Pequeños contratistas denunciarían a ICA por adeudos millonarios 

Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

“Modus operandi” de ICA

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

Temor a represalias

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA y preparan nuevas acciones

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Deuda millonaria de Pemex: impacto en el empleo

El recorte de personal, derivado del creciente pasivo de la petrolera, ha afectado principalmente a los estados de Tabasco y Campeche. De acuerdo con el oficio DCAS-SCH-CDHO-SRIDHSE-1655-2024, firmado en diciembre de 2024 por Víctor Hugo Hoyos Mendoza, subgerente Regional de Integración y Desarrollo Humano Sureste, la situación es crítica.

Afectaciones en Tabasco y Campeche

En Tabasco, se eliminarán 466 plazas, de las cuales 323 corresponden a la región de Comalcalco en el área de PEP. En Ciudad del Carmen, Campeche, se perderán 215 plazas, 193 de ellas relacionadas con actividades de perforación.

Además, el impacto no se limita a estas áreas, ya que otras divisiones de PEP, PLOG y PC también sufrirán reducciones significativas. Las plazas temporales de la Refinería (SPI) aún no están contempladas en este recorte. Sin embargo, se anticipan más ajustes en Pemex Refinación en los próximos días.

El impago de la deuda de Pemex con proveedores y contratistas, que asciende a 20 mil 500 millones de dólares al cierre del último trimestre de 2024, ha llevado a manifestaciones de empresarios y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, Ciudad de México y Campeche, quienes exigen el pago de sus adeudos.

Ante la creciente presión social y empresarial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado un plan para cubrir la totalidad de la deuda millonaria de Pemex. Buscando con ello evitar mayores afectaciones a la industria petrolera y mitigar el impacto en la economía de los estados afectados.

Consecuencias de la deuda millonaria de Pemex

El panorama financiero de Pemex sigue siendo un desafío constante para la administración federal. La combinación de una deuda creciente, la disminución de la producción y los recortes de personal plantea un futuro incierto para la empresa estatal y el país.

Expertos sugieren que para enfrentar la crisis es necesario:

• Implementar estrategias de refinanciamiento efectivas.
• Incrementar la eficiencia operativa en todas las áreas de la empresa.
• Establecer acuerdos con proveedores para garantizar el cumplimiento de pagos.

La situación actual de la deuda millonaria de Pemex representa un reto significativo para la economía nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la empresa y su papel en la industria energética global.

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Durante su conferencia matutina del 9 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la problemática, luego de ser cuestionada por la reportera Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx, donde señaló que cualquier saldo pendiente será atendido conforme a los procedimientos administrativos.

Entre las empresas afectadas se encuentran ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos y Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estas compañías han enfrentado despidos, endeudamiento y otras dificultades financieras debido al retraso en los pagos por servicios prestados a ICA y sus subsidiarias, que incluyen Constructora El Cajón, Hidroeléctrica Yesca y Península Maquinaria y Equipo Pesado, entre otras.

La reportera planteó directamente a Sheinbaum si dependencias como Fonatur, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables de contratar a ICA, podrían intervenir para garantizar los pagos y evitar que cientos de trabajadores pierdan sus fuentes de ingreso.

Sheinbaum aseguró que no estaba al tanto de los adeudos específicos, pero destacó que cualquier retraso en los pagos probablemente responde a procedimientos administrativos, como la verificación de estimaciones de obra. “Si tiene adeudos, estoy segura de que los van a saldar. Es un proceso largo que involucra supervisión y validación, pero se atenderá a las empresas afectadas”, afirmó.

Las empresas perjudicadas han solicitado la intervención directa del gobierno para resolver esta situación, ya que consideran que su participación fue clave para la culminación de proyectos estratégicos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que ni ICA ni filiales han respondido a los intentos de conciliación.

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El cierre más significativo ocurrió en la México-Pachuca, donde a partir de las 6:30 horas quedó suspendida la circulación a la altura de la escultura El Vigilante, dirección Ciudad de México. De forma simultánea, la México-Querétaro registró interrupciones en el kilómetro 43+000 y en la caseta de Tepotzotlán, generando congestionamientos en ambas vialidades.

La protesta fue encabezada por integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas Unidos, quienes señalaron que los adeudos están vinculados a trabajos realizados en el Tramo 7 del Tren Maya, proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con los manifestantes, algunos transportistas acumulan deudas superiores a los 100,000 pesos y llevan más de dos meses esperando los pagos correspondientes.

A la par de estos bloqueos, grupos de transportistas en el sureste del país realizaron cierres en la carretera Nicolás Bravo-Xpujil, afectando localidades como Xpujil y El Centenario, en Campeche. En estas regiones, maquinaria pesada y camiones fueron colocados para impedir el paso vehicular. Los inconformes no descartaron tomar acciones más drásticas, como impedir la inauguración del Tren Maya, programada para el próximo domingo.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante las protestas fue una lona donde los trabajadores pidieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y del General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena. El mensaje hacía referencia a adeudos en el Tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche, una obra a cargo de Grupo Carso y FCC.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el conflicto se origina en los adeudos de las empresas contratistas hacia sus proveedores y aseguró que ya se está trabajando en una solución.

“Se hizo ya una revisión, de cuál era el monto que todavía quedaba pendiente para las empresas, lo revisó la hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez les puedan pagar a sus transportistas de material… lo que se debe, se tiene que pagar”, declaró.

Mientras tanto, la presión sobre otras constructoras sigue aumentando. Proveedores de la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados) también denuncian adeudos millonarios por trabajos realizados en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las empresas afectadas, entre las que se encuentran KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos S.A. de C.V., ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez, conformaron el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales” y anunciaron que se trasladarán a la Ciudad de México para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los afectados reportan que la falta de pagos ha impactado gravemente sus operaciones, ocasionando despidos, venta de activos y dificultades financieras en las empresas subcontratadas, mientras esperan una resolución a los compromisos pendientes.

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