La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó un desfalco millonario en la Secretaría de Salud de Veracruz, ocurrido durante la gestión de Cuitláhuac García, relacionado con contratos otorgados a Productos Serel, empresa que forma parte del conglomerado de Grupo Kosmos-La Cosmopolitana, del empresario Jack Landsmanas.

El informe de la Cuenta Pública señala que Productos Serel recibió contratos por $393,432,176.93 pesos la mayoría de los contratos bajo la modalidad de adjudicación directa (sin licitación de por medio) desde 2020 para proporcionar alimentos y bebidas a hospitales públicos de la entidad. Sin embargo, la empresa, perteneciente a Grupo Kosmos, incumplió con los estándares de calidad y las condiciones contractuales acordadas, lo que causó un daño patrimonial estimado en hasta $69 millones de pesos, de los más de $388 MDP por aclarar en tan solo dos auditorias, para las finanzas del estado.

Por su parte, la razón social Café Bersa, recibió de manos del gobierno de Veracruz un total de 13 contratos que en conjunto suman la cantidad de $530,902,018.67 pesos; es decir, entre las dos empresas que conforman el GruPo Kosmos se adjudicaron servicios de alimentación en la Secretaría de Salud por la cantidad de $924,334,195.6 pesos.

Además, en los últimos años, Landsmanas y sus empresas asociadas al Grupo Kosmos fueron objeto de denuncias y sanciones por irregularidades en el suministro de productos alimenticios, con varios organismos destacando que los alimentos entregados se encontraban en malas condiciones.

Tras estos hallazgos, la gobernadora Rocío Nahle ordenó suspender todos los contratos con la empresa y destinar recursos a la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias. Igualmente, la ASF instruyó iniciar investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Salud local, debido a las irregularidades en los convenios que perjudicaron las finanzas públicas del estado.

Productos Serel es parte del conglomerado Kosmos, vinculado al denominado “Cártel de la Comida”, una red de empresas encabezada por Jack Landsmanas. Este grupo empresarial, que opera en el sector alimentario, está involucrado en el suministro de servicios como comedores industriales, así como en la distribución y envasado de productos alimenticios.

A pesar de las acusaciones en su contra, Landsmanas sigue obteniendo contratos públicos. Uno de los casos más destacados de su empresa es La Cosmopolitana, conocida por sus prácticas de monopolización en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos a instituciones gubernamentales, como el IMSS, ISSSTE y Pemex, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre 2011 y 2020, La Cosmopolitana acumuló 265 contratos públicos por un total de 3,422 millones de pesos, aunque su actividad se detuvo tras ser expuesta por sus prácticas corruptas.

El CEO de Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas, fue vetado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a las irregularidades detectadas en La Cosmopolitana. Sin embargo, ha intentado eludir este veto mediante su participación en Opes Acquisition Corp., una empresa offshore registrada en Estados Unidos, fundada en 2017 junto a Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijos del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y con la colaboración de Rodrigo Lebois Mateos, fundador de Unifin, otra compañía polémica relacionada con los sexenios anteriores.

CONTRATOS A PRODUCTOS SEREL

SESVER/DA/C-002/2024             $35,438,429.33

SESVER/DA/C-019/2023             $31,714,720.00

SESVER-DA-C-045-2023              $69,617,360.00

SESVER_DA_C-104_2022           $9,953,111.00

SESVER_DA_C-095_2022          $63,429,440.00

SESVER_DA_C-011_2022           $30,396,560.00

SESVER/DA/C-323/2021             $2,153,710.00

SESVER/DA/C-127/2021             $56,816,000.00

SESVER/DA/ C-014/2021            $28,408,000.00

334                                                     $874,245.60

223                                                     $7,814,601.00

74                                                       $56,816,000.00

TOTAL                                         $393,432,176.93

CONTRATOS A CAFÉ BERSA

SESVER/DA/C-073/2024             $144,619,200.00

SESVER/DA/C-001/2024             $36,871,170.67

SESVER/DA/C-018/2023             $29,952,700.00

SESVER-DA-C-044-2023              $65,923,220.00

SESVER_DA_C-105_2022            $10,046,888.00

SESVER_DA_C-096_2022           $59,905,400.00

SESVER_DA_C-012_2022            $28,868,600.00

SESVER/DA/C-321/2021               $14,999,840.00

SESVER/DA/C-128/2021              $53,960,000.00

SESVER/DA/ C-015/2021             $26,980,000.00

335                                                      $674,100.00

224                                                      $4,140,900.00

73                                                         $53,960,000.00

TOTAL                                           $530,902,018.67

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Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

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Jack Landsmanas Stern, CEO del Corporativo Kosmos, formó parte del consejo de Opes Acquisition Corp., una compañía offshore creada en 2017 en Delaware, Estados Unidos. El Corporativo que vende comida a administraciones locales e instancias federales, tiene entre sus filiales a La Cosmopolitana, la cual fue vetada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su administración por “mala reputación”.

La firma, que obtuvo 265 contratos con dependencias gubernamentales por tres mil 422 millones de pesos entre 2011 y 2020, fue señalada por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas, actos de corrupción y compras a sobreprecio. No obstante, sigue obteniendo contratos públicos con el uso de otras razones sociales.

Documentos de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) a los que el medio de comunicación El Sol de México tuvo acceso, refieren que los principales directivos de Opes Acquisition Corp eran Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y creadores de Oro Negro, así como Landsmanas Stern y el fundador de Unifin, Rodrigo Lebois Mateos.

Además, dan cuenta de la participación que tuvo como accionista el fundador de Unifin, señalado de irregularidades en su enriquecimiento, en la offshore, una firma ubicada en un país extranjero sin actividad en él.

Unifin entró a concurso mercantil a inicios de 2023, luego de suspender sus obligaciones financieras en agosto del año previo por falta de liquidez y capitalización, salió del mismo un año después, en enero de 2024.

La firma fue foco de presuntas irregularidades con las que otorgó créditos a empresas vinculadas a Lebois y su círculo, lo que habría llevado a su enriquecimiento.

Debido a estos señalamientos, Lebois dejó la dirección de la financiera en julio del año pasado mientras que unos meses después, en diciembre, su hija Almudena “N”, exconsejera de Unifin, fue detenida en Ciudad de México presuntamente acusada de fraude.

En enero pasado, Unifin informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concluyó con la implementación de un convenio concursal que alcanzó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), dos de sus principales acreedores, lo que le permitió contratar nuevas líneas de crédito con los mismos.

Tanto el convenio como el nuevo financiamiento se otorgaron pese a las irregularidades documentadas en torno a Unifin, como el hecho de estar asociada a empresas como Oro Negro y Corporativo Kosmos.

Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a Pemex y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por más de 270 millones de dólares como indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

En junio de 2019 Oro Negro fue declara en quiebra por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil, luego de que expiró el periodo para una conciliación con sus acreedores, a quienes debía más de mil millones de dólares.

En septiembre pasado, la empresa fracasó en su demanda contra el país, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó el caso al no contar con la jurisdicción para resolver las reclamaciones.

En un dictamen enviado a la BMV, Unifin notificó al público inversionista que cumplió con las condiciones suspensivas para que pueda acceder a nuevas líneas de crédito.

“Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos”, dice el documento.

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De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la firma adjudicada no presentó la mejor oferta económica, ya que su propuesta superó en 73 millones de pesos a la de su único competidor, Centrum Promotora Internacional, pese a que ambas ofrecían el mismo servicio.

El Comité de Adquisiciones del ISSEMYM justificó su decisión argumentando que la oferta de Centrum estaba 40% por debajo de los precios unitarios establecidos en el contrato vigente, lo que interpretaron como una posible estrategia para obtener ventaja en el proceso. Además, señalaron que la empresa descalificada no presentó la documentación requerida, incluyendo la carta de respaldo para pruebas especiales ni los registros sanitarios actualizados de los equipos Roche Cobas 503 y Abbott Architect i1000.

Falcón ha sido sancionada previamente por su participación en prácticas monopólicas dentro del sector salud. En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias federales y estatales a no aceptar propuestas ni firmar contratos con esta y otras empresas involucradas en la manipulación de licitaciones para laboratorios y bancos de sangre.

A pesar de la inhabilitación de siete años impuesta a Falcón, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la restricción y permitiéndole volver a participar en contrataciones públicas.

Falcón formó parte de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016, en la que se detectó la colusión de 15 empresas para obtener contratos millonarios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Según la Cofece, estas prácticas causaron un daño superior a los 1,200 millones de pesos al erario durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas del sector de laboratorios clínicos y bancos de sangre estaban involucradas en casos de corrupción, lo que derivó en 23 investigaciones, así como en ocho inhabilitaciones y multas.

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A casi un siglo de haber iniciado operaciones, la Industria Mexicana hoy reitera su compromiso permanente con el país y se suma a la campaña “Hecho en México” convocada por el Gobierno de la República.

En esta línea, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) hoy anuncia que incluirá el sello “Hecho en México” en sus productos de las marcas más relevantes de su portafolio que se producen en 73 plantas en el país. Este distintivo estará presente en las tapas del robusto portafolio de la compañía, iniciando por los productos de las marcas Coca-Cola y Coca-Cola sin azúcar.

A través de esta iniciativa la Industria Mexicana de Coca-Cola busca reconocer el trabajo constante de:

-Los más de 100,000 mexicanos y mexicanas que trabajan directamente en el sistema y que hacen posible su operación.

-Los más de 1.2 millones de clientes tenderos y tenderas, dueños de fondas y restaurantes y operadores de comercios a lo largo y ancho del país.

El esfuerzo de cada uno de los miembros de la cadena de valor es fundamental para garantizar que la compañía siga ofreciendo productos de la más alta calidad. Con esta iniciativa, la IMCC reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de México, impulsando el talento local y promoviendo el orgullo por lo hecho en México.

“Este sello es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de cada integrante de nuestra cadena de valor en México”, señaló Patricio Caso, director senior de Asuntos Públicos Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola México. “Detrás de cada botella con el sello de Hecho en México hay una comunidad entera que hace que todo suceda, desde empleados como Juanjo hasta socios como Héctor; proveedores como Ana y dueñas de negocios locales como Mariana. Juntos, todos damos vida a Coca-Cola.”, concluyó.

De acuerdo con un estudio de la firma Steward Redqueen, el esfuerzo de cada uno de los miembros de la cadena de valor de la IMCC contribuye a que la compañía aporte el equivalente al 2% del total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generando más de 100,000 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos en México, impactando positivamente las vidas de miles de familias y pequeñas empresas en el país.

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Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Pequeños contratistas denunciarían a ICA por adeudos millonarios 

Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

“Modus operandi” de ICA

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

Temor a represalias

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA y preparan nuevas acciones

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Deuda millonaria de Pemex: impacto en el empleo

El recorte de personal, derivado del creciente pasivo de la petrolera, ha afectado principalmente a los estados de Tabasco y Campeche. De acuerdo con el oficio DCAS-SCH-CDHO-SRIDHSE-1655-2024, firmado en diciembre de 2024 por Víctor Hugo Hoyos Mendoza, subgerente Regional de Integración y Desarrollo Humano Sureste, la situación es crítica.

Afectaciones en Tabasco y Campeche

En Tabasco, se eliminarán 466 plazas, de las cuales 323 corresponden a la región de Comalcalco en el área de PEP. En Ciudad del Carmen, Campeche, se perderán 215 plazas, 193 de ellas relacionadas con actividades de perforación.

Además, el impacto no se limita a estas áreas, ya que otras divisiones de PEP, PLOG y PC también sufrirán reducciones significativas. Las plazas temporales de la Refinería (SPI) aún no están contempladas en este recorte. Sin embargo, se anticipan más ajustes en Pemex Refinación en los próximos días.

El impago de la deuda de Pemex con proveedores y contratistas, que asciende a 20 mil 500 millones de dólares al cierre del último trimestre de 2024, ha llevado a manifestaciones de empresarios y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, Ciudad de México y Campeche, quienes exigen el pago de sus adeudos.

Ante la creciente presión social y empresarial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado un plan para cubrir la totalidad de la deuda millonaria de Pemex. Buscando con ello evitar mayores afectaciones a la industria petrolera y mitigar el impacto en la economía de los estados afectados.

Consecuencias de la deuda millonaria de Pemex

El panorama financiero de Pemex sigue siendo un desafío constante para la administración federal. La combinación de una deuda creciente, la disminución de la producción y los recortes de personal plantea un futuro incierto para la empresa estatal y el país.

Expertos sugieren que para enfrentar la crisis es necesario:

• Implementar estrategias de refinanciamiento efectivas.
• Incrementar la eficiencia operativa en todas las áreas de la empresa.
• Establecer acuerdos con proveedores para garantizar el cumplimiento de pagos.

La situación actual de la deuda millonaria de Pemex representa un reto significativo para la economía nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la empresa y su papel en la industria energética global.

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