Encaran grandes dificultades para acceder a la comida, atención médica y recursos financieros, advierte la ONU.

La precaria situación en la que se encuentran las afganas desde hace largo tiempo empeora significativamente con la vuelta al poder de los talibanes a mediados de agosto; pues, las priva de acceder a los empleos mejor remunerados y golpea con gran fuerza a los hogares donde las mujeres son los sostenes de la familia.

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Familias afganas venden a sus bebés

Este difícil contexto deriva en una amenaza de hambruna en el país que conlleva más atrocidades hacia las niñas de edad; con numerosos padres que se ven empujados a vender a sus hijas para poder proveer de alimentos a sus familias.

En las últimas semanas se registran varios casos de venta de menores de edad destinadas a convertirse en esposas incluso antes de llegar a la pubertad.

Los matrimonios infantiles son comunes en Afganistán y tienen graves repercusiones en las niñas; afectando a su salud y muy a menudo convirtiéndolas en víctimas de maltrato físico y abuso sexual, denuncia un estudio.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) informa sobre ventas de niñas de tan solo 20 días de edad por una dote.

Según las estimaciones del organismo, el 28 % de las mujeres afganas de entre 15 y 49 años se casan a una edad menor a los 18 años.

Incluso antes de que los talibanes retomen el poder en el país; los socios de la Unicef reportan sobre 183 matrimonios infantiles durante los años 2018 y 2019 solo en dos provincias afganas.

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Matrimonio con pedófilos

Estos matrimonios forzados mantienen a las niñas atrapadas en la pobreza, ya que les impiden tener posibilidad de formarse ni de obtener un trabajo remunerado; convirtiéndose en víctimas de la denominada “esclavitud contemporánea”.

Este problema se agrava cuando los talibanes toman el control de Kabul y las nuevas autoridades vetan a las chicas el acceso a la educación secundaria.

En este contexto de pobreza extrema, que empeora a consecuencia de la pandemia del coronavirus, casi 9 millones de personas en el país están a punto de sufrir de inanición.

Actualmente, unos 18,8 millones de afganos tienen dificultades para conseguir comida a diario y esta cifra puede aumentar hasta los 23 millones para finales del año; según las previsiones de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La gravedad de la situación empuja a gobiernos y organizaciones internacionales a encarar el problema y programar el envío de ayuda humanitaria a pesar de las sanciones impuestas contra los talibanes.

Recientemente, Alemania y Países Bajos anuncian su voluntad de prestar asistencia al país asiático; cuyas autoridades de facto se comprometen a garantizar un seguro y pleno acceso del personal humanitario a la población que necesita ayuda.

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La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) castiga a cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso que atente contra el derecho al voto.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

 

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¿Qué sucede si te encuentran culpable por la compra y venta de votos?

En caso de comprobarse la culpabilidad, la persona señalada deberá presentarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y éste determinará la sanción a la que se hará acreedora.

En el Código Penal Federal, en su Título Vigesimocuarto referente a Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, señala en su artículo 403 que se impondrán de 10 a 100 días multa (salario mínimo) y prisión de seis meses a tres años a quien, de acuerdo con la fracción VI de éste, “solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”. O bien, que “obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato” como señala la fracción XI de dicho artículo.  Además existen sanciones de hasta 500 días multa para ministros de cultos religiosos que “en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto”.

El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su fracción VII, estipula que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

“Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

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