De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados Federal; el estado de Campeche recibiría 20 mil 730.4 millones de pesos de gasto federalizado. Esto, sin contar los 488.9 millones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del Ramo 23.

Sin embargo, Sansores San Román y el Congreso a su servicio fijan en 20 mil 199 millones de pesos los recursos federales en la Ley estatal de Ingresos para 2022; incluyen los 488.9 millones del Fondo del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

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Layda Sansores excede en gastos federalizados

En el documento “Recursos identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022” para Campeche; el CEFP revela que los 20 mil 730.4 millones del gasto federalizado es superior en 679.8 millones de pesos a lo aprobado para el 2021. Asimismo, en términos reales representa una baja del 0.3 por ciento.

Detalla que por el concepto de Ramo 28 Participaciones Federales; la entidad campechana tiene programados nueve mil 315 millones de pesos, 153.1 millones más que el año pasado.

Por el Ramo 33 Aportaciones Federales, nueve mil 683.3 millones, 372.4 millones más, y por Convenios de Descentralización, mil 732.1 millones, 154.2 millones más.

A nivel local, la Ley de Ingresos estatal contempla participaciones federales por nueve mil 12 millones de pesos más 144 millones de incentivos fiscales, es decir, nueve mil 156 millones; nueve mil 464 millones de pesos por aportaciones federales y, por convenios de descentralización, mil 89 millones de pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala que este intencional “error de planeación presupuestal”; propicia que los ingresos excedentes puedan ser gastados de forma discrecional. Pues estos son cheques en blanco, porque no están debidamente regulados, ni vigilados por el Congreso del Estado.

En su Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021; el Imco insiste en que “durante años, los estados han gastado por encima de lo aprobado en sus presupuestos, lo que implica un error de planeación presupuestal”. También indica:

“Las finanzas públicas estatales tienen grandes deficiencias en su planeación presupuestal. Esto sucede, ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento”.

Con información de: Página66

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Se encuentran irregularidades en las nóminas en la Secretaría de Educación (SEDUC); así como tampoco se explican las anomalías en los gobiernos de Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF); presenta tres denuncias, así como la existencia de pago a comisionados que involucran a trabajadores sindicales encabezados por Moisés Mas Cab.

En promedio el gasto en educación al año es de siete mil 987 millones de pesos, lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto del estado; en este sentido, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), revela una serie de irregularidades equivalentes al 14.9% de la nómina educativa.

Asimismo, el fondo de aportaciones para nómina educativa es parte del gasto federal; en promedio, la entidad recibe cuatro mil 95 millones de pesos, esos recursos financian a ocho mil maestros. También del personal administrativo y operativo que atiende a 165 mil 284 alumnos distribuidos en mil 594 escuelas de educación básica.

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25 millones de pesos en desvío de recursos

Además, la administración saliente no esclarece las tres denuncias por mas de 20 millones de pesos establecidas por la ASF contra el estado; mismas que corresponden a los años 2008 y 2015.

Las principales observaciones presentadas en el informa es el evidente gasto de 20 millones 147 mil 400 pesos por concepto de compensaciones salariales a trabajadores desconocidos.

También aparece el monto de un millón 765 mil 900 pesos en remuneración de 57 servidores públicos que contaron con algún tipo de licencia sin goce de sueldo; pero además se detectan también 727 mil 10 pesos otorgados a cinco empleados que buscaron un cargo popular.

Por tanto, Cemabe asegura que en la entidad se mejora el uso de los recursos en materia educativa; sin embargo, aún se identifican irregularidades en 38 comisionados sindicales que reciben 2.7 millones de pesos entre 2016 y 2017.

Incluso, la misma ASF detalla que en 2010 ocurre algo similar cuando se comisionan de manera irregular a 90 sindicalizados que reciben en total, 25 millones 974 mil 900 pesos.

Para los años 2016 y 2017, el Gobernador era Alejandro Moreno Cárdenas, el secretario de educación, Ricardo Miguel Medina Farfán, y los trabajadores los encabezaba Moisés Mas Cab.

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