El PIB revela el efecto de las estrategias de desarrollo nacional y sus principales puntos comparativos son el crecimiento anual de la masa económicamente activa, la tasa de creación de empleo y el porcentaje de aumento de la población. Una economía tiene niveles aceptables de desarrollo si el PIB está por arriba de estos referenciales, pero revela crisis social si es menor a las demandas de bienestar.

La política de desarrollo fue diseñada al finalizar 2018 en función de dos variables: los objetivos de política social y de infraestructura del gobierno entrante como centrales y la ausencia de un mapa de riesgos socioeconómicos que aparecieron como pesadilla en el 2020 con el COVID-19.

Las cifras de actividad económica difundidas en los últimos días revelan una disminución del crecimiento precario en el último trimestre del año pasado, con datos adicionales de falta de estímulos productivos para dinamizar la producción. El PIB oficial de entre 5.8%-6.8% para 2021 definidos en los criterios generales de política económica será abajo del referente menor; y la meta para 2022 de 3.6%-4.6% se situará en la vertiente baja.

Los últimos reportes de expectativas del Banco de México señalan que el PIB promedio anual en los próximos diez años de 2022 a 2032 será de 2.2%, exactamente igual al PIB promedio anual del ciclo neoliberal 1983-2018, y solo un tercio del 6% de largo periodo populista 1934-1982.

Las bajas expectativas del PIB solo revelan la ausencia de una estrategia integral de desarrollo para el largo plazo, la inexistencia de una estrategia de enfrentamiento de la recesión provocada por la pandemia y la falta de una estrategia de reactivación productiva pospandémica. Inclusive, los criterios generales de política económica para 2022 hablaron solo de un restablecimiento del ritmo productivo, es decir, de la reanudación automática de la actividad económica y no de un modelo programático de reactivación por sectores multiplicadores de la actividad económica.

El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aparece más preocupado por asentar su poder político en la burocracia y no por retomar las funciones centrales de esa dependencia para redefinir la estrategia de desarrollo nacional pandémica-pospandémica. En términos promedio y sin ninguna política de reactivación el PIB promedio del sexenio actual será de 0%, igual al logrado en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid 1983-1988.

El crecimiento 0 implicará un retraso en el desarrollo económico de más de dos décadas porque la reanudación del crecimiento se dará con la acumulación de desempleo, nuevos demandantes de empleo y deterioro de la calidad de vida por seis años sin crecimiento económico: la población económicamente activa crece 2% promedio anual, la población aumenta casi 2% y el 80% de la población vive con una a cinco restricciones sociales.

El referente económico ha sido percibido en Palacio Nacional y el presidente de la república decidió dedicar la mañanera de cada primer jueves de mes para hacer un seguimiento de la economía. Esta decisión reveló la preocupación gubernamental sobre el efecto social que están causando las cifras del estancamiento económico.

El otro dato que revela la inquietud gubernamental en materia de PIB y desarrollo se localiza en las reuniones urgentes en Palacio Nacional con empresarios nacionales para analizar las decisiones apremiantes que conduzcan a la reactivación inducida y conducida –no solo restablecida– de la actividad económica. Hasta finalizar el año 2021, ha habido reuniones y compromisos gobierno-empresarios para detonar la reactivación vial infraestructura, pero los resultados concretos han sido nulos.

La sociedad parece estar conviviendo con los estragos de la seguridad y de la pandemia, pero sus principales preocupaciones se reducen al empleo y los salarios y, de manera reciente, al repunte inflacionario que ha golpeado en el centro de la canasta básica y ha afectado el consumo ya deteriorado por la baja actividad económica.

La nueva señal presidencial esta dada: la prioridad será la economía y sin duda que podría ser clave para la sucesión presidencial del 2024.

Política para dummies: La política es economía en estado puro.

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Como cada inicio de año, la definición de la agenda por desarrollar ayuda un poco a acomodar las piezas del escenario gubernamental. El gran tema que hará girar a su alrededor todos los asuntos pendientes será la gestión del proceso de sucesión presidencial por el cual el presidente de la república definirá al candidato de Morena, sólo que ahora con el agregado de que el candidato escogido gane la presidencia y las mayorías absolutas en las dos cámaras federales.

Como ha ocurrido desde la institucionalización de la sucesión presidencial desde 1884, el presidente saliente de la república se moverá dentro de tres vértices de la continuidad: la personal, la de grupo y la de proyecto. Como no hay modelo político ideal e inamovible, una de las leyes naturales del sistema/régimen/estado priísta que ha funcionado como estructura de poder aún antes de haber fundado el PRI establece que el poder presidencial es intransferible, único y temporal, aún en circunstancias de sucesiones tersas y amigables.

Obregón y Elías Calles sobretensaron la capacidad de ejercicio del poder después de su periodo constitucional y terminaron mal su aventura caciquil. El caso de Salinas de Gortari-Zedillo mostró la continuidad absoluta de grupo y proyecto, pero las circunstancias de Lomas Taurinas condujeron a la ruptura de la interpretación del “beneficiario del crimen”.

Todos los presidentes salientes han jurado y perjurado que gobernaran hasta el último día de su sexenio y ni un minuto más, pero todos han ejercido de una u otra manera una especie de supervisión extransexenal para vigilar la continuidad de su proyecto. El problema del presidente López Obrador radica en el hecho de que el proyecto de Cuarta Transformación no existe como programa estructural y se ha quedado en decisiones coyunturales.

El año de 2022 será clave para lo que debería considerarse como la gran propuesta del presidente López Obrador: la reconstrucción de la preponderancia económica, política y social del Estado ante un proceso creciente de participación de las sociedades civil y empresarial en temas de gobernabilidad y gobernanza. Pero el problema central de este proyecto se encuentra en una política económica con restricciones presupuestales de ingreso y gasto y la imposibilidad de que el Estado pueda cubrir subsidios suficientes a la mitad de la población que padece restricciones sociales.

Los otros dos temas centrales del 2022 estarán en la reconstrucción imperial de Estados Unidos y la colocación de México bajo sus intereses de la seguridad nacional americana y el PIB bajo y desordenado que estaría condenando al sexenio a una tasa promedio de crecimiento anual de 0% y de apenas 2% en los próximos diez años. La pandemia destruyó las posibilidades de modernización productiva de México para aumentar los beneficios del Tratado de Comercio Libre, con el problema adicional de que la reconstrucción del poder económico del Estado requiere de inversiones que no se tienen, de una inexistente planta productiva estatal y de un dinamismo bajo del mercado interno.

A favor de la estrategia gubernamental existe un escenario político favorable a la reconstrucción del centralismo presidencialista: la oposición tiene bajas tendencias electorales y unida podría construir una mayoría, pero las definiciones particulares de cada partido han impedido una alianza de proyecto nacional y solo se han beneficiado de la suma de votos en elecciones legislativas.

En el aspecto político, las elecciones de gobernador de 2022 estarían beneficiando a Morena en cinco estados y la fragmentación del PAN en Aguascalientes estaría ayudando al partido del presidente. Sin embargo, la lucha política no se dará en la zona territorial de los gobiernos estatales, sino en el Congreso federal donde Morena tiene mayoría absoluta de diputados solo con la suma de sus aliados verdes y petistas y esa coalición es primera minoría en el Senado.

En este contexto, la agenda de la sucesión presidencial tiene dos áreas de prioridad política: la conquista de tres gobiernos estatales priístas, entre ellos el del Estado de México en 2023, y la meta definida de ganar más del 50% en diputaciones y senadurías federales en 2024. De ahí que la variable del perfil personal del candidato presidencial morenista vaya de la mano de las candidaturas legislativas asociadas.

Por los temas de la agenda nacional, el 2022 será casi un año de final de sexenio.

Política para dummies: La política es la disputa por el poder como la dominación del otro.

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