La gentrificación puede tener impactos negativos en el medio ambiente, incluyendo la contaminación, debido a varios factores:

– Desarrollos de infraestructura inmobiliarios: La construcción de nuevos edificios, carreteras y otros proyectos de infraestructura puede generar contaminación del aire y del agua, así como ruido.

– Cambios en el uso del suelo: La gentrificación puede llevar a cambios en el uso del suelo, como la conversión de áreas verdes en zonas residenciales o comerciales, lo que puede afectar la calidad del aire y del agua.

– Aumento de la densidad poblacional: La gentrificación puede llevar a un aumento en la densidad poblacional, lo que puede generar más tráfico, ruido y contaminación del aire.

– Pérdida de biodiversidad: La gentrificación puede llevar a la pérdida de biodiversidad, ya que las áreas naturales son reemplazadas por desarrollos urbanos.

– Aumento del consumo: La gentrificación puede llevar a un aumento en el consumo de recursos, lo que puede generar más residuos y contaminación.

Es importante considerar estos impactos ambientales al planificar y desarrollar proyectos de gentrificación, para minimizar los efectos negativos y promover un desarrollo sostenible; que después de todo su fin último daña el ecosistema.

Cabe destacar que autoridades, diputados, académicos y activistas que participaron en el evento el Foro urbano y gentrificación, donde analizaron el impacto del desarrollo en las comunidades yucatecas; revelan cómo el “progreso” expulsa a los mayas de Yucatán El diputado Francisco Rosas Villavicencio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso del Estado, subrayó que la gentrificación no es únicamente un asunto económico, sino también social, cultural y profundamente humano.

“Cuando un espacio público deja de ser el punto de encuentro de todos para convertirse en un escaparate para unos pocos, el derecho a la ciudad queda vulnerado”. “En zonas como Mérida, Valladolid, Progreso, Izamal y Sisal, este fenómeno ya es palpable: las rentas aumentan, los predios cambian de manos y los vecinos de toda la vida sienten la presión de abandonar sus espacios.

Lo que para algunos es progreso, para otros significa desarraigo, pérdida de redes comunitarias y ruptura del tejido social”, expresó el diputado Rosas Villavicencio. Los participantes coincidieron en que Basura, contaminación, problemas de agua y carestía trae la gentrificación en Mérida, afectando no solo el entorno natural sino también el bienestar de las comunidades.

“Debemos legislar para regular el desarrollo urbano en zonas turísticas, para evitar desplazamientos injustos, garantizar vivienda asequible, asegurar la participación ciudadana en la planeación y establecer mecanismos que protejan nuestro patrimonio cultural”, acotó el diputado.

En Yucatán el Foro urbano y gentrificación, fue con el objetivo de generar iniciativas en pro del crecimiento en el estado, en armonía con el medio ambiente y con respeto al entorno social y cultural en la entidad.

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Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que siguen construyendo y publicitándose como barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos.

Con respaldo político, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de coyotes, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan en las comunidades mayas acechadas por las mafias y los zares del concreto.

No cualquier tierra es codiciada. La predilección de estos actores se concentra en espacios con agua, monte y bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y coyotes.

El negocio se centra en privadas, fraccionamientos y la comercialización de lotes de inversión.

Destaca la propagación de viviendas premium, ofrecidas en paquetes con “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamientos exclusivos y áreas de juegos infantiles. Aunque se promocionan como desarrollos modernos y exitosos, en su ADN llevan un atropello de derechos con pretensiones de perpetuidad.

Aunque estas prácticas iniciaron hace menos de dos décadas, su auge se ha intensificado hasta 2025. El despojo y la apropiación ilegal de tierras rurales y urbanizadas por parte de actores ligados a la actividad inmobiliaria depredatoria se han vuelto una constante en Yucatán.

Pueblos y comisarías mayas cercanas a Mérida transitan episodios de violencia prácticamente cada semana. La vulneración de derechos y libertades se esparce, sobre todo, en espacios con organización ejidal y vida comunitaria.

Campesinos y defensores de ecosistemas enfrentan una ofensiva que crece a la par de la promoción de Yucatán como plataforma de negocios. Esta situación ha detonado un proceso de burbuja inmobiliaria, ligada a la especulación y a la compraventa irregular de lotes.

Lo que se vende como un negocio próspero se asienta en un engranaje de apropiaciones ilícitas, amedrentamiento judicial, violencia policial y fraudes. Así lo documenta Patricio Eleisegui en su investigación Yucatán Bienes Raíces: comunidades mayas, territorios libres y colonización inmobiliaria (2023), difundida en Narrativas de Resistencia por el consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible.

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Las causas son diversas, incluyendo actividades humanas como la agricultura, acuicultura; pero lo más grave es que últimamente esta creciendo la urbanización; es imparable e impune ese crecimiento devastador acabando con las murallas de miles de metros de manglares para la construcción de desarrollos inmobiliarios, hoteles, restaurantes y zonas industriales.

Esto se suma de igual manera a los factores naturales como la erosión y fenómenos de cambios climáticos extremos e impredecibles. México y sobre todo en la región sureste, de la península, “enciende focos de alerta por la destrucción del mangle; ha perdido el 15% de su cobertura total y Yucatán el 30% Investigadores del Cinvestav y el colectivo Las Chelemeras de Chelem y Progreso alertan sobre el aumento en la tala ilegal del mangle en la costa de Yucatán y sus consecuencias. Según afirma el Diario de Yucatán que en lo que va de año, se han devastado más de 35 mil metros cuadrados de vegetación costera en Sisal y Dzilam de Bravo. Pero lo más lamentable que la devastación no para.

De la misma manera y preocupante, el diario Por Esto!, alerta sobre la emergencia ambiental en la costa, de acuerdo con datos federales, en los últimos 12 años se han devastado más de 230 hectáreas de manglares en terrenos federales de la franja costera del estado. Semarnat destaca que México ha perdido alrededor del 15% del total de manglares a nivel nacional mientras Yucatán ha perdido cerca del 30% de su cobertura original, en gran parte por desarrollos urbanos y turísticos sin control. Esta pérdida pone en riesgo a la población ante fenómenos meteorológicos extremos, además de afectar la recarga del acuífero, la pesca y la calidad del agua.

Ambientalistas han denunciado que las autoridades conociendo las causas de la devastación de manglares en Yucatán y sus impactos que provocan al medio ambiente y a la población; sigan otorgando permisos y además se exhibe la corrupción al ver como siguen construyendo y depredando miles de hectáreas de manglares.
Incontrolable el desarrollo urbano; el crecimiento de las zonas urbanas y la construcción de infraestructura en áreas costeras desplazan y destruyen los manglares; además las descargas de aguas residuales y contaminantes en los manglares los va dañando y reduciendo su capacidad de supervivencia.

Es importante resaltar que los manglares son hábitats críticos para muchas especies de peces, aves, crustáceos y otros organismos, por lo que su pérdida afecta a toda la cadena alimenticia. Los manglares actúan como barreras naturales contra tormentas, huracanes y erosión costera. Su destrucción aumenta la exposición de las comunidades costeras a estos peligros. Los manglares ayudan a filtrar contaminantes y a mantener la calidad del agua en las zonas costeras.

Su pérdida puede llevar a la contaminación del agua y afectar la salud humana y la vida marina. Los manglares brindan importantes servicios ecosistémicos, como la regulación del clima, la captura de carbono y la provisión de recursos pesqueros. Su destrucción impacta negativamente en estos beneficios. Las autoridades tienen conocimiento de las causas y consecuencias; pero se impone la corrupción, e intereses mercantil y consecuentemente la depredación de manglares al mejor postor.

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De la misma manera, las aguas residuales grises que proceden de lavabos, duchas, lavadoras, entre otras. Aunque contienen menos patógenos en comparación con las aguas residuales negras, pero ambas cargan contaminantes químicos y orgánicos

Cabe destacar que la población en Mérida con los municipios conurbados ha crecido de una manera descomunal e incontrolable por los cientos de proyectos de desarrollos de viviendas y residenciales; sobre todo por miles de foráneos que han elegido a Yucatán para vivir; motivados por la mercadotecnia de las empresas inmobiliarias y el repunte de ventas de lotes y casas en residenciales; cabe destacar que en 2022, la población de Mérida, Yucatán, fue de 1,201,000 habitantes en su área metropolitana, según datos de Macrotrends. En el municipio de Mérida, la población fue de 995,129 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La ciudad de Mérida forma parte del área metropolitana que incluye también las localidades de Kanasín y Umán.

Las aguas residuales negras y grises, son productos inevitables de la actividad humana y merecen una importante de gestión adecuada; sobre todo que el agua es un recurso vital para la vida en nuestro planeta; pero sin embargo, el uso cotidiano genera grandes volúmenes de agua residual.

Es importante considerar como las aguas residuales negras provienen principalmente de baños y otras instalaciones sanitarias. Estas contienen material fecal y otros desechos humanos, lo que las convierte en un vector de enfermedades y una amenaza para la salud humana si no son manejadas adecuadamente. Y además ver que van a parar al subsuelo acuático.

Por otro lado, las aguas residuales grises proceden de fuentes como lavabos, duchas, lavadoras, entre otras. Aunque estos flujos contienen menos patógenos en comparación con las aguas residuales negras, todavía están cargados de contaminantes químicos y orgánicos que pueden ser perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Un tratamiento oportuno elimina patógenos y contaminantes, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y proteger el medio ambiente, evitando la descarga de aguas residuales no tratadas en ríos y mares ayuda a prevenir la eutrofización y otras formas de contaminación del agua y del subsuelo yucateco.

Las aguas grises son las aguas residuales generadas a partir de procesos domésticos como el lavado de ropa; son relativamente fáciles de tratar y reciclar, y no contienen contaminantes graves en comparación con las aguas negras. Sin embargo, si no se tratan oportunamente, se convierten en un problema medioambiental significativo.

Las aguas negras en cambio son las aguas residuales que provienen de inodoros y otras fuentes que podrían contener excrementos humanos, papel higiénico y otros desechos similares. Debido a la presencia de estos contaminantes, las aguas negras pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se tratan adecuadamente antes de su descarga.

Es importante recordar que tanto las aguas grises como las negras deben ser tratadas antes de ser liberadas al medio ambiente, para prevenir la contaminación y proteger la salud pública; pero sobre todo es necesario que no sigan autorizando desarrollos inmobiliarios y frenar la contaminación, devastación y daños al medio ambiente

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Este es un problema muy grave que no se resuelve porque no hay voluntad política y todo se ha convertido en un mercantilismo.

Aunque haya empresas a modo que trabajan para retirar estos desechos, pero que los llevan a tirar a otra parte, entonces, el problema no se resuelve, sino que se traslada a otra parte y siempre es a las comunidades y poblaciones donde la gente no puede reclamar; es decir “solo cambian el polvo del lugar; la contaminación sigue.

Hace unos meses la iglesia declaró que Yucatán es un referente nacional porque es alberga la tercera reserva hídrica más importante del país, pero que en este momento se está dañando con la construcción de grandes y lujosos residenciales y también de instalación de industrias que además de contaminar el subsuelo, sobre explotan el acuífero, dañando el patrimonio de los yucatecos, fundamentalmente de los más pobres y el grave impacto ambiental.

Reiterando que la contaminación del agua por fosas sépticas es un problema grave que requiere atención y acciones preventivas. El mantenimiento regular, el diseño adecuado y la educación son clave para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Las fosas sépticas producen gases como metano (CH₄) y sulfuro de hidrógeno (H₂S) durante el proceso de descomposición de residuos orgánicos. Estos gases no solo emiten olores desagradables; también tienen un impacto negativo en el medioambiente y en la salud humana.

En Mérida, Yucatán, se estima que existen alrededor de 300,000 fosas sépticas, más las que se suman en cada entrega de residenciales; las cuales son responsables de la contaminación de los ríos subterráneos de la ciudad. Estas fosas sépticas son sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas utilizados en zonas donde no hay acceso a la red de alcantarillado municipal.

Las fosas sépticas son una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en áreas rurales o zonas alejadas de la red de saneamiento. En Mérida, su proliferación ha generado preocupación debido a la contaminación del manto freático, ya que muchas de estas fosas no cumplen con los estándares adecuados de construcción y mantenimiento.

La contaminación del acuífero en la capital yucateca es un problema ambiental significativo en Yucatán, y las fosas sépticas son uno de los factores que contribuyen a esta problemática. Es crucial que se tomen medidas para mejorar la gestión de las aguas residuales, frenar a las inmobiliarias y reducir el impacto ambiental de estas instalaciones; aunque digan que son desarrollos sustentables.

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La detección de los desmontes en la región lleva ya muchos años, pero en el último año se han intensificado, Precisa Sandra García.

Revela que los desmontes fueron detectados mediante los recorridos de vigilancia que realiza el personal de la reserva, además de las denuncias ciudadanas, que se han venido haciendo.

La población indignada denuncia que son las “inmobiliarias”, que vienen ya por la reserva natural; como ya no tienen espacios en la ciudad de Mérida, ahora acaban con la poca selva que son “el pulmón de la contaminación qué con el cambio climático, cada día empeora más. Piden que ya pongan un alto a la construcción de los grandes desarrollos y de los grupos inmobiliarios que tienen fijada la mirada en la reserva Cuxtal.

La voracidad y ambición inmobiliaria en Mérida va por Cuxtal, no hay ninguna duda, y están dispuestos a lograrlo “cueste lo que cueste”. Las recientes denuncias han exhibido intentos de robarle a la ciudad su principal reserva ecológica, con ofertas fraudulentas de terrenos baratos, de grupos inmobiliarios.
Los cuales le sacan jugo a la necesidad, comprando terrenos ejidales a precios de ganga, y se exprime la avaricia, revendiéndolos sin permiso alguno; o concedidos con la anuencia de funcionarios; pero imperando la corrupción de las autoridades involucradas, hasta los lideres ejidatarios que se “venden por treinta monedas”.

La directora lamenta que cuando llevan acabo el desmonte de manera ilegal, se hacen barridos con la máquina que arrasan con madrigueras, nidos de aves y hábitats de otras especies silvestres.
Sandra García comentó que ellos realizan recorridos para constatar los hechos y dar parte a las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con quienes colaboran para que se realice la intervención en el sitio que esté siendo afectado.

Enfatizó, de los comentarios que hacen los mismos habitantes sobresale que esta situación se debe a la posible construcción de fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, lotificaciones, en general de urbanización dentro de estos montes. La directora de la Reserva Ecológica Cuxtal, Sandra García Peregrina, pide a los ciudadanos, si ven una tala lo reporten a la Profepa. Y que esta procederá a dar seguimiento.

Aunque ciudadanos dicen que han hecho sus quejas, sus denuncias y que no han hecho algo porque los desmontes en la reserva siguen avanzando.

Con Información de Diario de Yucatán y La Jornada Maya

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“Existe una estrecha relación entre las dunas y las tortugas. Que pobladores y grupos ecologistas revelan: “nos dimos cuenta de esta necesidad y por lo tanto nos dimos a la tarea de buscar como protegerlas y sobre todo como prioridad como proteger su hogar, porque buscan un árbol, una mata de playa y si no las encuentran, no tienen a dónde ir. Por eso lamentamos que haya muchas construcciones porque están devastando impunemente la duna”.

Las construcciones en la zona costera yucateca y más entre Telchac Puerto y Dzilam de Bravo llevan a que se reduzca la vegetación de dunas y esto representa un peligro tanto para la fauna como para la población porque queda desprotegida ante la llegada de huracanes y tormentas.

Pobladores de la comunidad se organizan para frenar estos efectos. Uno es Elías Estrada, quien se convirtió en voluntario del Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina. Él es consciente de que el mayor reto que enfrentan son los proyectos de desarrollos inmobiliarios y turísticos con la destrucción de la duna costera.

“No existe una conciencia sobre la preservación y sobre la importancia de la duna en la playa. Los inversionistas vienen y lo primero que hacen es desmontar, quitan toda la duna costera sin saber que es la primera barrera que tenemos”, denunció. La agrupación a la que pertenece trabaja en la reforestación de dunas desde el 2022. Ellos contabilizan al menos cada mes una nueva construcción.

Precisan que “Es difícil que las personas tengan conciencia ambiental. Mi aprendizaje por ejemplo es conocer la importancia de la vegetación porque ellas hacen raíz que se forma debajo de la tierra y generan más montículos de arena que nos ayuda a retener nuestras playas. Así ya sé que no sólo cuidamos nuestro hábitat; con la duna costera también cuidamos el entorno de los animales que ahí viven”.

La comunidad unida trata de cuidar el medio ambiente, pero denuncian que las empresas constructoras no tienen perspectiva de cuidado ambiental. “Lo que queremos es que las empresas constructoras entiendan que no queremos convertirnos en un Playa del Carmen, un Cozumel o un Cancún porque allá ya no tienen vegetación, es pura arena blanca y nada más edificios”. Arelda Berenice Chay, por su parte especificó que su trabajo se centra en la conservación de las tortugas marinas que llegan a anidar a la playa, pero notan que las construcciones afectan la vegetación y, por lo tanto, esta fauna se queda sin espacio para desovar.

Las personas de la comunidad reconocen que el turismo conlleva beneficios económicos, pero consideran que estos son mínimos en comparación con los efectos en el ambiente, la afectación a la fauna y sobre todo al exterminio de los “hogares en tierra de las tortugas”.

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Y como tomando la delantera, atajando las iniciativas, empezaron a promocionar para venta o renta residenciales de lujo, a inversión mientras los construyen y además cerrando accesos a las playas, a casi dos mil habitantes del lugar. Cabe destacar que con el otorgamiento de los permisos de las autoridades, federales, estatales y municipales, empezaron acelerar la edificación de edificios de desarrolladores inmobiliarios de lujo en las playas en Yucatán.

Por eso ante tal situación que se agravó, pobladores del lugar recolectaron firmas para pedir intervención del gobierno del Estado y nunca llegaron las sanciones. Tal situación con el objetivo de frenar el avance de los grandes desarrollos llamados ecoturísticos, elaboraron un Programa de Ordenamiento costero en Yucatán.

Del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Ana García Silberman, describió el crecimiento de la urbanización por parte de grupos inmobiliarios como ‘brutal’. Y desde el 2007, junto con un equipo, encabezó la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán.

Revela que: “Para entonces, lo hicimos siguiendo los lineamientos oficiales que se establecen y con la lógica de los ordenamientos, es decir, minimizando el daño costero. Trabajamos sobre procesos fundamentales como no rellenar los manglares y evitar la erosión costera, entre muchos otros aspectos”, recordó.

También en la elaboración del Programa estuvieron involucrados académicos del Cinvestav, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), de los Tecnológicos de Conkal y Monterrey.

Los expertos priorizaron la fragilidad del ecosistema de la zona costera del estado. Para evitar la erosión enfatizaron en proteger la duna de la deforestación, ya que se trata de una formación de arena cubierta por vegetación que preserva ecosistemas ante huracanes y tormentas tropicales. Para proteger la arena del ecosistema, el documento estableció que las construcciones “ya autorizadas” debían alejarse como mínimo 60 metros de costa y respetar la duna. Además, los edificios no podrían tener una altura mayor a los siete metros.

Sin embargo, el sector inmobiliario hasta el día de hoy en pleno 2025 lo ha ignorado. Precisa que a pesar de los logros que se consiguieron con este ordenamiento territorial, en 2014 se modificó y uno de los cambios consistió en que, desde ese año, cada municipio es libre de aplicar o no dicho instrumento. “Cuando hicimos la consulta para la creación de estos documentos, participaba más la población local y tenían una petición clarísima: no queremos convertirnos en otro Cancún. Eso estaba en voz de todos”, describió.

“En este momento hay un Ordenamiento Territorial indicativo que no sirve. Ahora en la costa pueden construir donde quieran, con la altura que quieran y eso es lo que estamos viendo el Telchac Puerto”, reiteró. Cabe destacar que el negocio del siglo, no cabe duda, es el inmobiliario, aunque se afecte el hombre mismo y la vida de cientos de pobladores y ejidos; el bisne es el bisne y la corrupción está sobre todo.

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A medida que las poblaciones urbanas siguen creciendo, la demanda de viviendas, oficinas, espacios comerciales, residenciales aumentan de manera constante. Sin embargo, este crecimiento inmobiliario tiene un costo significativo para el medio ambiente, que a menudo pasa desapercibido en medio de la expansión urbana; pero la flora, la fauna y la selva van desapareciendo, es un fenómeno que no para; Mérida y municipios conurbados lo están sufriendo y viviendo.

Los ecocidios se reportan todos los días, pero muy pocos voltean a ver el gran daño que vienen causando; lo que antes en las ciudades eran áreas u ombligos verdes, ahora están devastados o son planchas de pavimentos.

La ambientalista Teresa Vaught Charruf, representante del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán, gran defensora, ha denunciado “caos ambientales”, zonas donde han ocurrido devastaciones; que son blanco de interés inmobiliario por parte de grandes empresas desarrolladoras y turísticas.

Vaught asegura que Cuando un empresario destruye así, eso no es desarrollo: “Es delincuencia empresarial organizada”.

Por eso convoca, tanto a las autoridades como a la sociedad, de que “Estamos ante una emergencia planetaria y que es momento de frenar los ecocidios y convertir en verdaderos santuarios las áreas protegidas, con acciones reales, no con discursos. Y de que los funcionarios dejen de ser cómplices de grupos de empresarios que destruyen, porque no es, o no son los desarrollos en sí, sino que se convierten en delincuentes empresariales organizados, es decir, mafias de cuello blancos.

Es importante también que la ciudadanía local comience a levantar la voz, a atrincherarse, como parte de un movimiento social en defensa del medioambiente y frenar a los delincuentes ambientalistas.

Porque destruir esos ombligos o zonas verdes, las selvas y acabar con la flora y su fauna, es destruir vida, historia y futuro”, son pulmones ecológicos y hay que exigir justicia y castigo para esos asesinos del “mundo verde” y sus consecuencias en los pobladores.

El ecocidio es la destrucción de ecosistemas y de la vida misma y hay que denunciar a esos empresarios y funcionarios que lo permiten.

Cabe precisar que el impacto del desarrollo inmobiliario en el medio ambiente y cómo esta industria puede desempeñar un papel fundamental en la mitigación de los efectos negativos. Desde la deforestación y la pérdida de hábitats naturales hasta la generación de residuos y la huella de carbono, consecuencias del desarrollo inmobiliario en relación con la sostenibilidad ambiental. Urgente frenar los ecocidios en las poblaciones y municipios yucatecos.

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Con esta resolución no solo queda firme la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, sino también se asegura la restitución de tierras al ejido de Chocholá, suscitando a la conservación de la flora y fauna nativa del lugar y los cenotes del municipio pertenecientes al área natural protegida denominada “Reserva Estatal Geohidrológica de Cenotes” Decreto N° 117 emitida por el gobierno del Estado de Yucatán, pues en dichas tierras se pretendían instalar bancos para la extracción de material pétreo y una fábrica de cal, en la que no solo se peligraba la destrucción de los recursos naturales, sino también la salud de los habitantes debido a la contaminación que se generaría. Tribunal falla a favor de ejidatarios en Chocholá y refrenda restitución de tierras comunales

Un gran logro que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito resolvió sobreseer el juicio de amparo directo 151/2023, promovido por el Comisariado Ejidal de Chocholá. Este fallo se deriva de la sentencia dictada el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, que declaró la nulidad del acta de asamblea del 16 de diciembre de 2012, en la que se aprobó de manera ilegal el cambio de destino de una superficie de 612.12 hectáreas de tierras de uso común para crear cuatro parcelas y asignarlas a empresarios acaparadores de tierras.

Cabe recordar que el juicio principal comenzó el 15 de julio de 2019, cuando un grupo de ejidatarios presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, argumentando que la asamblea contravenía el artículo 59 de la Ley Agraria, el cual establece que la asignación de parcelas en tierras que contengan bosques o selvas es nula de pleno derecho; además de que existieron irregularidades en el proceso de inscripción del acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional.

Es importante destacar que el Tribunal Unitario Agrario determinó procedente la demanda de nulidad de la asamblea ejidal del 16 de diciembre de 2012, al haber acreditado las diversas irregularidades en el procedimiento de inscripción del acta de asamblea ante el Registro Agrario Nacional. En particular, se mencionó que no se cumplió con la obligación de obtener un dictamen técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antes de proceder con la calificación registral, lo que afectó la validez del acto. Además de que, con el acuerdo de asamblea, se contravino lo que establece el artículo 59 de la ley agraria, ya que la evidencia presentada demostró que las parcelas asignadas en la asamblea estaban ubicadas en áreas con selva mediana caducifolia, lo que hacía nulo el acuerdo de la asamblea.

Después de diversas audiencias y alegatos, el tribunal unitario dictó su sentencia en febrero de 2023, favoreciendo a los demandantes, declarando la nulidad del acta, la nulidad de la inscripción en el Registro Agrario Nacional, así como la nulidad de los certificados parcelarios y los títulos de propiedad que habían sido expedidos a favor de los acaparadores de tierra. A pesar de que con esa sentencia favorable para los ejidatarios, ya que esas tierras regresaban a ser propiedad del ejido, el Comisariado Ejidal de Chocholá, representado por David Alejandro Anguas Quintal, José Humberto Quintal Durán y María Isabel Quintal Osorio, interpusieron el juicio de amparo el 21 de marzo de 2023 ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, buscando revertir la sentencia y favorecer a los empresarios, argumentando que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario transgredía derechos fundamentales y la protección de la propiedad agraria, consagrados en la Constitución.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, realizó un estudio detallado de lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario y apegándose a la ley, resolvió que el amparo era improcedente, basándose en el principio de definitividad. Este principio establece que los promoventes del amparo debían agotar el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, antes de acudir al amparo, por lo que, al no haberlo hecho, sobreseyó el amparo promovido por el ejido. Con este fallo a favor solo queda firme la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, sino también se asegura la restitución de tierras al ejido de Chocholá, suscitando a la conservación de la flora y fauna nativa del lugar, los cenotes del municipio y logran salvar de los depredadores inmobiliarios y empresarios constructores.

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