El nearshoring es resultado de los movimientos estratégicos en el tablero mundial. Como es sabido, las disputas entre las potencias económicas por la supremacía global, están alcanzando niveles de peligrosa tensión, al punto del rompimiento de relaciones.

El caso extremo es el de Estados Unidos y China, que están llevando su rivalidad a la adopción de medidas extremas: esto incluye imposición de aranceles, bloqueos comerciales, prohibiciones para importar componentes estratégicos para la cadena de suministros, reubicación de empresas y sus plantas productivas, entre otras.

Las mayores firmas en sectores de punta están buscando ponerse a salvo de las pugnas geopolíticas y sacar ventajas de la relocalización en la coyuntura mundial.

Los expertos apuntaban que México sería uno de los países más beneficiados, por su ubicación geoestratégica, así como por sus ventajas comparativas y competitivas (el acuerdo de libre comercio de Norteamérica) y por contar con mano de obra calificada.

Sin embargo, México no está siendo uno de los mayores beneficiados. Desafortunadamente, el gobierno ha reaccionado sin estrategia y con lentitud desde que se abrió la oportunidad dorada en el gobierno del presidente Donald Trump.

Se recordará que ante la creciente rivalidad del gigante asiático, el mandatario estadounidense desató la tensión. Esto llegó al punto de imponerle diversas condiciones en perjuicio de algunas firmas icónicas de aquella nación, como Huawei, Tik Tok y otras. Asimismo solicitó a las marcas estadounidenses reubicarse fuera de ese país, y primordialmente regresar a territorio propio.

Ante el embate estadounidense, más tarde China decidió responder con la misma fórmula. Una de las medidas simbólicas fue contra la gigante Apple, prohibiendo el uso de los famosos iPhone entre los millones de empleados al servicio del Estado.

Tardíamente, el gobierno mexicano ha emprendido medidas estimulantes para aprovechar la coyuntura; todavía con posibilidades de beneficiarse. Una de éstas es la publicación reciente de un decreto para atraer las inversiones extranjeras, consistente en apoyos fiscales dirigidos a 10 sectores estratégicos en los que busca competir.

Se trata de productos con alta demanda en los mercados, a saber: semiconductores y componentes electrónicos; equipo eléctrico y electrónico; baterías y motores; farmacéutico e instrumental médico; agroindustria y fertilizantes.

Expertos calculan que el nearshoring podría extenderse unos dos años todavía. Para aprovechar la oportunidad, México requiere avanzar con rapidez en mejorar su infraestructura eléctrica e hidráulica y la de vías para transporte de carga; sobre todo, apegarse a un estado de derecho y restablecer la seguridad pública.

Es deseable y apremiante que todos los liderazgos nacionales confluyan en acuerdos, para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica.

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El problema se complica para el sector productivo y para las autoridades federales ante la incursión de mafias del narcotráfico, que han visto mayor rentabilidad en la importación ilegal, el robo, y la falsificación de marcas.

En un foro reciente de industriales con autoridades y representantes de diversos sectores, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) denunció la creciente magnitud del fenómeno y la impotencia de las autoridades federales ante ese flagelo.

La presidenta del organismo empresarial, Esperanza Ortega, hizo un llamado al público: “Denunciemos, no compremos ese tipo de productos que sabemos que vienen de contrabando, que son piratas y que lastiman a la industria”.

Participantes del foro expusieron que el mercado mexicano de cigarrillos está invadido en un 19% de contrabando, procedente de China y Medio Oriente; lo cual significa pérdidas por 13 mil 500 millones de pesos (mdp) para el erario federal.

En el rubro de bebidas alcohólicas calculan pérdidas de 8,542 mdp para el sector, que afectan un 38% del mercado nacional.

El mencionado foro se realizó en el contexto del “Día nacional de combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor” – el 11 de octubre de cada año-.

Desde hace décadas, México padece los efectos destructivos de esa actividad ilegal, que lo tienen ubicado en el 4o. sitio a nivel mundial y en el primero en Latinoamérica.

Además de las bebidas y cigarrillos, entre los sectores productivos más dañados, están los de ropa y textiles, calzado, productos electrodomésticos y medicamentos.

Representantes de CANACINTRA señalan al Ministerio Público entre los primeros obstáculos en el combate a esos delitos. También exhortan al Sistema de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Guardia Nacional, a mejorar su funcionamiento.

Esto porque desde hace décadas es conocida la corrupción en las aduanas del país, pero el problema persiste, agravado. Por lo mismo, los primeros en responsabilidad, por todos los daños que causan, son los agentes aduanales corruptos; y enseguida los productores y mercaderes de lo ilícito.

El mayor daño a la economía nacional se refleja en cierre de empresas y desempleo.

Se requiere una “reingeniería institucional de fondo” para atacar el delito y combatir la impunidad, plantearon los representantes.

En toda esta problemática, urge un enfoque integral. Es necesario considerar que ante lo caro o inaccesible que puede resultar una gran variedad de productos -sobre todo los utilitarios y las medicinas-; y ante el bajo poder adquisitivo de los estratos medios y pobres, muchos consumidores se ven en la necesidad de acudir a mercados informales.

Se debe emprender un análisis con amplitud de enfoques y con propuestas colaterales para fortalecer el poder adquisitivo; de otra forma, la industria nacional seguirá perdiendo terreno; mientras con la complicidad de autoridades otros se llevan las ganancias.

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Una revisión de las estadísticas aportadas por diversos organismos públicos y no gubernamentales permite ver que sigue sin cumplirse la promesa principal de esta administración, de eliminar “el cáncer de la corrupción”.

Los grandes casos de ese flagelo que le tocó atender a este gobierno (Odebrecht, la Estafa Maestra, Agronitrogenados-Pemex, y Segalmex, principalmente), siguen sin resolverse plenamente, después de años.

De acuerdo con la fuente mencionada, servidores públicos de este sexenio cometieron más de 21 mil delitos por año (en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal); y la tendencia se mantiene.

Como dato comparativo, en el último año de la pasada administración -el 2018, de Enrique Peña Nieto- también bajo una tendencia alcista, se registraron 18,332 delitos, con 21% de aumento respecto de su precedente. Ya en 2019, el primero de esta gestión, con 21,523 delitos, la marca subió un 17% respecto del 2018.

Con información preliminar, para este sexenio, se puede anticipar que los esfuerzos por combatir la corrupción fueron insuficientes.

Un hecho que favoreció tal situación, fue la política de adjudicar los contratos de obra pública mayoritariamente sin licitación, sino por adjudicación directa.

Duele decirlo, pero falta mucho para sacar al país de los peores lugares en corrupción.

En su más reciente clasificación, la de 2022 -presentada en enero del año que concluye- Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana ubicaron a México en el sitio 126 de los más corruptos, entre 180 países evaluados. Esto porque le adjudicaron 31 puntos, de un total de cien, en los que el cero corresponde al peor calificado. Como referencia, en el año citado, Dinamarca obtuvo 90 puntos, seguida por Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos; luego, Noruega con 84 y Suecia con 83; los mejor calificados.

Desde tiempo atrás, México ha figurado como el peor evaluado entre los 38 países de la OCDE y también entre los del G20, que agrupa a las economías más grandes del planeta.

No sobra mencionar que para sus evaluaciones, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, consultan a expertos, analistas de riesgos financieros, académicos y empresarios, con cuyas opiniones elaboran su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), con los resultados ya mencionados.

Cabe recordar que nuestro país había alcanzado 35 puntos en 2014.  En 2019 cayó a 29, y por tercer año consecutivo se mantuvo en los 31 puntos; prácticamente, estancado.

Es universalmente aceptado que la corrupción propicia la desigualdad y que es uno de los obstáculos mayores para el desarrollo social.

En el marco de los preparativos en México para el relevo presidencial de 2024, los precandidatos estarán elaborando, seguramente, sus propuestas para enfrentar este cáncer.

La corrupción ya hizo metástasis y tiene a la nación en espera de soluciones urgentes, no solo de promesas.

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Los datos de los organismos oficiales, Conagua y Sistema Meteorológico Nacional, advierten que las olas de calor histórico de este año puedan empeorar en el siguiente, así como sus efectos en la producción agrícola y ganadera.

La prensa ha ido registrando con puntualidad los impactos más indeseables, como la muerte de ganado y pérdida de cosechas. Esto se podría reflejar en un repunte inflacionario.

Y nadie habla de los efectos en la flora y fauna silvestres; también están padeciendo la escasez de lluvias, y sin forma de ayudarlas. Algunas de tales especies están en peligro de extinción. Cuando ciertos animales se acercan a las rancherías para conseguir algo del preciado líquido, pueden ser capturados y sacrificados por los lugareños o por cazadores furtivos.

Si no ocurren milagros en las próximas semanas y meses, el gobierno tendrá que adoptar medidas extremas para un mejor aprovechamiento del recurso disponible.

Se sabe que la mayoría de las presas y acuíferos conocidos están en registros menores al 50% de su caudal pleno para la temporada. Por la escasa precipitación del ciclo que termina, captaron mucho menos de lo esperado.

Los datos oficiales establecen que el sector agropecuario requiere hasta un 76% del recurso hídrico; el consumo humano demanda un 15%; un 5.0% tiene finalidad industrial y el restante es empleado para generación eléctrica y otros.

Expertos independientes han venido señalando que el gobierno descuidó las inversiones en la infraestructura hidráulica, por privilegiar megaproyectos industriales, comerciales y turísticos.

En el último año del sexenio, es tarde para lamentar las omisiones o errores en la agenda nacional de prioridades. Sin embargo, las inversiones al respecto son indispensables e impostergables.

Se sabe que la coyuntura internacional en lo económico favorece a México, pero requiere abasto suficiente y sostenido del recurso hídrico. La llegada de capitales previstos puede retrasarse o perderse ante un escenario de escasez, presente y futuro.

De acuerdo con los expertos, el país debe emprender megaproyectos rurales y urbanos destinados al aprovechamiento de lluvias y acuíferos, así como para el reciclaje del agua industrial y residual en las comunidades.

En lo doméstico, el gobierno se está tardando en adoptar regulaciones coyunturales contra el desperdicio, no solo punitivas, sino preventivas. Un cambio de enfoque se hace necesario y es viable, consistente en premiar de alguna forma a las comunidades y hogares con uso ejemplar del vital líquido.

Cada vez son más recurrentes las imágenes de poblaciones exigiendo su dotación del indispensable recurso. Ya se han visto reclamos violentos. ¿Por qué esperar a que las protestas se polaricen?

Con la falta de agua no se juega ni se debe lucrar de ninguna forma. En ese punto, las poblaciones afectadas guardan la civilidad para mejores ocasiones.

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Al respecto, The National Press Club, de Washington, pidió a las autoridades encontrar a los criminales y llevarlos ante la justicia.

El medio francés resaltó que según informes de autoridades locales, el periodista fue “víctima colateral” de un ataque dirigido contra un grupo de policías, de los cuales uno falleció y tres resultaron heridos. Agregó que tal asesinato es el quinto en lo que va del año.

Citando como fuente a la ONG Reporters Sans Frontieres, Le Figaro subrayó que desde el año 2000 han sido asesinados 150 periodistas en todo el país, y 28 fueron reportados como desaparecidos: “El 2022 ha sido el año más mortífero contra la prensa en México, al registrarse 13 asesinatos de periodistas”.

El popular medio añadió que, según su fuente mencionada, “la mayoría de tales crímenes ha quedado impune”.

Le Figaro resaltó que la violencia contra la prensa mexicana aumentó en el contexto de la guerra contra las drogas, desatada en 2006. “Con más de 420 mil muertos y 100 mil desaparecidos, desde el lanzamiento de una ofensiva militarista contra los traficantes de drogas, México se convirtió en uno de los países más violentos del mundo”.

Al margen de las motivaciones de este nuevo crimen contra un comunicador y todos los demás, y con independencia de los resultados de las investigaciones judiciales, en este artículo se intenta resaltar que el ambiente de hostilidad contra la prensa mexicana, aunque a veces sea minimizado en el propio país, no pasa desapercibido para los medios internacionales.

Todo asesinato de una persona es reprobable y conlleva muchas implicaciones.

Los crímenes contra periodistas, además, involucran significados mayores.

Las investigaciones judiciales aportan versiones, en la parte legal. Al menos en la mayoría de casos, por lo que sale al público, se puede ver que los crímenes en referencia son ataques contra el trabajo periodístico de informar y denunciar.

Esto significa que también son atentados contra las máximas garantías consagradas en la Constitución federal de México: ni más ni menos que contra la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión.

Los crímenes contra periodistas ocupan una atención especial en las consideraciones de los estados democráticos.

En su oportunidad diversos organismos internacionales han conminado al gobierno mexicano a perfeccionar sus mecanismos de protección a los medios y sus periodistas. La respuesta de gobierno y sociedad debe escalar sobre el empoderamiento de los criminales.

Tal empoderamiento, así como la coyuntura política de polarización nacional, han aumentado los riesgos del trabajo periodístico.

La sociedad mexicana y sus instituciones no deben quedarse solo contando muertos. La prensa cumple una función indiscutible de servicio social. Todo esfuerzo por salvaguardarla es un deber y una obligación.

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El monto presupuestado significa un aumento de un mil 636 mdp, respecto del presente año.

Las dos Cámaras requieren de una complicada red de asistentes para su estratégica operación, que suma varios miles de colaboradores.

También cuentan con dependencias como la fundamental Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es la encargada de supervisar y pedir cuentas a los responsables del ejercicio presupuestal de cada año, así como de denunciar ante otras instancias los manejos irregulares del dinero público.

Para el próximo año, el Senado solicitó un presupuesto de 5,365 mdp, contra 4,728 del presente. Los diputados demandan 9,919 mdp para el 2024; para el presente aprobaron 8,572 mdp. El restante de lo mencionado corresponde a sus organismos dependientes.

Los ingresos mensuales de un senador para el presente año se establecieron en 119 mil 700 pesos; en 2022 fueron 105 mil 600.

La dieta de los diputados este año es de 75 mil 763 pesos netos al mes, un poco más que el año pasado.

Los 628 legisladores, así como los altos mandos administrativos de ambas Cámaras y sus dependencias, gozan de abundantes “prestaciones”, algunas en efectivo y otras en especie. Los directivos de las Cámaras se consienten con sueldos de secretarios o subsecretarios de Estado; algunos ganan incluso más que los mismos legisladores.

Son polémicas las prebendas que se adjudican a sí mismos, solo por mencionar algunas: aguinaldo de 40 días; vales para gasolina y despensa; boletos de avión; seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo con cargo al presupuesto, entre otras.

El marco jurídico mexicano establece que el gasto público debe ser ejercido con eficiencia y racionalidad.

Puesto que los legisladores nadan en la abundancia, quizás por eso -desde hace décadas, al menos- para muchos el llegar a ser diputado o senador se convirtió en una aspiración  en la que invierten muchas negociaciones y dinero. No pocas veces “compran” los boletos premiados. Y no solo es la atractiva “dieta”, sino el fuero que obtienen y la información privilegiada que manejan (que no pocos negocian por fuera). Así que tratan de llegar al cargo, cueste lo que cueste.

Se ha criticado la facilidad que otorga la legislación y la sociedad mexicana en los requisitos para convertirse en “legislador” (no se les pide algún grado académico).

Han fracasado todas las demandas ciudadanas por condicionarles un título universitario mínimo a los aspirantes. Igualmente, han fracasado las exigencias de “austeridad” en el gasto y de moderación en las prerrogativas.

Por ahora, el proyecto de presupuesto está sujeto a discusión y aprobación.

Es justo señalar que en el aspecto de la moderación, el Legislativo no es el primero en los excesos, pero sí es el encargado de poner los límites. Por eso no debiera cesar el reclamo ciudadano de que diputados y senadores pongan el buen ejemplo.

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Eso quedó patente en la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre Drogas, que tuvo lugar en Cali, Colombia, -clausurada el 9 de agosto reciente- con la asistencia del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de su homólogo Gustavo Petro, como anfitrión; además -por la parte mexicana- la canciller Alicia Bárcena.

Ahí el presidente AMLO fue directo contra el fentanilo, que envenena a los estadounidenses: “Aunque no sea un problema nuestro o que no nos afecta de manera directa, tenemos la obligación moral, por humanismo, de participar”.

Hizo un llamado a los países de la región a responder al tráfico de drogas con un nuevo criterio que fortalezca los valores: “No solo aplicar medidas coercitivas”.

Al reconocer el fracaso de la estrategia contra el flagelo, impulsada desde Washington hace 50 años, coincidieron en buscar un nuevo consenso regional, un cambio de paradigma mundial. El enfoque actual arroja un millón de muertos y un trillón de dólares en gasto militar, latinoamericano y caribeño, sin los frutos pretendidos.

La canciller de México precisó que el objetivo de la importante reunión fue construir una reflexión común para llegar a la Cumbre Internacional de Drogas en 2025, con una visión unificada.

El documento final resumió puntos en los que acordaron abordar con enfoque integral el problema mundial de las drogas, “reconociendo las causas estructurales: la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades”, precisó Bárcena.

La Conferencia dio paso a reclamos en los que exigieron más acciones antidrogas a los países consumidores, desde la perspectiva de que la demanda alienta la oferta.

Los congregados plantearon la necesidad de avanzar conjuntamente, en revalorizar el uso ancestral de ciertas plantas; y pidieron privilegiar la perspectiva de salud pública, prevención y descriminalización de los productores tradicionales.

Sea como fuere, el camino hacia el control y reducción sustancial del problema es largo, pero debe acometerse. No debe olvidarse que el impacto social y económico de las drogas se refleja en el potente efecto corruptor y degradante del tráfico y consumo de los estupefacientes, así como en el fuerte aumento de los costos de la atención a la salud. Todo eso sin minimizar los crecientes presupuestos invertidos en vigilancia policial y militar para detección y erradicación de cultivos y decomisos.

Si bien, México no alcanza todavía los niveles de consumo alarmantes, lo cierto es que se registran aumentos sostenidos.

Lo más grave en el país son los más de 165 mil muertos que –hasta el 12 de septiembre del presente sexenio- han dejado los enfrentamientos entre las mafias que se disputan las rutas y los mercados.

Todos los enfoques y estrategias deben complementarse contra este mal de nuestro tiempo. El enemigo es muy grande, por eso las soluciones deben ser audaces y mayores.

Fin

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Las protestas de productores y comercializadores ganaron la atención de los medios de prensa por las violentas reacciones de los cárteles; estos han estado incendiando almacenes y camiones transportistas y disparando contra todo lo que se les cruce en el camino. Todo frente a la ausencia o impotencia de autoridades policiacas y de una Guardia Nacional que se ha visto rebasada.

Aunque los afectados han estado denunciando las extorsiones que padecen, al final acaban cumpliendo las exigencias de los criminales.

El saldo final ha tenido como víctimas principales a los sectores medio y pobre de la población. Estos acaban pagando, con alzas en los precios de básicos, los montos de las extorsiones que sufren los productores y comercializadores; lo cual se suma a los impuestos oficiales que conllevan los productos de la canasta básica, en toda la cadena de siembra, cultivo y comercialización.

Todo eso frente a la inacción de las autoridades, o en connivencia.

Las mafias se han multiplicado y se han venido apoderando de los cultivos más rentables en varias entidades de la federación. Lo mismo en producción agrícola, ganadera, forestal y minera. No escapa nada que puedan exprimir.

Y cómo no poner el grito en el cielo, si los malvivientes exigen a los productores entre tres mil y cinco mil pesos por hectárea, solo como permiso para la siembra. Luego tendrán que pagar otros “derechos”; hasta de tres pesos por kg de producto y 250 a 450 pesos por hectárea cultivada.

El impacto directo en los precios de la canasta básica alcanza los dos dígitos, y hasta 100% de alzas en los precios, como en los casos de limón y aguacate.  Para el primero de los mencionados, el costo al consumidor final brincó de 25 pesos por kg a más de 60 pesos; y para el segundo, de 35 pesos a más de 80.

Los organismos como Banxico e INEGI, encargados de las mediciones, sirven de poco para el control de precios; siempre van a la zaga en los registros de las alzas y obtienen promedios engañosos al mezclar los máximos con los mínimos.

Nada de lo dicho es un problema reciente. Desde hace al menos una veintena de años los cárteles de la droga comenzaron a diversificar sus actividades criminales.

Los gobernantes se mantuvieron indiferentes o en franca complicidad, a cambio de jugosos sobornos con cargo a los productores, comercializadores y consumidores.

Hoy el problema es nacional y de urgente solución.

Debe plantearse desde la sociedad civil una exigencia a las fuerzas políticas para que mediante un pacto de unidad el país recupere el estado de derecho.

Solo así se pondría fin a la actuación criminal inflacionaria, una mezcla letal que provoca sus mayores víctimas entre los más pobres de la sociedad.

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Cada año, el temor de quedar fuera lleva a los y las estudiantes y a sus padres de familia a estados de alta tensión y a una profunda depresión cuando ven los resultados y quedan fuera.

Para muchos excluidos es el fin de un sueño. Tendrán que buscar opciones o encontrarle otro giro a sus vidas; y no es fácil, ni para los jóvenes ni para sus padres.

Una parte importante de los interesados en convertirse en “pumas” también se inscribe a los exámenes para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las otras dos instituciones más demandadas.

Hay que señalar que una mayoría de estudiantes elige a las tres mencionadas, por su “prestigio” y desde luego por su condición de gratuidad o de bajo costo. Respecto de las privadas, aunque hay de todo, una limitante para muchos aspirantes son sus elevadas colegiaturas.

La educación superior en México está plagada de mitos: que si unas son mejores o gratuitas y que otras son más caras; o que tienen instalaciones atractivas y planes de estudio modernos. Sin duda, la institución académica es una plataforma muy valiosa, pero lo más importante lo ponen las y los estudiantes: empeño y ganas de triunfar.

Hay que considerar que México suma alrededor de cinco millones de estudiantes del nivel superior, público y privado. El país tiene un sistema muy rico de opciones, con miles de instituciones públicas y privadas, en todas las ramas del conocimiento.

Desde hace muchos años, alrededor de 200 mil estudiantes quedan fuera de las mencionadas instituciones. El mismo problema se da en las entidades federativas.

El caso de los rechazados generó un Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES). Ellos exigen que desaparezcan los exámenes estandarizados como métodos de admisión, más presupuesto y más universidades.

Un tanto para responder a ese reclamo este gobierno estableció el sistema de “Universidades del Bienestar Benito Juárez”. Sin embargo, el proyecto adolece de requerimientos necesarios para ser competitivo y de alta calidad.

La realidad es que no hacen falta más instituciones, sino mejor personal docente, equipamiento de vanguardia, más becas, nuevos planes de estudio y mejor orientación vocacional.

No obstante, persiste la actitud de los gobernantes de preocuparse por los estudiantes y por la educación superior de calidad solo en el discurso; en los hechos politizan la enseñanza y reducen los presupuestos.

Los gobiernos neoliberales dejaron de mejorar la educación pública, por privilegiar la privada. Este gobierno de alternancia, “antineoliberal”, en los hechos prosigue la política empobrecedora de la educación superior.

Parece que los funcionarios no entienden los enormes desafíos presentes y futuros del país y el definitorio papel de los jóvenes.

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En 2022 solo el 17% de los hogares del país pudo contar con un servicio eficiente, suficiente y permanente. El resto enfrentó distintos niveles de escasez, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud.

Como parte de la iniquidad en el acceso de la población al recurso hídrico-, un 16% de viviendas no ha podido ser conectado a la red de suministro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra 653 acuíferos, pero han sido sobreexplotados. Especialistas estiman que están contaminados el 70% de ríos, lagos y lagunas.

Lo cierto es que en algunas regiones del país llueve a raudales, sobre todo en temporada. El colmo es que existan muchos asentamientos humanos con carencia de este vital recurso. Lo que esto muestra es el desinterés histórico o incompetencia de las autoridades para aprovechar las precipitaciones pluviales frecuentes y a veces intensas.

No sobra recordar que los primeros pobladores de la hoy gran capital federal se establecieron sobre una región lacustre, como la encontraron los conquistadores españoles hace 500 años.

Muy lejos de aquellos días, hoy estamos ante un ecocidio multifactorial, que lamentablemente continúa imparable.

Todo lo cual se está reflejando en la reducción de precipitaciones pluviales y el achicamiento de los depósitos fluviales (arroyos y ríos, lagos y lagunas).

Una mirada fugaz a los datos revela falta de sensibilidad e insensatez de los usuarios domésticos e industriales; sobre todo, corrupción e incompetencia de autoridades. Hoy cada mexicano dispone de 3,200 metros cúbicos de agua potable para su consumo anual, pero en el año 1960 le correspondían diez mil m3.

En la capital federal se pierde el 40% de agua potable en fugas de la red urbana; el número aumento 71%, al pasar de 8,907 reportes en el año 2020 a 15 mil 239 en 2021.

A todo esto debe añadirse el alto desperdicio en los hogares por descuidos y malos hábitos.

También es creciente el robo en tomas clandestinas; las autoridades de CdMx detectaron 213 en 2022.

Especialistas de la ONU han advertido que México será uno de los 10 países con mayor escasez por rápida urbanización y cambio climático. Esto perjudicará a unos 75 millones de habitantes en los próximos años.

Desde un enfoque preventivo, no sobra insistir en un llamado a las autoridades a corregir la errática política que desde hace décadas ha prevalecido en el país en la administración del recurso hídrico, y parece no tener fin.

Es urgente que el gobierno ponga un alto a la desaparición de áreas verdes a manos de “desarrolladores” urbanos. Asimismo, las autoridades municipales, estatales y federales deben corregir su desinterés por aprovechar el agua de lluvia. No hay futuro, sin una cultura de aprecio y uso racional del vital líquido.

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