de corrupción y compras a sobreprecio. No obstante, sigue obteniendo contratos públicos con el uso de otras razones sociales.

Documentos de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) a los que el medio de comunicación El Sol de México tuvo acceso, refieren que los principales directivos de Opes Acquisition Corp eran Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y creadores de Oro Negro, así como Landsmanas Stern y el fundador de Unifin, Rodrigo Lebois Mateos.

Además, dan cuenta de la participación que tuvo como accionista el fundador de Unifin, señalado de irregularidades en su enriquecimiento, en la offshore, una firma ubicada en un país extranjero sin actividad en él.

Unifin entró a concurso mercantil a inicios de 2023, luego de suspender sus obligaciones financieras en agosto del año previo por falta de liquidez y capitalización, salió del mismo un año después, en enero de 2024.

La firma fue foco de presuntas irregularidades con las que otorgó créditos a empresas vinculadas a Lebois y su círculo, lo que habría llevado a su enriquecimiento.

Debido a estos señalamientos, Lebois dejó la dirección de la financiera en julio del año pasado mientras que unos meses después, en diciembre, su hija Almudena “N”, exconsejera de Unifin, fue detenida en Ciudad de México presuntamente acusada de fraude.

En enero pasado, Unifin informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concluyó con la implementación de un convenio concursal que alcanzó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), dos de sus principales acreedores, lo que le permitió contratar nuevas líneas de crédito con los mismos.

Tanto el convenio como el nuevo financiamiento se otorgaron pese a las irregularidades documentadas en torno a Unifin, como el hecho de estar asociada a empresas como Oro Negro y Corporativo Kosmos.

Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a Pemex y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por más de 270 millones de dólares como indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

En junio de 2019 Oro Negro fue declara en quiebra por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil, luego de que expiró el periodo para una conciliación con sus acreedores, a quienes debía más de mil millones de dólares.

En septiembre pasado, la empresa fracasó en su demanda contra el país, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó el caso al no contar con la jurisdicción para resolver las reclamaciones.

En un dictamen enviado a la BMV, Unifin notificó al público inversionista que cumplió con las condiciones suspensivas para que pueda acceder a nuevas líneas de crédito.

“Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos”, dice el documento.

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Edomex adjudica contrato millonario a empresa ligada al Cártel de la Sangre

Antonio Carrera — Wed, 12 Mar 2025 22:37:18 +0000

El gobierno del Estado de México otorgó un contrato por 192 millones de pesos a la empresa regiomontana Instrumentos y Equipos Falcón, vinculada al Cártel de la Sangre y a los hermanos Noé, Rolando, Rodolfo y Héctor Hugo Ramírez Garza, para la prestación de servicios de laboratorio clínico en 22 hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) de mayo a diciembre de 2025.

De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la firma adjudicada no presentó la mejor oferta económica, ya que su propuesta superó en 73 millones de pesos a la de su único competidor, Centrum Promotora Internacional, pese a que ambas ofrecían el mismo servicio.

El Comité de Adquisiciones del ISSEMYM justificó su decisión argumentando que la oferta de Centrum estaba 40% por debajo de los precios unitarios establecidos en el contrato vigente, lo que interpretaron como una posible estrategia para obtener ventaja en el proceso. Además, señalaron que la empresa descalificada no presentó la documentación requerida, incluyendo la carta de respaldo para pruebas especiales ni los registros sanitarios actualizados de los equipos Roche Cobas 503 y Abbott Architect i1000.

Falcón ha sido sancionada previamente por su participación en prácticas monopólicas dentro del sector salud. En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias federales y estatales a no aceptar propuestas ni firmar contratos con esta y otras empresas involucradas en la manipulación de licitaciones para laboratorios y bancos de sangre.

A pesar de la inhabilitación de siete años impuesta a Falcón, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la restricción y permitiéndole volver a participar en contrataciones públicas.

Falcón formó parte de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016, en la que se detectó la colusión de 15 empresas para obtener contratos millonarios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Según la Cofece, estas prácticas causaron un daño superior a los 1,200 millones de pesos al erario durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas del sector de laboratorios clínicos y bancos de sangre estaban involucradas en casos de corrupción, lo que derivó en 23 investigaciones, así como en ocho inhabilitaciones y multas.

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Caen funcionarios de Campeche y van tras Alito

magaly — Thu, 13 Feb 2025 22:46:28 +0000

Caen funcionarios de Campeche y el gobierno estatal va tras Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, exgobernador y hoy Senador plurinominal de la República. La gobernadora Layda Sansores anunció en su programa “Martes del Jaguar” la detención de dos exfuncionarios por el desvío de 25 millones de pesos.

Caen exfuncionarios de Campeche acusados de corrupción

Se trata de José Domingo “N”, exsecretario de Desarrollo Económico (Sedeco), y Pablo “N”, exdirector del Fideicomiso del 2% Sobre Nómina, ambos exfuncionarios durante la administración de “Alito” Moreno como gobernador de Campeche.

De acuerdo con la información, tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un juez emitió las órdenes de aprehensión, mismas que fueron ejecutadas el miércoles por la Agencia Especializada de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

Exfuncionarios detenidos por millonario desvío de recursos

José Domingo “N”, ex titular de la Sedeco, fue capturado en Mérida, Yucatán. Se le acusa de desviar 25 millones de pesos para invertir en una plaza privada. Mientras tanto, Pablo “N”, extitular del Fideicomiso del 2% Sobre Nómina, es señalado por el mismo caso y por otros tres ilícitos.

Ambos exfuncionarios se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, donde esperan su audiencia inicial para determinar su situación jurídica.

Durante la emisión del programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Sansores aseguró que serán presentados ante un juez y afirmó que tienen todos los expedientes para sostener la acusación.

La mandataria destacó que la detención de ambas personas fue posible gracias a la cooperación de las autoridades de Yucatán y resaltó que la operación se realizó sin filtraciones de información.

Investigaciones en curso: ¿Próximas detenciones?

El caso de los exfuncionarios acusados de corrupción en Campeche podría derivar en más arrestos. Las autoridades continúan investigando posibles implicaciones de otros actores políticos en la administración pasada, incluso del propio exgobernador, Alejandro Moreno. El actual presidente del PRI, cuenta con solicitud de desafuero, misma que será discutida el próximo miércoles 19 de febrero cuando la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sesionara para discutir y votar si se inicia el proceso de desafuero en contra del político campechano.

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Vinculan a Fidel Giménez Valdez Román con desvíos en Morelos

La Chispa — Fri, 24 Jan 2025 23:16:42 +0000

A los 100 días de su administración, Margarita González Sarabia, gobernadora de Morelos, hizo públicas una serie de irregularidades, omisiones y desvíos durante el gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Las denuncias alcanzaron las 17 secretarías, entre ellas la de Obras Públicas, que encabezó Fidel Giménez Valdés Román.

Fidel Giménez Valdés Román es un personaje que tiene varias cuentas pendientes con la justicia. En el caso concreto del servicio público, informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestran que entre 2019 y 2023, periodo en el que Fidel Giménez Valdés Román participó en el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizador detectó un gasto irregular de 3,269 millones de pesos, por parte de diferentes dependencias entre ellas la de Obras Públicas.

En 2019, primer año en que Fidel Giménez Valdés Román encabezó la Secretaría de Obras Públicas, iniciaron los problemas en cuanto a transparencia de las cuentas del gobierno. Solo en ese periodo se detectó un hueco en las finanzas de 2,200 millones de pesos, sobre los cuales no se dio ninguna explicación. El grueso de ese monto, unos 1,850 millones, se le perdió el rastro al llegar a las diferentes dependencias estatales, que no rindieron cuentas sobre el dinero, entre ellas la de Obras Públicas de Giménez Valdés Román.

La Secretaría de Obras Públicas, durante la administración de Fidel Giménez Valdés Román, es una de las tres secretarías, junto con Educación y Salud, que concentran enormes faltantes de dinero. El otorgamiento de contratos a empresas de manera directa era un factor común durante la gestión de Giménez Valdés Román, como también lo era la adjudicación a compañías que no tenían experiencia en el sector o la inconclusión de construcciones que ya se habían pagado. En 2019, el órgano contralor detectó que Morelos había abonado 7,9 millones de pesos por cuatro obras supuestamente terminadas, un colector sanitario en Amayuca, un cruce de carretera en Jantetelco, un pozo de agua potable en Temixco y una cancha de fútbol 7 en Emiliano Zapata, las cuales nunca entraron en operación.

Fidel Giménez Valdés Román es uno de los exfuncionarios de Morelos que están siendo investigados.

FIDEL GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN, EXPEDIENTE LEGAL ABULTADO

A su paso por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos en época del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Giménez Valdés Román intentó cobrar un pagaré falso junto con su pareja, Claudia Fabiola Tostado Jiménez. El afectado era nada menos que su suegro, José Guadalupe Tostado.

Desde su puesto, Fidel Giménez Valdés Román presionó a los magistrados del estado y hostigó al señor Tostado haciendo valer sus influencias como funcionario público.

En este caso, un Tribunal Colegiado Federal dictó sentencia definitiva, por lo que quedó comprobada la participación de Fidel Giménez Valdés Román en la falsificación del pagaré junto con su pareja.

Sin embargo, Fidel Giménez Valdés Román mantiene esta cuenta pendiente con la justicia, ya que la sentencia lo condena a pagar los gastos y costas relacionados con el juicio, a lo que se ha negado.

Además, como consecuencia de la falsificación del documento, Giménez Valdés Román está denunciado penalmente bajo el expediente número SJ01/3235/2018, por ser copartícipes en la realización del delito, lo que podría derivar en su detención.

Sus deudas con la justicia no terminan ahí. El juzgado octavo en materia civil con base en Cuernavaca, Morelos, dictó sentencia definitiva sobre el expediente 489/2013, en donde se condena a Fidel Giménez Valdés Román a reconocer su paternidad, reclamada por Nidiyare Olguín Avilés, caso en el que también no ha cumplido.

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Infonavit expone graves casos de corrupción en proyectos de vivienda

La Chispa — Wed, 08 Jan 2025 18:17:32 +0000

Principales casos denunciados

Fondo de Estímulo a la Redensificación y Utilización de Vivienda (FERUV)
Entre 2013 y 2018, este fondo destinó 3 mil millones de pesos para la construcción de 8,852 viviendas. Actualmente, 18 desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y dejaron inconclusas 700 viviendas.
Crédito Integral Total (CIT)
Este programa, creado por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, manejó un presupuesto de 724.5 millones de pesos para 9,451 viviendas. Sin embargo, 13 desarrolladores acumulan deudas superiores a los 1,000 millones de pesos, y el 75% de las viviendas no fueron construidas.
Crédito Integral
Entre 2014 y 2019, solo se construyeron 366 viviendas pese a los recursos asignados. Las aprobaciones se realizaron sin la validación de un subcomité del Instituto.
SOFOM Crédito para Ti, S.A. de C.V.
Esta sociedad recibió 14 proyectos para construir 1,543 viviendas entre 2020 y 2024. La empresa fue creada por una integrante de la Comisión de Vigilancia del Infonavit, quien actualmente forma parte de su órgano de gobierno.
SOFOM Solución de Inmuebles y Medios Express, S.A. de C.V. (Solimex)
De los 31 proyectos asignados a esta empresa, el 63% no inició construcción, dejando un adeudo superior a los 800 millones de pesos. A pesar de las irregularidades, Solimex recibió 16 proyectos adicionales.

Infonavit expone graves casos de corrupción en proyectos de vivienda

Falta de supervisión y medidas futuras

Romero Oropeza destacó que las direcciones sectoriales de Trabajadores y Empresarial decidieron no someter sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública. Además, informó que desde 2014, de 834 proyectos aprobados, solo el 24% de las viviendas planeadas han sido entregadas.

Para evitar la repetición de estos casos, el Infonavit trabaja en una nueva estrategia para supervisar los proyectos y la administración de recursos. Según Romero Oropeza, la corrupción fue facilitada por un mecanismo que entregaba fondos a desarrolladores a través de intermediarios financieros no regulados, lo que dificultaba la supervisión de las obras.

Respuesta del gobierno federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó las denuncias y anunció que en los próximos días dará a conocer el monto total del fraude cometido contra los ahorros de los trabajadores. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas para proteger los derechos de los trabajadores.

Con estas medidas, el Infonavit busca recuperar la confianza de los trabajadores y garantizar que sus recursos sean utilizados de manera eficiente para mejorar su calidad de vida.

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