“Me rindo”: una protesta con impacto nacional

Con una manta en la que se leía: “¡Me rindo, gobernador! Aquí mi lucha termina. Libera a Vera Carrizal. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres. Bienvenida, presidenta”, Ríos Ortiz tomó el podio para anunciar su decisión de abandonar su lucha por justicia tras casi cinco años de enfrentar un proceso que, según ella, ha estado plagado de obstáculos.

“Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Hoy quiero decirle que ‘me rindo’. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan”, expresó la activista, quien también denunció que el exdiputado priista y presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019 ya no se encuentra bajo custodia, como se había informado oficialmente.

Acusaciones contra el gobierno estatal

Ríos Ortiz señaló directamente al gobernador Salomón Jara y a su administración de estar detrás de una supuesta campaña de hostigamiento y difamación en su contra, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar su lucha pública. Además, cuestionó el manejo del caso por parte de la Fiscalía de Oaxaca, señalando la falta de transparencia en el traslado de Vera Carrizal a un hospital y sugiriendo un posible vínculo entre el empresario y las autoridades estatales.

María Elena Ríos denuncia impunidad en Oaxaca durante acto oficial con Sheinbaum

Un caso emblemático de impunidad

El ataque con ácido sufrido por Ríos Ortiz en 2019 conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, el proceso judicial ha sido lento y controversial. La Fiscalía de Oaxaca ha identificado a Juan Antonio Vera Carrizal como el autor intelectual, pero su traslado a un hospital en Santa Cruz Xoxocotlán ha generado dudas sobre si realmente sigue bajo custodia.

De los otros implicados, uno falleció en prisión, mientras que dos más fueron acusados de ejecutar el ataque a cambio de 30 mil pesos. Sin embargo, el hijo de Vera Carrizal, también señalado como autor intelectual, sigue prófugo.

Silencio presidencial

A pesar de la contundencia de la denuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum no emitió declaraciones al respecto durante el evento. Permaneció junto a la activista mientras esta exponía su protesta, pero evitó pronunciarse sobre las acusaciones contra el gobernador Salomón Jara o sobre la situación judicial de Vera Carrizal.

El contraste del evento oficial

El acto de inauguración, que reunió a autoridades federales y locales, concluyó con el corte del listón de la carretera, mientras Ríos Ortiz se retiraba visiblemente afectada. La protesta de la activista marcó un fuerte contraste con el tono celebratorio del evento, dejando en evidencia la urgencia de atender las demandas de justicia y poner fin a la impunidad en casos de violencia de género.

Reacciones pendientes

La denuncia pública de María Elena Ríos podría intensificar el escrutinio nacional sobre el gobierno de Salomón Jara y el manejo de la justicia en Oaxaca. Mientras tanto, su decisión de “rendirse” no solo refleja el agotamiento personal de una víctima, sino también las fallas estructurales que perpetúan la violencia y la impunidad en México.

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En un giro inesperado en el caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y activista atacada con ácido en septiembre de 2019, la jueza María Antonia Esteva Domínguez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, revocó la liberación de los tres implicados: Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos, y Rubén Loaeza Chávez, quienes enfrentaban cargos por tentativa de feminicidio. Esta nueva resolución llegó tras la indignación social que desató la decisión previa del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien había absuelto a los acusados.

La jueza Esteva Domínguez, en una audiencia celebrada este miércoles por la noche, determinó que los imputados deben permanecer en prisión preventiva, dejando sin efecto la boleta de libertad que había sido emitida anteriormente. La resolución también exige el reingreso inmediato de los acusados al centro de internamiento en caso de que ya hubieran sido liberados.

El caso de María Elena Ríos ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad en los delitos de violencia de género en México. Ríos sufrió graves quemaduras tras ser atacada con ácido, un crimen que, según confesaron dos de los perpetradores, fue ordenado por Juan Antonio Vera Carrizal, a cambio de un pago de 30 mil pesos. A pesar de las confesiones y de las pruebas presentadas por la fiscalía, el juez Ramírez Montaño argumentó inicialmente que no existían fundamentos suficientes para mantener la acusación de tentativa de feminicidio, lo que generó una ola de indignación tanto en redes sociales como en la opinión pública.

María Elena Ríos, quien ha mantenido una lucha constante durante cinco años para que se haga justicia, expresó su frustración e indignación tras conocer la noticia de la liberación, catalogándola como un triunfo de la corrupción. Su llamado a las autoridades, incluyendo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue escuchado, lo que contribuyó a la revocación de la decisión inicial y al reingreso de los acusados a prisión.

Cambio de rumbo en caso María Elena Ríos

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres en México al buscar justicia en casos de violencia de género y subraya la importancia de la presión social y gubernamental para contrarrestar decisiones judiciales que parecen perpetuar la impunidad. La resolución de la jueza Esteva Domínguez representa un paso hacia la rectificación en un proceso que ha estado marcado por la controversia y la desconfianza en el sistema judicial.

Ahora, la lucha por justicia para María Elena Ríos sigue su curso, con la esperanza de que este cambio en la decisión judicial sea un preludio de una condena definitiva contra los responsables del ataque.

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